Como siempre sucede: se sabe cuándo inician los movimientos sociopolíticos (de protesta), pero nadie asegura cuando se pondrá el punto final. La Policía Nacional del Perú desplegó, el martes 24 del mes de enero del año que recién comienza, más de 6,800 efectivos para garantizar la integridad de los ciudadanos que protestan pacíficamente y aquellos que trabajan o se movilizan en las calles del Centro de Lima, donde por sexto día consecutivo distintos gremios y organizaciones de distintas partes del país se desplazan pidiendo la destitución de la presidenta Dina Boluarte. La policía lanzó bombas lacrimógenas en los alrededores del Parque Universitario; y se informó de la suspensión temporal de las operaciones del Aeropuerto Internacional Velasco Astete en “salvaguarda de la integridad de las personas y la seguridad de las operaciones aeronáuticas”. La llamada “gran marcha nacional” se replicó el martes 24, donde las protestas no han cesado un solo día después de una breve tregua navideña.
Al momento de redactar este reportaje los enfrentamientos se recrudecían, aunque no se tenía información de muertos o heridos. El sur andino del país, donde hay una huelga indefinida, sigue paralizado. Es la zona donde las protestas son más fuertes y la que ha sufrido la represión más dura. Ahí mismo se ha producido la mayor parte de los aproximadamente 60 muertos por disparos de policías y militares. En el curso del lunes 23 del mes en curso, una parte de la intelligentsia peruana (catedráticos, investigadores, escritores, periodistas y otros intelectuales) firmaron un documento público, por medio del cual rechazaron “el rumbo autoritario que viene adoptando el gobierno de Dina Boluarte y Alberto Otárola”, y pidieron la renuncia de ambos.
Parte del texto indica: “Acciones de represión y violencia desproporcionada rompen los principios del Estado de Derecho y han dejado un saldo doloroso de 55 compatriotas fallecidos y más de mil 200 heridos”.
El movimiento en contra de la administración de Boluarte empezó el 7 de diciembre pasado, el mismo día que el presidente Pedro Castillo trató de desaparecer el Congreso, pero éste lo destituyó —y encarceló—; asumió el poder la vicepresidenta Dina Boluarte.
En el documento de los intelectuales aparecen firmas de académicos de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (que ya fue desalojada por la policía), la Pontificia Universidad Católica del Perú, y la Universidad Peruana de Lima. Los signatarios afirman que Boluarte ni reconoce ni rectifica los abusos cometidos por la policía y el ejército tras seis semanas de protestas, sino que mantiene “un patrón de conducta” que dirige a Perú al autoritarismo.
Otros académicos que no firmaron el documento citado, denuncian, por su parte: “Si la presidenta Boluarte sólo está en capacidad de ofrecer al país confrontación y violencia debería renunciar. Contra toda evidencia, el gobierno insiste en los métodos menos políticos para enfrentar una crisis que es, ante todo, política”.
El análisis de los hechos aclara que el país andino sufre evidente quebranto del Poder Ejecutivo y Legislativo. Tan claro como que en seis años los peruanos han tenido seis presidentes y ninguno de ellos ha podido cumplir su mandato, como fue el caso de Castillo que se encuentre en la cárcel.
La mayoría de los analistas coinciden que esta crisis de gobernabilidad el Perú se agudiza en el Congreso, que ha sido controlado por el conservadurismo; la presidencia parlamentaria está en manos del diputado José Williams Zapata, que en caso dado podría sustituir “legalmente” a la presidenta interina Dina Boluarte.
La vida política peruana se ha agudizado por la movilización de la “Marcha de los Cuatro Suyos”, que tuvo sus orígenes durante el mandato de Alberto Kenya Fujimori —1990-2000–, que muchos consideran fue una “dictadura”.
Mientras son peras o manzanas y se radicalicen o no los movimientos sociales en el Perú, lo que se avizora en el ambiente político del país es un avance de la ultraderecha, cuya principal apuesta es lograr que el general Williams Zapata sea presidente. Mientras se aclara el panorama y Zapata llegara a ocupar la tan codiciada presidencia peruana, el militar es acusado como responsable por la mortal represión en el poblado de Acomarca donde hubo 69 muerto.
Aunque la crisis aplica en todo el país, al inicio de la semana el ministro de Economía, Alex Contreras afirmó que el mayor golpe económico por las protestas se registra en la parte sur de Perú, principalmente en el sector turístico. El funcionario señaló que la inflación en el primer mes del año podría cerrar en 8.9 por ciento, por encima del 8.49 por ciento de diciembre pasado. Contreras declaró: “Es un aumento temporal, nosotros estimamos que la inflación (anual) podría cerrar en enero entre 8.8 por ciento y 8.9 por ciento, dependiendo del cómo se restablezcan las comunicaciones”.
Lo cierto es que, según el Instituto de Estadística, Perú registró una inflación de 0.79 por ciento en diciembre y cerró el año 2022 en 8.46 por ciento, la medición anual más elevada en los pasados 26 años. En estas condiciones, en las protestas que comenzaron en diciembre pasado, como se señaló líneas atrás, los manifestantes exigen principalmente la renuncia de Mila presidenta Boluarte, el cierre del Congreso y una nueva Constitución.
Por la tarde del martes 24 de enero, Dina Boluarte ofreció declaraciones a la prensa extranjera y se refirió a la ciudad de Puno con expresiones que levantaron el ánimo de los pobladores de la zona, e hizo un llamamiento a una tregua nacional, con la finalidad de entablar las mesas de diálogo y poder fijar la agenda por cada región y por el desarrollo de los pueblos. En conferencia de prensa con los medios internacionales acreditados en Perú, manifestó que su país es “una nación democrática y respetuosa del estado de derecho y de las instituciones, sin embargo, en un momento, la mandataria se refirió a los disturbios en Puno, una de las regiones más golpeadas y con la mayor cantidad de fallecidos a la fecha por los disturbios.
“Tenemos que proteger la tranquilidad de los 33 millones de peruanos —dijo Boluarte—; Puno no es el Perú. Los que están generando la violencia, creo que también la prensa internacional debería de comunicar que el gobierno no está generando la violencia, que el gobierno quiere la paz y tranquilidad”.
La frase sobre Puno fue bastante criticada en las últimas horas en redes sociales, al punto que desde la Presidencia de la República se hizo una aclaración al respecto. En el contexto de que el gobierno debe velar por la seguridad y bienestar de los peruanos, la frase “Puno no es el Perú”, “no fue una expresión de discriminación ni soberbia. De haberse malinterpretado, nos disculpamos con los hermanos de nuestra querida región altiplánica. Reiteramos nuestro llamado a la paz, el diálogo y la reconciliación”.
Respecto a la demanda de su renuncia al cargo, Boluarte señaló que esto “generaría crisis sobre crisis”, pues los sectores opositores no solo piden su dimisión, sino también la reconformación de la mesa directiva del Congreso”. “¿Mi renuncia resolvería la crisis su la violencia?” Preguntó Dina Boluarte, quien “argumentó que ya está en proceso en el Parlamento la iniciativa que conllevará a adelantar las elecciones, dentro del cauce constitucional”. Señaló que de darse su renuncia se pasaría a una situación de “anarquía y crisis” en el país; estado de cosas que favorece a sectores inmersos en actividades ilícitas, como el contrabando y el narcotráfico.
Por otra parte, el Congreso peruano aprobó adelanto de legislatura al 15 de febrero para la segunda votación del adelanto de elecciones. Con 15 votos a favor y 8 en contra, la comisión presidida por el legislador fujimorista Hernando Guerra García, aprobó que la segunda legislatura del año empiece el 15 de febrero y termine el 15 de junio. Lo que significa que se deberá aprobar en segunda instancia el adelanto de las elecciones generales para 2024. Propuesta que tendrá que ser ratificada en el pleno, donde necesita al menor 87 votos del total de legisladores.
Así las cosas, Boluarte descartó una vez más, su dimisión: “Me iré cuando hayamos convocado a las elecciones generales…No tengo intención de quedarme en el poder”, y agregó que el Congreso ”sin duda alguna” va a confirmar en febrero el adelanto de las elecciones previstas para abril de 2024. En fin, la presidenta interina se preguntó si su renuncia resolvería la crisis y la violencia, y quién asumiría la presidencia de la República.
Por otra parte, el gobierno de Boluarte extendió por diez días el retoque de queda en Puno, donde ingresó contingente militar. Por medio de un decreto supremo, el toque de queda empezará a regir desde el miércoles 25 de enero desde las 20 horas a las 4 de la madrugada.
Según Héctor Béjar Rivera, ex ministro de Relaciones Exteriores de Perú, escritor, sociólogo y ex guerrillero de Liberación Nacional, considerado una de las principales referencias intelectuales del país, el Estado peruano es “un barco lleno de agujeros, que navega sin brújula y sin capitán. Los capitanes son fugaces. Llegan pensando qué se van a llevar. Es un Estado en situación de discapacidad, en el que no puede hacer nada, porque todo tiene que ser contratado con empresas privadas”.
Respecto al movimiento que actualmente se desarrolla en Perú, el escritor y ex diplomático Béjar Rivera, opina: “Es un cambio cualitativo. Es la primera vez en la historia peruana que un movimiento surgido de las bases no populares plantea una agenda claramente política y supera las demandas inmediatas, aisladas y limitadas a los problemas locales. El movimiento del que hablamos no debe ser definido como de izquierda. Si nos atenemos a la realidad, es un movimiento popular, de base, mucho más amplio que la izquierda política”.
Por el momento, este movimiento popular y destituyente debe sobrevivir a la represión del gobierno en funciones. Eso no está fácil. Pronto se verá. VALE.