México vive más allá de sus fronteras: ahí donde haya una mexicana o mexicano viviendo en el exterior, también está nuestro país, con sus tradiciones y cultura, con su rico idioma y su vasta historia. La diáspora mexicana es la más grande del mundo: tan solo en la Unión Americana viven cerca de 40 millones de compatriotas, con diferentes cualidades migratorias y algunos en situación irregular.
En las elecciones federales de 2018, se emitieron un total de 98,470 votos por parte de residentes en el extranjero, de los que el 77.1% fueron enviados desde los Estados Unidos de América. El listado nominal de dicho año fue de 181,873 personas, lo que arrojó una participación del 54.2% inferior en casi 10 puntos porcentuales a la participación nacional. No obstante, el reto principal que conlleva garantizar plenos derechos político-electorales a la población migrante es la ampliación del listado nominal de electores, además de promover su activa participación en elecciones federales y locales.
El 17 de mayo de 2021 se publicó una trascendental reforma al artículo 30 constitucional, que amplía la ciudadanía mexicana a quienes nazcan en el extranjero, hijos de padres mexicanos, de madre mexicana o de padre mexicano. La ambiciosa reforma conlleva la imperiosa necesidad de ampliar el listado nominal de electores, ya que tan solo en los Estados Unidos de América, podrían incorporarse no menos de 12 millones de personas.
La ampliación del listado nominal de electores, para garantizar plenos derechos político-electorales, implica un esfuerzo presupuestal, organizativo y logístico histórico, que se debe dar en lo que es hoy el peor momento para nuestro máximo órgano electoral: atacado por diversos frentes, mermado en su presupuesto y bajo la ominosa amenaza de un Plan B destructivo y nocivo que incluso podría poner en riesgo la elección federal de 2024.
Es precisamente el Plan B, la principal amenaza para quienes residen en el exterior y quieren votar en las próximas elecciones. El ejercicio del voto de los mexicanos residentes en el extranjero puede realizarse hoy por correo, mediante entrega de la boleta en forma personal en los módulos que se instalen en las embajadas o consulados o, en su caso, por vía electrónica. Sin embargo, la propuesta original de reforma presidencial limitaba dichos derechos ya que sólo preveía el sufragio vía Internet. El Congreso de la Unión corrigió esa aberración. pero otros componentes del Plan fueron aprobados, como la destrucción de las estructuras del INE, lo que dificulta el ejercicio del derecho al sufragio de nuestros connacionales en el exterior.
En función del principio de progresividad de los derechos humanos, enfrentamos también el reto de que, quienes vivan más allá de nuestras fronteras sigan teniendo arraigo en sus comunidades de origen, por lo que la ampliación del derecho al sufragio puede y debe comprender también el voto por diputaciones de representación proporcional, diputaciones locales y autoridades locales, además del derecho ya adquirido para votar en elecciones presidenciales, senadurías, así como en elecciones a gubernaturas y de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.
El principio de progresividad en los derechos humanos conlleva la ampliación de libertades y capacidades políticas. Esto es irreversible y tarde o temprano sucederá, a pesar de la actual administración, que se obstina en hacer propaganda en lugar de gobernar, que se obsesiona por anunciar reformas legislativas históricas sin la voluntad política indispensable para que puedan tener una adecuada y justa implementación. La reforma para ampliar la nacionalidad es loable, pero no se ha acompañado de decisiones de alto nivel para garantizar la plena inserción de las y los mexicanos en el exterior, a la vida política de nuestro país.
A raíz de las crueles medidas de austeridad republicana, que han mermado las capacidades de nuestros consulados en la Unión Americana, y ante el cierre del fideicomiso ProMéxico, nuestros connacionales son, sin duda alguna, nuestros más fieles y leales aliados para promover a México en el exterior; ellos son ejes que irradian nuestra cultura, historia y valores, por lo que reducirlos a meros agentes que envían remesas es lamentable e insensato.
La migración es un derecho humano fundamental, que responde al anhelo por gozar de mejores condiciones de vida en un país en el que uno no nació. Quienes abandonan sus lugares de origen son pioneros que hacen historia en las naciones receptoras, a las que aportan su talento, capacidad y experiencia. A ellos debemos tanto perdón como gratitud, la primera por no darles oportunidades, la segunda por ser fieles a su identidad como mexicanas y mexicanos.
La ampliación de derechos y el apoyo solidario a las comunidades migrantes se constituyen en elementales actos de justicia para quienes, a pesar de las distancias, llevan el corazón de nuestro país en sus manos. Las comunidades de mexicanas y mexicanas en el exterior son una ampliación natural de la patria. La adecuada organización de una nueva agenda política, promotora de libertades y de nuestra democracia, tienen como eje fundamental a quienes viven hoy más allá de nuestras fronteras.
Mucho les debemos a quienes han abandonado México en busca de mejores oportunidades de vida, o huyendo de la violencia criminal, el cambio climático y la crisis política. Ellas y ellos no son solo un eje fundamental de nuestra prosperidad y de nuestra estabilidad mediante el envío de remesas, pero su aportación a la vida nacional no puede ni debe reducirse a sus contribuciones económicas: son mexicanas y mexicanos que exigen y quieren participar, que quieren organizarse para ser parte de nuestra democracia y que ven a México con nostalgia y orgullo. A ellos también nos debemos y para ellos debemos trabajar para que voten con libertad y decidan soberanamente en las próximas elecciones, locales o federales.
La autora es senadora por Baja California y presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores América del Norte.
@GinaCruzBC