El 6 de diciembre pasado, en el inicio de una maratónica sesión de la Cámara de Diputados, las oposiciones rechazaron de forma tajante y abierta la nociva y tóxica reforma constitucional electoral enviada por el presidente. A pesar de las presiones sobre legisladoras y legisladores, de su constante denostación en redes por oponerse a la reforma y del despliegue de un amplio y brutal aparato de propaganda, la reforma fue sepultada.
Ese mismo día, se recibió el llamado Plan B: una amplia reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, a la Ley General de Partidos Políticos y a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; además, se expide una nueva Ley General de Medios de Impugnación en Materia Electoral.
Siguiendo, con extrema fidelidad, una tradición legislativa abominable que implica la violación de las reglas del proceso legislativo y el atropello al Poder Legislativo, la mayoría aprobó en fast track las reformas a la legislación secundaria, de forma absolutamente irreflexiva y atropellada. Lo que sucedió el 6 y 7 de diciembre en la Cámara de Diputados no es otra cosa que una negación absoluta de la esencia del Parlamento: el diálogo y la reflexión. Sin análisis, ni valoración jurídica seria e incluso sin una mínima lectura de la amplia reforma, la mayoría votó y aprobó una reforma cuyo contenido prácticamente ignoraba.
La Cámara de Diputados, convertida así en una agencia al servicio de los intereses presidenciales aprobó una reforma que seguramente será ampliamente impugnada, y que destruye, hasta donde es posible, a la máxima autoridad electoral. La oposición festinó la victoria de una reforma constitucional abortada, sólo para recibir la cruel venganza de una mayoría sorda, ciega y muda, que sólo hace eco de la voz solitaria de Palacio y que en la madrugada aprobó una reforma nociva.
El Plan B tiene un innegable ímpetu destructor y motivaciones meramente ideológicas. El argumento recurrente de los adláteres y promotores de la reforma es el costo de nuestra democracia, costo que es muchas veces inferior a los presupuestos destinados a cualquier obra faraónica del presidente: el infame e inviable Tren Maya consume al menos 20 veces el presupuesto del INE. La guillotina se extiende a los salarios de los funcionarios del supremo órgano electoral, los cuales serán sujetos a un nuevo cálculo y revisión integral para que nadie gane más que el presidente, falacia descomunal del autoritarismo presidencialista que tiene a un jefe de Estado viviendo como monarca en su Palacio.
El INE se vería severamente afectado en su funcionamiento: la reforma obliga a que la Comisión General identifique áreas susceptibles de cambio para un plan de reorganización que deberá quedar concluido, con fecha límite del 1 de agosto de 2023. El gobierno pretende aplicar sus mal llamadas políticas de austeridad para mermar al INE, mientras desvía recursos para programas sociales y proyectos presidenciales personales.
El Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria y para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del INE y el Fondo para Atender el Pasivo Laboral del Instituto Nacional Electoral, se extinguirían, como el consabido destino que 109 fideicomisos previamente extintos tendrán: la opacidad y la discrecionalidad.
Fieles a la lógica de reducir a la administración pública a un cuerpo de leales e incondicionales, ajenos a cualquier lógica de profesionalización, la reforma plantea eliminar la rama administrativa del Servicio Profesional Electoral Nacional; un severo golpe a las capacidades institucionales del INE.
Para seguir con la devastación del INE se suprimen, a nivel distrital, los cargos de Vocal de Organización Electoral, Vocal de Registro Federal de Electores, Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica y Vocal Secretario. Además, se prohíbe que el INE destine economías o remanentes presupuestales a la constitución u operación de fideicomisos. También se proscriben los seguros de gastos médicos mayores o de separación individualizada, y se prescribe que el Instituto, en caso de que se presentaran subejercicios, economías ahorros o remanentes presupuestales deberá reintegrarlos a la Tesorería de la Federación al concluir el ejercicio fiscal.
El afán depredador de recursos es el complemento natural de la incapacidad del gobierno para presentar presupuestos viables, que permitan la sustentabilidad financiera del Estado mexicano durante un año fiscal en curso y que ha conllevado la ordeña de recursos como los previstos en el Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios; actualmente el fondo cuenta con solo 25 mil 483 millones de un saldo máximo de 205 mil millones de pesos en 2020.
Para poner la cereza en el pastel, la reforma pretende que las personas servidoras públicas puedan realizar abiertamente actos de propaganda gubernamental; este gobierno no puede negar su esencia absolutista al ser, más que un aparato administrativo eficaz, eficiente y económico, un descomunal instrumento de propaganda al servicio del movimiento presidencial.
Después de la victoria opositora, que enarboló las causas de la marcha del 13 de noviembre para defender al INE, el Poder Legislativo ha sido reducido a víctima de una venganza presidencial, con un Plan B nocivo que, aprobado en la Cámara de Diputados, ha doblegado una vez más al Poder Legislativo. El Ejecutivo desperdició una oportunidad privilegiada para llevar a cabo las reformas que México demanda, en su lugar, se ha convertido en un promotor de su propia persona y en un orquestador de venganzas personales cuyo ímpetu destructivo parece irrefrenable.
La autora es senadora por Baja California y presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores América del Norte.
@GinaCruzBC