El regresivo régimen “izquierdista” de Nicaragua deportó, ipso facto, el jueves 9 de febrero del año en curso a Estados Unidos de América (EUA) —sin la menor posibilidad de defensa, “inhabilitados de forma perpetua” para ejercer cargos públicos o de elección popular e incluso con la pérdida de la nacionalidad y la declaratoria de “traición a la patria”, algo nunca antes visto en la patria de Augusto Nicolás Calderón Sandino, mejor conocido como Augusto César Sandino— a 222 presos políticos, varios de ellos en prisión desde el año 2018, y cinco en prisión domiciliaria. La operación “destierro” fue concertada, por parte del gobierno del demócrata Joe Biden como un “paso constructivo” para terminar con los abusos de derechos humanos cometidos por el ex guerrillero Daniel Ortega y su camarilla, en la que sobresale la esposa del mismo, Rosario María Murillo Zambrana actual vicepresidenta. Según Ortega, su esposa, junto con el embajador estadounidense en Managua, Kevin Sullivan, fue quien ideó la expulsión de los presos. Al respecto, el antiguo guerrillero, dijo: “No estamos pidiendo que levanten las sanciones (que les ha impuesto la Casa Blanca). No estamos pidiendo nada a cambio. Es un asunto de honor, dignidad patriotismo. Que se lleven a sus mercenarios, como sucedió después de la invasión al Cuba”.
Washington proporcionó el avión para transportar a los desterrados, quienes estarán en libertad por razones humanitarias por dos años bajo la fórmula diplomática de “parole humanitaria” (urgentes o de beneficio público significativo), lo que les permite el permiso de estadía en los dominios del Tío Sam por 24 meses, periodo en el que podrían trasmitir el asilo político. El grupo de desterrados llegó al aeropuerto Internacional de Dulles, en las cercanías de la capital de la Unión Americana, poco antes del mediodía del jueves 9 de febrero, donde les esperaban un centenar de personas, la mayoría nicaragüenses que viven en EUA.
Entre los desterrados se encuentran Cristiana Chamorro (periodista y ex candidata presidencial), Pedro Joaquín Chamorro, la ex comandante sandinista Dora Téllez, el ex canciller Víctor Hugo Tinoco, Félix Madariaga, Miguel Mora, Medardo Mairena, Arturo Cruz, entre otros. La lista completa fue publicada por el portal El Confidencial.
Se desconoce el número de prisioneros políticos que aún permanecen en prisión, que con humor negro se considera han tenido suerte mientras otros 300 no, porque fueron asesinados. De hecho, Ned Price, el vocero del Departamento de Estado de EUA, informó después de la llegada de los expatriados que el gobierno nicaragüense identificó, en primera instancia, a 224 personas que saldrían de la cárcel en la noche del miércoles 8 de febrero para ir al exilio, pero dos de ellas se negaron a abordar el avión. Una de estas personas era el obispo Rolando José Álvarez Lagos, de 56 años de edad, originario de Managua, y actual obispo de Matagalpa y administrador apostólico de Estelí.
El caso del obispo Álvarez Lagos ocasionó muchas reacciones. Por ejemplo, la legendaria guerrillera sandinista, Dora María Téllez, una de las excarceladas acusada por el régimen de Ortega por “traición a la patria” —frase que ya se ha hecho costumbre que algunas administraciones auto calificadas como de izquierda en varias partes de Hispanoamérica, incluyendo México, usen para tratar de denigrar a sus “enemigos políticos”—, consideró que el presidente nicaragüense “está enloquecido de odio” porque perdió el pulso contra los presos políticos, porque no resistía ya la presión internacional ni nacional.
Dora María Téllez, que en sus momentos revolucionarios fue compañera de armas del actual sátrapa nicaragüense —que resultó peor que el dictador Anastasio Somoza—, y que estuvo en prisión durante veinte meses, vaticinó que la cárcel que ahora sufre el obispo Rolando Álvarez Lagos, condenado a 26 años de confinamiento tras las rejas, “le va a explotar en la cara a Ortega y su esposa, la “copresidenta” Rosario Murillo”.
Considera Téllez que Ortega está desesperado por el control de las redes sociales y los medios de comunicación digitales: “no logró que a nivel internacional se olvidaran de Nicaragua. No pudo tender un manto de silencio, como ocurre en Cuba”. “Veo un proceso de enloquecimiento continuado, que empeora cada día. ¿Qué pretende sacar de la condena del piso Álvarez? ¿Cree que lo va quebrar? ¿Qué lo va a doblegar? No lo va a doblegar. ¿Que va a hacer que se arrodille? No se va a arrodillar. ¿Que Álvarez lo va a suplicar salir de ahí? No lo va a hacer”, puntualizó.
Sin duda Dora Téllez no pertenece a la caterva “sandinista” que comanda Daniel Ortega, sobre todo porque el aparato de poder en Nicaragua está en crisis y forma parte de “los procesos de descomposición profundos de los Ortega-Murillo”, y repite con frecuencia que “ese es un juego que Ortega ya perdió. Es cuestión de tiempo, y le va a explotar, porque Rolando Álvarez no es un obispo delincuente, no es un obispo que esté metido con los narcos. Es un obispo vinculado a su gente, un obispo pastor, un obispo con una voz fuerte, con un liderazgo fuerte. Con él no hay enredos: es un preso político, y ese preso político les va a explotar otra vez en la cara”.
Tanto así que su persecución por parte de Ortega, rebasó su condición de sacerdote que incluso retumbó en las paredes del Vaticano, y cimbró al Papa Francisco, el obispo que llegó al Vaticano procedente del fin del mundo, pero que pese al cargo no deja de expresarse como cura argentino. Con tono de tango, el domingo 12, el Pontífice católico “lamentó” la condena impuesta a 26 años de cárcel impuesta por Ortega al obispo Ortega que condenó la represión —pero no aceptó ir al exilio— y prefirió seguir pastoreando su rebaño; Francisco no condenó el abuso penal del régimen en Nicaragua, ni la persecución que realiza el actual “sandinismo” en el poder contra la iglesia católica en el país centroamericano. Tras el Ángelus dominical en la Basílica de San Pedro, el obispo de Roma se limitó a decir: “Las noticias que llegan desde Nicaragua me han dolido no poco, y no puedo no recordar con preocupación al obispo de Matagalpa, monseñor Rolando Álvarez, a quien quiero mucho, condenado a 26 años de cárcel, y también a las personas quien han sido deportadas a Estados Unidos”.
El gesto del obispo Álvarez —que ha sido muy crítico con el régimen autoritario instalado por Ortega y su esposa Rosario Murillo— ocasionó que el gobierno lo detuviera al negarse a subir al avión que los trasladaría a EUA y que lo sentenciara a 26 años y cuatro meses de prisión, acusado de traición a la patria.
El Papa Francisco se limitó a pedir la ayuda celestial, sin pedir concesiones concretas a las autoridades en funciones: “Pidamos al Señor la intercesión de la Inmaculada Virgen María, para que abra el corazón de los responsables políticos y de todos los ciudadanos a la sincera búsqueda de la paz, que nace de la verdad, de la justicia, de la libertad y del amor”.
Hace poco más de cuatro años, en 2018, el gobierno salinista expulsó de Nicaragua a un sacerdote colombiano y otro salvadoreño. El año pasado, el turno fue para él nuncios apostólico Waldemar Stanislaw Sommertag y 18 monjas de la orden Misioneras de la Caridad, fundada por la Madre Teresa de Calcuta. Asimismo, en 2022, Ortega clausuró nueve estaciones de radio católicas y sacó de la programación de la TV de paga a tres canales católicos, además de prohibir procesiones y romerías.
En agosto del año pasado, cuando el obispo Álvarez Lagos fue detenido por la policía por denunciar “violaciones de derechos humanos”, la feligresía católica volteó a ver a Roma, con la esperanza de que Francisco rompiera su silencio ante la persecución que sufría la Iglesia Católica en Nicaragua, sin embargo, el pontífice de origen argentino no condenó el arbitrario arresto de Álvarez, y se limitó a pedir a Dios (muy en su papel) “con intercesión de la Purísima —Inmaculada Concepción de María, patrona de Nicaragua—, un diálogo abierto y sincero para “encontrar las bases una convivencia respetuosa y pacífica”. Parecía que el pontífice católico se refería a otro país y no a Nicaragua, dijeron varios analistas políticos nicaragüenses. De tal forma, Manuel Orozco, conocido politólogo, calificó de insuficiente la intervención papal en el conflicto del Estado y la Iglesia locales.
El experto dijo: “el desaliento de muchos católicos en Nicaragua y América Latina por el silencio del Papa sobre Cuba y Nicaragua le está costando una pérdida de fieles, lo que es una táctica bastante errada en un momento en que la Iglesia Católica trata de recuperar seguimiento en todo el mundo”.
No hay que olvidar que la grey católica representa un 58.5% de los 6.6 millones de nicaragüenses, según el último censo nacional. Y, por otra parte, la dictadura orteguiana mantiene las mejores relaciones con la pujante iglesia evangélica, gracias a que ésta se niega a criticar la represión.
A su vez, Jacques Rogozinski Schtulman, economista, periodista y escritor mexicano, hijo de sobrevivientes judíos del Holocausto, en su columna periodística “AMLO: ¿Por qué guarda silencio?”, expone: “A pocas horas de su arribo a EUA, el gobierno español les ofreció la nacionalidad (a los nicaragüenses deportados). El gobierno de México guarda silencio. Esto es incoherente, AMLO en repetidas ocasiones ha hablado sobre sus valores humanistas y su defensa por los derechos humanos. ¿Por qué no hay la mínima expresión de solidaridad?… ¿Será que aún después de múltiples reportes y denuncias de los crímenes de lesa humanidad del gobierno sandinista en Nicaragua y de los desterrados como prisioneros de conciencia, a López Obrador le queda duda?”. O, mejor dicho, sucede con el mesías tabasqueño lo que ya ha hecho en ocasiones anteriores: “Candil de la calle y oscuridad de su casa”. O, resulta que “no es igual a los otros, es peor”. Un buen día, el pueblo —el que tanto cita en sus arengas y en sus “mañaneras”—, puede decir: ¡Ya basta! VALE.