Por Alejandro M. Pagés Tuñón
Continuar en la negación de una ambiciosa agenda de economía verde para México, agravará los efectos de las crisis que ya enfrentamos.
La política climática de Biden profundizará las diferencias para alcanzar una solución de las controversias energéticas del T-Mec.
En una jugada política que impactará las elecciones del Congreso de los Estados Unidos de este año, muy probablemente en favor de los demócratas, el presidente Biden logró, a base de negociación y paciencia, la aprobación de un paquete legislativo que incluye una ley de infraestructura y empleos bipartidista (LIE), una ley de CHIPS y ciencia (CHIPS), así como la ley de reducción de la inflación (LRI), que potencialmente representan la mayor inversión en investigación científica y desarrollo tecnológico de este país en décadas y un gasto climático histórico, que aprovechará el régimen de inversión de las cuentas individuales de retiro de ese país. Con esto se pone a la vanguardia en un conjunto de transiciones tecnológicas que transformarán su economía hacia un futuro de energías limpias.
Las herramientas para elegir un futuro energético que ofrezca un aire más limpio, mejores empleos, innovación más rápida y soluciones tecnológicas están en marcha, con una política industrial que fomenta la producción nacional en las cadenas críticas de suministro de energía limpia. Su impacto esperado logrará reducir las emisiones de los Estados Unidos en alrededor del 40 por ciento, en comparación con los niveles de 2005, y agregarán $ 3.5 billones de dólares en nuevas inversiones durante la próxima década. El gasto federal real anual en clima y energía limpia durante los próximos diez años podrá alcanzar al menos 3.5 veces el nivel del período de 2009 a 2017 y llegar a ser 15 veces superior a los niveles de los años 90 a los 2000. Redirigir el presupuesto federal de todas las agencias es una clara señal bajo la premisa: “todo el gobierno del presidente Biden para afrontar la crisis climática”, lo que implicará quintuplicar el gasto federal anual para superar los 110 mil millones de dólares.
Este gasto sin precedentes soporta una visión estratégica transformadora, la Ley CHIPS y Ciencia será el “cerebro” dedicado a investigación y desarrollo de vanguardia para acelerar la innovación en las tecnologías emergentes de energía limpia y se centra en la ayuda federal para fomentar la construcción de instalaciones de fabricación de microprocesadores en los Estados Unidos. El objetivo es reducir la dependencia de la industria de ese país a las cadenas de suministro de chips en el extranjero (particularmente China). La LIE es la “columna vertebral” en innovación aplicada, proporcionando gran parte de la infraestructura que estas tecnologías necesitan, apoyando la conectividad y las cadenas de suministro para escalar a gran velocidad. La LRI proporciona una gama de créditos fiscales nuevos y ampliados, entre muchas otras disposiciones relacionadas con el clima, por lo que será el “motor” para impulsar el crecimiento de la inversión, a través de medidas de atracción de la demanda que proporcionan la seguridad para que estas tecnologías alcancen la madurez que se requiere para ser adoptadas por el mercado.
Juntos, estos tres proyectos de ley abren el camino a una política de innovación energética y una política industrial en favor de la sostenibilidad y el crecimiento verde de la economía y del empleo. Para eliminar las emisiones en todos los sectores y alcanzar el cero neto, por fin se están alineando los fondos federales, con el fin de que los efectos del cambio climático se reviertan mediante el uso de tecnologías más baratas, abundantes y sostenibles.
La cadena de innovación de energía limpia ahora tiene un conjunto de organizaciones dedicadas a navegar el complejo proceso de transición. Los ejemplos del éxito que se espera han sido: Tesla que durante la administración Obama recibió financiamiento público para convertirse en una de las compañías de automóviles más valiosas del mundo; así como las garantías de préstamos a los primeros cinco proyectos solares a escala de servicios públicos en el país, ayudando a lanzar una nueva industria multimillonaria.
Esta legislación se describe como un marco de “competitividad estratégica de la industria”, por su papel crítico en la provisión de energía limpia y, en particular, por la importancia en la fabricación localizada y las cadenas de suministro globales seguras. Es decir, provee una solución a la reciente volatilidad de la cadena de suministro, que está imponiendo una carga inflacionaria a escala mundial y ha puesto de relieve los riesgos de la producción “justo a tiempo” y la deslocalización de la fabricación a unos pocos países selectos de bajo costo. En otras palabras, busca fortalecer a la industria de los Estados Unidos frente a China en la provisión de suministros de energía solar y baterías, para reducir su dependencia y buscar la reubicación del ecosistema industrial (nearshoring) en circuitos más cercanos. Un ejemplo de lo que se pretende es el Plan nacional para baterías de litio que tiene 5 objetivos fundamentales: asegurar el acceso a materias primas y refinadas y materiales alternativos, apoyar el crecimiento del procesamiento en su país para satisfacer la demanda de manufactura de baterías, estimular su sector de manufacturas de electrodos, celdas y empaque, permitir el reúso y reciclado a escala, así como una cadena completa y competitiva de valor en su país y, finalmente, mantener un liderazgo tecnológico de avanzada en baterías al apoyar decididamente la I&D, la educación tecnológica y el desarrollo de la fuerza laboral. Cada uno de estos cinco objetivos y cada segmento principal de la cadena de suministro de baterías se beneficia de una o más disposiciones contenidas en estos proyectos de ley. Es esta coordinación vertical la que indica la política industrial en acción y es el principal diferenciador de las políticas económicas de los últimos cuarenta años. Todo esto acompañado de créditos fiscales de producción de fabricación de baterías, eliminación del límite a la capacidad para prestar a los fabricantes y créditos del lado de la demanda para compras de vehículos eléctricos, entre otras medidas no menos importantes.
Frente a esta gigantesca apuesta por el futuro sostenible y competitivo, la capacidad de México de aprovechar esta ola de transformación innovadora se está diluyendo a pasos agigantados.
México podría y debería aprovechar las ventajas competitivas que ofrece nuestra vecindad con los Estados Unidos e impulsar una mayor integración de Norteamérica, a través del T-Mec, para capitalizar esta política industrial verde, las inversiones multimillonarias que ofrece y la carrera de innovación que promete para alcanzar un crecimiento verde con millones de empleos para los mexicanos. Sin embargo, este gobierno se ha esmerado en tratar de imponer una visión retrógrada y anticlimática.
En la cumbre de julio pasado, después de varias visitas de alto nivel a palacio nacional, el presidente de México perdió la oportunidad de lograr un buen acuerdo con Biden, solo para acaparar el tiempo de la reunión en un soliloquio improductivo para el futuro de los mexicanos. A partir de ese fracaso de la política exterior y comercial de México con su principal socio, la administración Biden dio el banderazo para proteger los intereses de las empresas que invirtieron en México en el marco del T-Mec, en particular en el sector de energías. Se inició el procedimiento de consultas previo a un arbitraje internacional y, en su caso, la imposición de sanciones. El fondo de la controversia no es el derecho soberano del país, sino la violación de los acuerdos sobre trato no discriminatorio a las empresas extranjeras.
Lo que está en juego en este nuevo escenario, no solo es el T-Mec, sino el futuro del país. Si persiste la visión de una política energética basada en combustibles fósiles y continúa la negación de las tecnologías energéticas limpias, se está sentenciando no solo el potencial de la producción y los servicios, sino la capacidad de la economía de adaptase, ser competitiva y poder mantener el nivel de integración de sus cadenas productivas con las industrias de Norteamérica para las próximas décadas. Además, se agravarán las consecuencias de las crisis ambientales y climáticas, con el perjuicio a las condiciones de vida sociales y humanas para toda la población del país.
Por desgracia, los responsables de las carteras de energía y de electricidad no ven nada nuevo bajo el sol. La política energética de México en este sexenio se limita a gastar más en refinerías a costos exorbitantes; endeudarse tratando de producir más petróleo, sin éxito; generar electricidad con más carbón en plantas obsoletas y con menos gas natural, y reiniciar hidroeléctricas que compiten con las comunidades por el vital líquido. Y más recientemente, como una ocurrencia más, decretar la creación de un organismo público para la explotación del litio (material para las baterías de vehículos eléctricos), sin una visión estratégica, que con suerte solo lograra vender materias primas.
Por el lado de las energías renovables, CONACYT ha dejado de apoyar la innovación y las nuevas tecnologías y la secretaría de energía ha venido bloqueando la participación privada y las inversiones en nuevos proyectos eólicos y solares.
La tendencia mundial se dirige a dejar de usar vehículos de combustión y, además, gracias a los enormes subsidios que Estados Unidos otorgará para la compra de vehículos eléctricos en los próximos años, esto será muy rápido. Así, toda la industria energética de Estados Unidos se beneficiará de su política industrial verde. Por ello, si la industria de automóviles en México merma su capacidad de integración, las pérdidas para la industria, el empleo y la economía serán exorbitantes. Si México no participa, el nivel de rezago y obsolescencia tecnológica que enfrentaremos será monumental, puesto que solo veremos pasar una de las mayores y más aceleradas transiciones tecnológicas de la historia industrial del planeta.
Si el mensaje del 16 de septiembre exalta el nacionalismo y con ello evita lograr un acuerdo que resuelva las diferencias en los aspectos energéticos del T-Mec, el país se hundirá en un ciclo interminable de crisis concatenadas. Lo que se necesita con urgencia es una poderosa agenda de economía verde que de impulso al crecimiento y al empleo, asociada al desarrollo creativo de tecnologías limpias sin combustibles fósiles. México requiere un triple golpe climático: innovación, inversión y política industrial verde.
Es autor del libro: Capitalismo Natural y Economía Circular: cómo restaurar el planeta al diseñar, materiales, negocios y políticas sustentables; es consultor en políticas públicas, economía y regulación. Twitter: @APagesT FB y LinkedIn: Alejandro M Pagés Tuñón