Los Universitarios hablan es un espacio abierto a la comunidad estudiantil, la que cursa la licenciatura en las instituciones de educación superior; inicialmente las que funcionan en la Ciudad de México. Pretende ser un
espacio en el que los universitarios opinen libre y responsablemente sobre temas de actualidad.
En esta entrega participan estudiantes de la Escuela Libre de Derecho, UAM Azcapotzalco y ENAH, dan su visión respecto de un tema específico y actual: la guerra contra los Maras en el Salvador.
Elisur Arteaga Nava
MS-13
Por Arturo Yamil Alvarado Díaz Slim
A finales de marzo de este año, 87 salvadoreños murieron entre el fuego de los Mara Salvatruchas. El Estado calificó el infortunio de terrorismo y comenzó oficialmente la travesía política de Nayib Bukele, presidente de El Salvador, de declarar la guerra contra el MS-13. Empezó un régimen de excepción que consiste en la suspensión de la libre asociación y manifestación y el derecho a la defensa, entre otras restricciones constitucionales. Recientemente, se extendió el periodo de excepción por octava ocasión y no parece tener un fin próximo. La última cifra coloca a los pandilleros en cerca de 118 mil integrantes, asegurando el gobierno que no se detendrá hasta colocar al último en la cárcel.
A pesar de la justificación de las restricciones basada en la peligrosidad e inminencia de la situación en El Salvador, se han alzado preguntas acerca de la constitucionalidad y convencionalidad de algunas medidas. Por ejemplo, se dio a conocer una medida consistente en la destrucción de todos los símbolos relacionados con la MS-13, entre ellos, las tumbas de los pandilleros caídos, en clara violación de su derecho al honor. Además, señala Amnistía Internacional (“AI”) que al menos 18 personas han perdido la vida bajo la responsabilidad del Estado salvadoreño. Violaciones al debido proceso, detenciones arbitrarias y tortura, todas salen a la luz mientras Bukele presume 231 días sin un homicidio y una baja en los índices de violencia en el país.
El controversial presidente salvadoreño pregunta abiertamente ‘¿y dónde están los derechos de la población honrada?” asegurando a su vez que no niega los derechos humanos de los reos. Sin embargo, cada vez más, se detecta una ola de violaciones a derechos fundamentales, particularmente los ligados al debido proceso. En ese sentido, resulta contraproducente que el argumento salvadoreño pretenda justificar que a la población inocente no se le restringen los derechos cuando existen casos como el caso de dos primos de 14 y 15 años que fueron detenidos por “tener cara de malandros” el 26 de abril, como reportó AI.
Desde septiembre, Nayib Bukele anunció que buscará la reelección en 2024, lo que la constitución salvadoreña prohíbe por ser reelección inmediata. Aunque eso no parece desalentar al presidente Bukele, pues con las cifras bajas en seguridad, la realidad es que cuenta con el apoyo democrático para lograr el cambio legislativo. De lograrlo, preocupa que las violaciones a derechos humanos se vuelvan la regla en El Salvador.
@arturoyamilads
Vulneraciones en un estado de excepción
Por Mirna Molina Alonso, ELD
El 27 de marzo, la Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó un estado de excepción a petición del presidente Nayib Bukele, tras el repunte de homicidios relacionados con las pandillas o maras; el decreto suspende derechos fundamentales que, según el derecho internacional, no deben ser derogados en ninguna circunstancia, como el derecho a defensa jurídica y el derecho a ser informado de los motivos de la detención, entre otros.
El 30 de marzo también se aprobaron medidas adicionales, como el establecimiento de periodos indefinidos para la detención previa al juicio o la posibilidad de juzgar in absentia a personas acusadas de la comisión de delitos; el 5 de abril se volvieron a aprobar reformas al Código Penal que establecen penas de prisión para quienes reproduzcan contenidos supuestamente originados por las pandillas, la redacción tan imprecisa ha generado temor a la censura y a la criminalización de las y los periodistas que informan sobre violencia relacionada con las maras en El Salvador.
La razón por la que la guerra que inició el Presidente Bukele ha resultado tan popular es porque lamentable las pandillas de El Salvador no han hecho otra cosa más que ejercer violencia hacia la población de diversas formas por más de 30 años, y aunque se hicieron intentos de abordar el problema de las pandillas mediante la rehabilitación y la reintegración social no han sido suficientes, pues el Estado no ha podido abordarlo de una forma eficaz.
Diversas organizaciones internacionales han encontrado que miles de personas están siendo detenidas sin que se cumplan requisitos legales, porque son percibidos por las autoridades como criminales, haciendo que el discurso del Estado sea sumamente estigmatizante, pues parten de premisas como tener tatuajes, haber sido acusadas por un tercero de tener supuestos vínculos con una pandilla, tener un familiar perteneciente a una pandilla, por tener antecedentes penales previos de cualquier tipo, o simplemente por vivir en una zona controlada por una pandilla, que son precisamente zonas con altos niveles de marginación y abandono estatal histórico.
La situación en la que se encuentran El Salvador sólo nos hace reflexionar que, si el Estado centrara su atención en medidas de prevención y no en la brutalidad autoritaria que viola derechos humanos, habría resultados positivos de implementar políticas públicas que no agraven la situación generando contextos de abusos o arbitrariedades.
@MirnaMolinaAlo1
Violación a derechos humanos en El Salvador
Sociedad civil y bandas criminales
Por Juan Carlos Landaverde Juárez, UAM y ENAH
La organización delictiva en el Salvador, mejor conocida como “la Mara Salvatrucha” ha generado múltiples fenómenos sociales que repercuten en la violación de los Derechos Humanos al sur de continente americano. El titular del Ejecutivo de aquel país, Nayib Bukele, implementó medidas como el estado de excepción que ha causado detenciones arbitrarias en sectores de la población simplemente por su apariencia física. Independientemente que formen parte o no de algún grupo criminal.
Aunado a las detenciones arbitrarias, los homicidios y las desapariciones forzadas van en aumento dentro de los centros penitenciarios. El motivo, es erradicar la violencia y desarticular las bandas criminales a fin de disminuir los índices delictivos. Sin embargo, ¿vale la pena que la sociedad civil en su conjunto pague un costo tan caro como las violaciones sistemáticas a sus Derechos Humanos?
El motivo que ha generado dichas políticas del Presidente del Salvador es la búsqueda de un país más pacífico; pero sus resultado generan el aumento de violaciones a los Derechos Humanos. Algunas fotografías han circulado en diversos diarios internacionales, en ellas se muestra cómo miembros de la “Mara Salvatrucha” son arrodillados y amontonados sin una sola pizca de dignidad a su persona.
La no discriminación y defender la dignidad de los miembros de una sociedad son Derechos Humanos que deben ser reconocidos y llevados a la práctica. Causa dudas que Bukele busque la reelección en su país para las elecciones presidenciales del 2024, algo prohibido Constitucionalmente, independientemente si la población lo “aprueba”.
Dentro del Estado Salvadoreño, el Tribunal Constitucional ha sido golpeado políticamente por el Congreso quien detenta la mayoría parlamentaria a favor de Nayib Bukele. La destitución de jueces Constitucionales y la probable candidatura inconstitucional del actual mandatario causa dudas respecto al grado de legitimidad y respeto a los derechos humanos de la población salvadoreña.
Las encuestas otorgan al Ejecutivo de aquel país una aprobación por arriba del 90 por ciento; sin embargo, en un Estado donde existe un control tanto del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial no se puede afirmar que la participación política genere un intercambio plural de ideas. Artistas como José Clemente Orozco en México afirmaron el inminente arribo del fascismo, forma de Gobierno dictatorial y autoritaria que ha causado múltiples violaciones y crímenes de lesa humanidad. Esperemos que el caso del Salvador sólo sea un episodio que no pase a mayores.
Facebook: Carlos Landaverde