Aludo a un tema de actualidad: la violencia: aquella que, de manera generalizada, se presenta en el territorio nacional; la atribuible a la delincuencia organizada como una variante de la guerra de guerrillas o de guerra asimétrica. Tiene particularidades.
Esa forma de violencia, en menor o mayor grado, comprende todo el territorio nacional. Ante una comunidad internacional vigilante, es difícil y hasta peligroso que las autoridades, sobre todo las federales, reconozcan esa circunstancia; éstas, por disposición de la Ley, poseen el monopolio de la violencia.
Por negligencia o incapacidad de las autoridades federales, la violencia atribuible a la delincuencia organizada es permanente y generalizada. Ésta, por más sometimiento de la población que han alcanzado y lo extenso del territorio nacional que tienen bajo su control, no busca ejerce el poder público formalmente; su acción se limita a lograr la colaboración de quienes son los titulares formales de él: les permitan hacer y dejar pasar. Es previsible que, en un estadio posterior, por presiones o negociones, incrusten más elementos propios en áreas sensibles o estratégicas: fuerzas armadas, seguridad, comunicaciones y comercio. No aspiran a alcanzar la titularidad formal del poder. Lo impide la comunidad internacional.
La actuación de la delincuencia organizada tiene como características comunes con la guerra de guerrillas: la colaboración, mediante corrupción, de las autoridades locales y federales. Cuenta con la complicidad de la población civil, ello a base de terror dosificado y públicamente exhibido; beneficios a las clases económicamente débiles; mimetismo de los delincuentes; y penetración de las policías, locales y comunitarias.
Dado el crecido número de grupos delincuenciales ellos, hasta ahora, no cuenta con un mando centralizado y único. La violencia que cada uno ejerce es regional, en el sentido de comprender el territorio de dos o más estados: Bajío, estados del norte, de Occidente o del sur; en cada una de las regiones existe un grupo delincuencial preponderante, sin excluir la presencia de otros. La violencia tiene particularidades en cada región; ella depende más del carácter de quienes los encabezan.
Aunque es un fenómeno generalizado, la violencia que se manifiesta en estados gobernados por la oposición es magnificada con fines políticos. Hay excepciones, Zacatecas es un ejemplo. La importancia estratégica del territorio de esa entidad, el descuido y complicidad de autoridades, derivó en la pérdida del control y que éste fuera asumido por la delincuencia.
Se da mayor publicidad a la delincuencia que tiene relación con delitos comunes: cobro de piso, asesinatos, secuestros, robos al menudeo, tanto en calles como en casas y otros; son aquellos que son del conocimiento de las autoridades locales. Merecen menos atención en los medios los delitos atribuibles a la delincuencia organizada, de incumbencia federal.
El crecido arsenal a disposición de la delincuencia organizada, indica la porosidad de las fronteras y costas y un alto grado de complicidad entre las autoridades aduanales, fuerzas de seguridad y quienes se dedican al comercio de ellas.
El que los principales capos operen con relativa seguridad, indica, por una parte, que cuentan con los elementos de inteligencia: informantes y tecnología para penetrar los sistemas a disposición del gobierno con los que recaba información. Y, por otra, que han colocado informantes dentro de las fuerzas de seguridad y penetrado las áreas de gobierno que tienen que ver con la persecución de los delitos.
Cada grupo delincuencial cuenta con sistemas de espionaje y contraespionaje; a pesar de que se habla de enfrentamientos entre los grupos criminales por dominar rutas de trasiego de drogas, es de suponerse que existe un intercambio de información entre los que encabezan esos grupos. Su presencia implica el control de quienes practican la delincuencia común y corriente; una vez identificados, se persigue y castiga a los responsables de la comisión de delitos del orden común que afectan a sus “clientes”. Ello implica proporcionar seguridad a quienes pagan el derecho de piso. Se garantiza a los “clientes” que no serán objeto de agresiones de parte de los miembros de la delincuencia organizada ni de la delincuencia común y corriente.
Quienes no pagan derecho de piso se exponen a agresiones: secuestros, incendios de locales y negocios; a que se impida el acceso a proveedores y cliente; hay boicots e, incluso, difamaciones o mal crédito.
La auténtica delincuencia organizada ha llegado al convencimiento de que, en la fijación de las tarifas y el cobro del derecho de piso, se deben observar los mismos principios que regulan la actividad fiscal del Estado: que no ahogue la fuente impositiva, que no desestimule la inversión y que, a cambio se preste un servicio tangible: seguridad frente a otros grupos delincuenciales y al estado.
La delincuencia organizada cuenta con los elementos disuasivos permanentes y adecuados; éstos le permiten neutralizar la acción preventiva del Estado y la invasión de los otros grupos delincuenciales. Cuenta con los medios para recabar información: la colaboración de vendedores ambulantes, taxistas, choferes de autobuses de pasajeros, dueños y personal de los giros “rojos” y de todos aquellos que hacen de las calles su forma de vivir. Impide, mediante el terror, que quienes se dedican a esos giros colaboren con las fuerzas oficiales de seguridad o actúen como agentes dobles.
La delincuencia organizada, para operar y subsistir, necesita contar con canales permanentes de aprovisionamiento y de circulación: armas, pertrechos bélicos, víveres, información, dinero, drogas, medios de transporte y comunicación. De ello depende su surgimiento, crecimiento, expansión y subsistencia. Cuando, por la acción de la naturaleza, de la ciudadanía inconforme, de la intervención de las autoridades, nacionales o extranjeras o de otros grupos delincuenciales rivales, las fuentes de aprovisionamiento se bloquean, temporal o permanente, deriva en violencia o en la búsqueda de nuevos canales. Las autoridades han sido incapaces de cortar las fuentes de aprovisionamiento de la delincuencia.
La inteligencia oficial depende, principalmente, de la que realizan las fuerzas armadas y autoridades extranjeras. Ellas obtienen, clasifican y valoran la información que recaban. La que se hace llegar a las autoridades civiles está depurada; es el criterio militar el que prevalece en su dosificación. Éstas, por lo general, por razones presupuestales, no cuentan con servicios de inteligencia propios. Ese es su punto débil.