Algunos ven cierto paralelismo entre el caso de Pedro Castillo, presidente depuesto del Perú y el de AMLO; se dice que ambos han violado la Constitución y las leyes de sus respectivos países y, por ende, apuntan la posibilidad de que, igualmente, el violador mexicano sufra las mismas consecuencias: que sea depuesto del cargo y enfrente en prisión un proceso penal.
El paralelismo tiene límites; ciertamente en los dos casos existe la posibilidad de que ambos hayan violado la Constitución y las leyes. No conozco las particularidades del sistema jurídico peruano; tampoco estoy enterado, en forma responsable, de la actuación de sus actores políticos; también desconozco el contexto en que se movía el depuesto Pedro Castillo y las causas reales que lo llevaron a pretender disolver al Congreso de ese país. Lo que informa la prensa, por más verídica que sea, no es una opinión que emiten los que conocen a fondo el sistema normativo de ese país.
Me atrevo a dar una opinión respecto de lo que sucede en México. Lo hago por razón de que tengo alguna idea, muy general, del marco constitucional y de lo pudiera pasar en México. A este contexto hago referencia enseguida.
Entiendo que Pedro Castillo, por ignorancia, candidez, por malos consejos o por razón de que las circunstancias lo orillaron, pretendió disolver el Congreso de su país. En esto se apartó de su maestro: AMLO. Éste, más inteligente, respetó las formas. Ha dejado formalmente incólume, por ahora, la estructura, funcionamiento y facultades del Poder Legislativo. En la iniciativa de reformas constitucionales que fracasó, bajo el pretexto de reducir el número de legisladores, proponía como proceso de elección de los diputados un sistema por virtud del cual los partidos políticos serían, finalmente, quienes los eligieran. Se proponía una partidocracia. En buena hora no prosperó.
En México, por virtud del férreo control que ejerce sobre los legisladores provenientes de Morena y sobre sus aliados, no necesita recurrir a la medida extrema de disolver ese poder. Es menos peligroso cooptar que desaparecer.
Al parecer Pedro Castillo incurrió en excesos. Hasta este momento el apoyo popular no ha trascendido en el grado de obligar a la actual presidenta y a las fuerzas armadas a dar marcha atrás en su acción y ello a pesar del crecido número de muertos que ha habido. No tuvo tiempo de asegurar el apoyo popular en el grado de un compromiso político generalizado. Aún es prematuro emitir un juicio. Esperemos. Los movimientos revolucionarios comienzan con una chispa y ésta ya surgió.
Según Maquiavelo el apoyo del pueblo es determinante cuando es el príncipe quien se apoya en él para conservar el Poder. Los hechos en Perú pudieran apuntar que ese juicio es erróneo. Hasta el momento no se ha producido un levantamiento generalizado ni permanente que, en forma violenta, es decir, mediante las armas, exija su regreso al poder. La razón pudiera ser la apuntada: no tuvo tiempo para que su movimiento echara raíces profundas. Esperemos. Nada está escrito.
Al parecer las fuerzas armadas han permanecido fieles a las instituciones: a la Constitución, a la nueva presidenta y al Congreso. Todo indica que Castillo no tuvo tiempo para cooptar a las fuerzas armadas, para comprometerlas con su proyecto de cambios y de gobierno.
El caso de México tiene particularidades; lo hacen diferente de los países de América del Sur. Aquí todo es apariencia. Se aparenta que existe una Constitución, leyes, separación de poderes, militares sometidos a la autoridad civil, democracia, sistema federal, entidades federativas autónomas y municipios libres. Comenzaba a haber elecciones limpias e instituciones electorales imparciales. Ignoro si en Perú se maneja a base de apariencias. Al parecer no es el caso.
En México es un imperativo real y constante que las instituciones públicas estén sometidas al presidente de la República en turno. Lo estuvieron durante los gobiernos “revolucionarios”; en menor medida lo estuvieron durante los gobiernos panistas. No por que fueran más demócratas. Lo fueron por forzarlos las circunstancias: no tenían un control absoluto sobre el Congreso de la Unión ni sobre los gobernadores de los estados económicamente ricos y más poblados.
Cosa diferente se presenta en la actualidad: AMLO, al igual que los presidentes priistas, controla el Congreso de la Unión, a la mayoría de los gobernadores de los estados y a las fuerzas armadas. Nada se mueve sin contar con la anuencia presidencial. Los presidentes priistas, durante mucho tiempo, controlaron también las elecciones. Al principio ellos las organizaban y por medio del Congreso de la Unión las calificaban y se declaraban vencedores.
En el caso de México pudiera haber dos buenas noticias. No dejan de ser teóricas. La primera, que de conformidad con el artículo 19 constitucional, después de las reformas que la administración morenista le hizo, muchas acciones pudieran ser encuadradas bajo alguno de los rubros que ese precepto menciona. Ello significaría que, de iniciarse un proceso penal en contra de AMLO, necesariamente lo tendría que enfrentar estando en prisión.
La otra buena noticia es que, de conformidad con el artículo 108 constitucional, reformado durante la actual administración:
“Durante el tiempo de su encargo, el Presidente de la República podrá ser imputado y juzgado por traición a la patria, hechos de corrupción, delitos electorales y todos aquellos delitos por los que podría ser enjuiciado cualquier ciudadano o ciudadana.”
Mucho de lo que se acusa a AMLO podría entrar en esos supuestos, principalmente por los presuntos actos de corrupción de él, de sus hermanos, de sus hijos y amigos más cercanos. En paralelo a esas buenas noticias hay muchas malas:
Que el Fiscal General de la Nación ha demostrado que no es independiente; ejerce sus funciones con vista al interés presidencial;
Que el Congreso de la Unión, competente para juzgarlo, como quedó demostrado con la aprobación de la opción B en materia electoral, está bajo el control del presidente de la República y que más está para obedecer sus ordenes, que para acatar lo que disponen las Constitución y las leyes. Dada la actual composición del Congreso de la Unión, sería imposible que la Cámara de Diputados aprobara el acuerdo de acusarlo y que la Cámara de Senadores, constituido en jurado de sentencia, aprobara una sentencia condenatoria, por más elementos de culpabilidad que pudieran existir. Se debe tener presente que una sentencia condenatoria debe ser aprobada por las dos terceras partes de los senadores presente;
La imposibilidad de nombrar un fiscal independiente, que sea capaz de investigar a los miembros de la 4T, que pudieran haber incurrido en responsabilidad; y
La noticia más mala: en México, en las actuales circunstancias, las fuerzas armadas: ejército, marina y guardia nacional, están comprometidos con AMLO y su 4T por virtud de las canonjías, favores, obras y proyectos que recibe y administra. Ellas no son imparciales ni estarían dispuestos a acatar una resolución de culpabilidad que eventualmente el jurado de sentencia o los tribunales pudieran llegar a emitir respecto de AMLO o de algunos de quienes son sus familiares o se hallan dentro de círculo amigos y colaboradores cercanos.
En ese contexto, en México, en principio, es imposible que se presente el mismo fenómeno que se dio en Perú.
AMLO, por boquiflojo y metiche, ha dado lugar a que el gobierno de Perú haya declarado persona non grata a nuestro embajador. Algo que, aparte de ser inusitado en nuestra historia, denota una gran irresponsabilidad de quien dice representar a nuestro país.