Desde el 27 de marzo, Francisco Garduño, titular del Instituto Nacional de Migración, desapareció de la escena pública, reapareció como imputado en un cargo penal.
La estación temporal migratoria de ciudad Juárez, Chihuahua, ardió y se convirtió en un infierno en donde 40 migrantes murieron y 25 resultaron lesionados. Una tragedia que enlutó a familias pobres centroamericanas y que colocó a la Cuarta Transformación frente a uno de los retos más importantes de este sexenio.
Quien dio la cara por esta tragedia fue Rosa Icela Rodríguez, Secretaria de Seguridad federal. Con el paso de los días, la indignación subió de tono. La oposición carroñera, como de costumbre, buscó obtener raja política. El presidente aguantó vara, prometió justicia. Dos corcholatas presidenciales se pasaron la bolita: Marcelo Ebrard y Adán Augusto López Hernández. Mientras la oposición pedía en el Senado de la República la comparecencia de estos dos secretarios, Garduño, el responsable directo, desapareció; se hizo ojo de hormiga.
El rumor de la destitución de Garduño cada día adquirió más fuerza. Esperábamos su remoción. La Fiscalía General de la República sorprendió al imputarle cargos penales. El paso lógico era la separación, pero López Obrador lo mantuvo en el puesto.
¿Por qué AMLO mantuvo en el cargo a Francisco Garduño? Por lealtad. Vinieron a mi memoria imágenes de mediados de los años noventa, cuando Roberto Madrazo se impuso en las elecciones para gobernador de Tabasco. Andrés Manuel López Obrador encabezó un éxodo que después de días de travesía por los calurosos caminos del Sur arribó al Zócalo de la CDMX en donde instaló un plantón. Recuerdo a Francisco Garduño llegando al plantón del Zócalo con cajas de documentos que probaron la compra del voto y el fraude.
De aquellos años a la fecha, Garduño ha sido una de las personas de confianza de López Obrador. Era natural que al ganar la presidencia, AMLO le otorgará un cargo de relevancia en su gobierno. Así ocurrió. El problema es que la lealtad no basta para ser un servidor público eficiente y eficaz. La experiencia de Francisco Garduño en la administración pública siempre estuvo ligada a la dirección y administración penitenciaria. El INM no necesitaba un celador, sino un defensor de los derechos humanos de los migrantes que le diera un nuevo rostro a la política migratoria Mexicana.
No debe haber impunidad, pero tampoco la fabricación de chivos expiatorios. Francisco Garduño y los demás servidores públicos imputados por varios delitos penales tienen derecho al debido proceso. El reto para la FGR es deslindar responsabilidades. Las víctimas merecen justicia. La consecuencia directa de esta tragedia es un cambio en la política migratoria mexicana. Más que un cambio en la denominación del órgano o institución responsable de la migración, debe darse un cambio en la política migratoria. Dejar de considerar a los migrantes como delincuentes y tratarlos como lo que son, víctimas de la violencia y de la miseria. Eso pienso yo, ¿usted qué opina? La política es de bronce.
@onelortiz
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