Por Paulina Zenteno Morfín
Hoy en día existe la latente necesidad de reexaminar los derechos humanos en materia tecnológica, sobre todo el derecho de acceso a la información y, ante su mal manejo, las peligrosas implicaciones que su ejercicio inadecuado puede llegar a tener.
El 19 de septiembre de 2022 se enviaron a un sitio web hacktivista autodenominado “Guacamaya” 10 terabytes de información proveniente de distintos ejércitos latinoamericanos, entre los cuales se incluyó al mexicano.
Nuestro presidente confirmó en una de sus conferencias matutinas el ciberataque que consistió en un hackeo por Guacamaya a los servidores de la Secretaría de la Defensa Nacional, lo que dejó horrorizado al pueblo de México, al mostrar la vulnerabilidad en la seguridad informática de tan sólida Secretaría de Estado. Ello, ante la lógica de que parece inaudito el hecho de que no se hubiere detectado la extracción de tremenda cantidad de información de su tan protegido sistema.
Esta organización o colectivo de individuos hacktivistas latinoamericanos extrajo aproximadamente 6 terabytes de información de las bases de datos confidenciales de nuestro gobierno para publicarla en Internet, dejándola a disposición de periodistas e investigadores, quienes suponen que legítimamente pueden utilizar esta información en beneficio de la sociedad.
Aunque es complicado conocer con precisión las motivaciones, o bien, el objetivo que buscan estos sujetos “anónimos”, su discurso socialista parece virtuoso: hackear con el objetivo de protestar, promoviendo causas político-sociales mediante la vulneración de los sistemas de gobiernos y empresas, es decir, transparentar la información gubernamental en favor de los “oprimidos” ciudadanos.
Hasta cierto punto, como ciudadanos frecuentemente inconformes con nuestro gobierno, el objetivo de este grupo parece halagador. No obstante, los derechos humanos no son absolutos, y el hecho de publicar información confidencial de un gobierno puede tener repercusiones gravísimas, sobre todo, en este caso, por dejar al descubierto la estructura del aparato de inteligencia mexicano, atentando así, en contra de la seguridad nacional, convirtiendo el ejercicio de este derecho en una amenaza colectiva.
Tal como lo prevé la legislación administrativa en México, la exposición de información confidencial, aunque aporta a la transparencia y a la rendición de cuentas gubernamental, no debería ser llevada a cabo sin escrúpulos, sino que necesariamente requeriría de la realización de una prueba de daño a priori efectuando un test de proporcionalidad por virtud del cual se pondere el derecho a la información y el daño que se pueda ocasionar por la publicidad de la misma.
La realidad es que los Estados, incluyendo a nuestro país, han motivado y promovido la implementación de las tecnologías de la información para su crecimiento, particularmente buscando la creación de mecanismos, procesos y algoritmos que permitan capturar información para eficientar su uso. No obstante, México no debe perder de vista la vulnerabilidad en la que se posiciona al abrir sus puertas deliberadamente al mundo de la tecnología.
Guacamaya, cuyas acciones parecen perseguir intenciones benignas, tendrán repercusiones devastadoras, por lo que este colectivo anónimo podría llegar a considerarse un grupo ciberdelincuente o incluso terrorista. No obstante, dicha organización navega con la bandera de la protección del derecho humano de acceso a la información, su actuación puede tener implicaciones catastróficas irremediables, poniendo en peligro la estabilidad y la seguridad de un país entero y de sus ciudadanos.
La autora es estudiante de la Escuela Libre de Derecho.