Con frecuencia mayor de la que se supone, muchos mandatarios “demócratas”, “al servicio del pueblo”, y militantes de la “infalible izquierda”, surgidos de elecciones amañadas, llegan al delirio del “poder” despojando de su nacionalidad —algo imposible de lograr pues es un derecho intrínseco de todas las personas— a los opositores, no sólo políticos sino a los intelectuales, incluyendo escritores, periodistas, ministros religiosos, a antiguos compañeros de lucha (en la guerrilla), y a todos los que se oponen a su mandato. Esto no es privativo de un solo país, ha sucedido en todas partes del globo, en Europa, en Asia, en Africa, y en América, desde el río Bravo hasta la Patagonia. En los días que corren el Nuevo Mundo vive jornadas de cínicas adhesiones dictatoriales en Cuba, Venezuela y Nicaragua, entre otros, cobijados, con la engañosa piel de oveja que acostumbran algunos presidentes tropicales como Andrés Manuel López Obrador, el “imprudente”, que no quiere ver los abusos del nicaragüense José Daniel Ortega Saavedra en contra de sus opositores que ya lo ubican en medio de la santería y otras prácticas demenciales.

El caso de Daniel Ortega, como popularmente se le conoce, es tan evidente que el expresidente de Uruguay, José Alberto Mujica Cordano, mejor conocido como Pepe Mujica, el casi nonagenario izquierdista latinoamericano, respetado en la mayoría de esos los círculos, días pasados declaró: “¿La mano? Hace rato que se le fue a Ortega”, en referencia a la ola de represión de opositores en Nicaragua.

Mujica fue guerrillero izquierdista en los sesenta del siglo pasado, fue miembro activo del Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros, antes de convertirse a la vida política democrática uruguaya y ser presidente (número 40) de 2010 a 2015, y comentó los abusos de Daniel Ortega al final de un acto en la Universidad de la República, en Montevideo, donde fue homenajeado por la Misión de Verificación de Naciones Unidas en Colombia, por contribuir al proceso de construcción de paz en ese país. Mojica, retirado de la viuda parlamentaria comentó que, por ahora, su papel “es sembrar ideas para que las recojan las nuevas generaciones”. Parece ser que entre los que copian su manera de calificar a ciertos gobernantes izquierdistas latinoamericanos no se encuentra López Obrador, que se desempeña pragmáticamente frente a sus pares como mejor le conviene. Y cuando lo hace cantinflea.

Poco más de una semana después de haber sido desterrados y despojados ilegalmente de su nacionalidad, los 222 opositores que arribaron a Estados Unidos de América en un avión autorizado por el presidente Joe Biden, organizaciones defensoras de derechos humanos, como Human Right Watch, han indicado que aún quedan detenidos en prisión otros 30 opositores. Poco a poco los desterrados comenzaron a contar sus sufrimientos en la cárcel nicaragüense durante meses y hasta años, solos por oponerse o criticar al gobierno de Daniel Ortega. Las condiciones eran horripilantes: celdas, de tres metros por dos, completamente a oscuras y un hoyo en el piso para satisfacer sus necesidades fisiológicas. Gritos que se escuchaban a la distancia de presos amarrados con cadenas. Amenazas de los guardias. Agua racionada y frijoles descompuestos, era la base de la comida diaria.

Entrevistados por la agencia The Associated Press, varios desterrados describieron su falta de comunicación con sus familias, absoluta falta de higiene en las celdas, amén de las torturas cotidianas. La mayoría de los nicaragüenses expulsados de su país llegó al destierro estadounidense sin ningún contacto familiar causándoles gran zozobra; aparte, del miedo que sufren por la seguridad de los suyos en Nicaragua.

Así, por ejemplo, Víctor Manuel Sosa Herrera, de 60 años de edad, declaró: “Fueron tres años terribles. Creí que en cualquier momento nos mataban. Se siente rabia, enojo contra la injusticia”; y reprochó las amenazas de guardias carcelarios que identificaban como Montes, Juancito y López. Los recuerdos le atormentan. Cada vez que puede, Sosa Herrera asegura que uno de sus compañeros de cárcel quedó ciego por haber permanecido años solo y sin luz, en una celda igual a la suya. A diferencia de él, que fue enviado al exilio, el otro compañero de celda quedó detenido. Ambos estaban en El Infiernillo, nombre del área de máxima seguridad de la cárcel La modelo, de Tipitapa, en las cercanías de Managua, en donde encarcelan a varios de los presos políticos junto con asesinos y narcotraficantes.

Conforme pasan los días, la pareja gobernante de Nicaragua: Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta, cometen mayores despropósitos. El ex guerrillero sandinista ya es el espejo del dictador al que combatió, Anastasio Somoza. El más reciente de sus abusos dictatoriales, que infortunadamente no será el último, es el “despojo” de la nacionalidad nicaragüense, así como los bienes personales y otros derechos políticos, a otras 94 personas a las que “oficialmente” calificó como “traidoras a la patria”, frase que a últimas fechas ha usado también el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador al referirse a sus “adversarios” como eufemísticamente llama a la oposición. Entre las decenas de perseguidos por la “insania” orteguista se encuentran los famosos escritores Sergio Ramírez Mercado, la poetisa y novelista, Gioconda Belli Pereira, el periodista Carlos Chamorro y el obispo Silvio José Báez Ortega, entre muchos otros.

En tales circunstancias, continúa en ascenso el repudio a las medidas reprimidas aplicadas por la administración Ortega-Murillo. Al acuerdo inicial de EUA por acoger a 222 deportados por Managua, y del gobierno de España por otorgarles la nacionalidad, y al apoyo de quinientos intelectuales de todo el planeta, el fin de semana último se sumó nuevamente el joven presidente de Chile, Gabriel Bóric Font (apenas de 37 años de edad), al señalar que “el dictador nicaragüense no sabe que la patria se lleva en el corazón y en los actos, y no se priva por decreto”, mientras que su homólogo de Colombia Gustavo Francisco Petro Urrego, reiteró que es inadmisible que en Hispanoamérica aún haya presos políticos. Ante estas declaraciones de los dos mandatarios sudamericanos, en sus capitales se empiezan a preguntar: ¿Y México?

Así, fuentes oficiales de Argentina y de Chile, señalaron el martes 21 de febrero, su anuencia a conceder su respectiva ciudadanía a más de 300 nicaragüenses que se les “canceló” la nacionalidad por órdenes del gobierno dictatorial de Ortega y Murillo. La portavoz presidencial argentina, Gabriela Cerruji, por medio del Twitter afirmó: “El gobierno argentino está dispuesto a otorgar la ciudadanía a Sergio Ramírez, Gioconda Belli y a todos los que están padeciendo lo que sucede en Nicaragua”. Asimismo, el canciller del mismo país, Santiago Andrés Cafiero Bianchi, afirmó en una entrevista a la radiodifusora Radio Con Vos, que “si Sergio Ramírez pide la ciudadanía argentina ser la damos. Se inicia un trámite sencillo y la Argentina está en condiciones de hacerlo”.

Por su parte, el gobierno presidido por Gabriel Boric Font afirmó que ordenará “los medios legales necesarios” para ofrecer a los más de 300 nicaragüenses calificados como opositores políticos, “la debida protección internacional que les permita residir en el país y obtener la nacionalidad chilena”, siguiendo las nomas de la nación sudamericana.

El comunicado enviado por el gobierno chileno señala que la historia de su país ha de mostrado que “la defensa de la democracia y derechos humanos y la solidaridad internacional entre pueblos trasciende coyunturas políticas”. El gobierno chileno, cabe aclarar, fue el primero de izquierda iberoamericana y uno de los pocos en condenar las disposiciones de Ortega, a quien no dudó en calificar como un “dictador”, después de que este les retiró a los propios nicaragüenses la nacionalidad y confiscó ilegalmente sus bienes inmuebles.

A su vez, el político portugués Antonio Manuel de Oliveira Guterres, ingeniero físico y profesor universitario, actual secretario general de la ONU, consideró “muy alarmante” que Nicaragua revoque la nacionalidad a centenares de ciudadanos, en su mayoría opositores. Y Stéphane Dujarric de la Riviere, portavoz de Oliveira Guterres, comunicó la semana pasada que el secretario general de la organización internacional “se alarmó al ver la decisión del gobierno de Nicaragua de despojar a 94 personas de sus derechos civiles y políticos, especialmente los de ciudadanía, nacionalidad y de la propiedad”.

“Creo que merece la pena recordar —agregó Dujarric—, que la Declaración Universal de Derechos Humanos establece que toda persona tiene derechos a la nacionalidad y que nadie debe ser privado de ella arbitrariamente”. Además, dijo que el Secretario General de la ONU se “siente alentado por la liberación de los 222 ciudadanos que habían sido detenidos por las autoridades de Nicaragua”, aunque agregaba que pedía “al gobierno que libere al resto de las personas que se encuentran en las mismas condiciones”, aunque “sin despojarlas de su nacionalidad a”, pues es un derecho humano fundamental.

Managua “justificó”, de manera absurda, el retiro de la nacionalidad de esos nicaragüenses imputando a los aludidos la comisión del delito de “traición a la patria”. Entre los afectados, como se sabe, hay periodistas, activistas, políticos, religiosos o defensores sociales. Todos ellos declarados “prófugos de la justicia”, que vieron confiscados sus bienes y sociedades capitalistas, que pasarán irregularmente a “manos del Estado”, según informó el periódico La Prensa.

En un gesto que merece reconocimiento, más de 500 escritores de diferentes países firmaron una carta de apoyo a los “nicas” afectados por el régimen dictatorial de Ortega y Murillo. El documento se titula “Son y serán nicaragüenses”. Resalta el hecho de que los escritores mexicanos que firman el desplegado no pertenecen a la 4T. VALE.