La Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha visto pasar sus mejores días. Bajo los imperativos y los ímpetus destructores de la Cuarta Transformación, hoy la Comisión es la triste sombra de lo que antes era: su voz ya casi no es escuchada, sus recomendaciones son tibias y su actividad ante violaciones reiteradas y graves a los derechos humanos es escasa y lamentable.

La Comisión se encontró con una Piedra en el camino que, desde el inicio de su gestión provocó una desbandada gradual de su Consejo Consultivo, máximo órgano deliberativo que hoy casi se ha visto reducido al silencio, impuesto por decisiones arbitrarias y por recomendaciones sin sentido. En su afán por mirar al pasado, la Comisión emitió la recomendación 46/2022, aludiendo a hechos acontecidos antes de la creación de nuestro máximo órgano electoral, el INE, convirtiéndose en lamentable comparsa de los ataques presidenciales cuyo objetivo final es hacerse con el control absoluto de la función electoral.

En su terquedad por investigar hechos de la llamada guerra sucia, la Comisión se ha convertido en una fiscalía que hoy día omite señalar las graves violaciones del momento presente. Los ataques reiterados a la prensa, las amenazas contra el periodismo independiente y la muerte violenta de al menos 63 periodistas durante la actual administración, han sido insuficientes para que la Comisión alce la voz en defensa de la libertad de expresión y ponga un alto a los agravios constantes de las mañaneras.

Ante la creciente militarización de nuestra vida civil, con una Guardia Nacional que gradualmente asume funciones de primer respondiente, constructora, administradora de aduanas y aeropuertos, distribuidora de vacunas y vigilante del transporte público, la CNDH ha callado o ha sido tibia ante constantes abusos y atropellos. El uso desproporcionado de la fuerza y la criminalización de ciudadanas, ciudadanos y migrantes ha pasado desapercibida. Ni siquiera la muerte de al menos 853 migrantes en 2022, ha despertado a la Comisión de su largo y preocupante silencio.

Como cada año, la titular de la Comisión, presentó ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión un informe caracterizado por su contenido propagandístico y por sus notables omisiones. Ya no se investigan, documentan ni informan crisis humanitarias de grandes dimensiones como la que se vive en las fronteras, con miles de migrantes hacinados. Ya no se denuncian los constantes abusos y actos arbitrarios de autoridades que no sólo violan derechos, sino que también limitan nuestras libertades.

Ante el miedo ciudadano por la escalada de violencia que se da en el país y ante la crisis de inseguridad, la Comisión se ha convertido en un aliado ciego de la política presidencial de abrazos y no balazos, cuyas graves omisiones tienen al país sumido en la peor crisis de criminalidad que se haya visto en muchos años.

La pérdida de cientos de miles de vidas humanas y la vulneración del derecho a la salud por el muy descuidado manejo de la pandemia, fueron motivo de tibias recomendaciones sin efectos y sin consecuencias. Otro tanto ha sucedido con la violación al derecho al medio ambiente sano, por obra de una política energética criminal, que además de violar acuerdos y compromisos internacionales, pone en riesgo la vida de cientos de miles de personas.

Lamentable ha sido también la omisión de la Comisión en materia de la violación del derecho a la movilidad con decisiones infortunadas como el rediseño del espacio aéreo y más preocupante aún, con el anunciado decreto para mudar a las aerolíneas de carga del actual Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, afectando por igual los derechos de empresas y consumidores. La lista de omisiones, errores y desatinos por parte de la Comisión es prácticamente interminable, como lo es su subordinación a un poder presidencial brutal y autoritario.

Más de 30 años de existencia, resultado de denodados esfuerzos de la sociedad civil organizada para contar con un marco jurídico de vanguardia y con un órgano garante con prestigio y autonomía, están hoy a punto de tirarse a la basura, al convertir a la CNDH en un aparato más de propaganda presidencial. Hoy tenemos una institución que, en lugar de denunciar enérgicamente atropellos, se ha convertido en el cómplice abyecto de decisiones que limitan libertades, restringen derechos e institucionalizan abusos.

Senadora por Baja California y presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores América del Norte.

@GinaCruzBC