Los Universitarios hablan es un espacio abierto a la comunidad estudiantil, la que cursa la licenciatura en las instituciones de educación superior; inicialmente las que funcionan en la Ciudad de México. Pretende ser un espacio en el que los universitarios opinen libre y responsablemente sobre temas de actualidad.
En esta entrega participan estudiantes de la Escuela Libre de Derecho y de la Universidad Panamericana. Dan su visión respecto de un tema específico y actual: el paquete de iniciativas de reforma a las Leyes Minera, de Aguas Nacionales y Equilibrio Ecológico.
Elisur Arteaga Nava
Reforma a la ley minera
Por Arturo Yamil Alvarado Díaz Slim, ELD
El último par de semanas ha estado en discusión en el foro jurídico y político la iniciativa de reforma a la Ley Minera, la Ley de Aguas Nacionales, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. La trascendencia de esta propuesta estriba en el impacto que tendrá en el sector minero mexicano.
Originalmente la iniciativa proveniente del Ejecutivo Federal era en extremo estricta. Ésta, incrementó el umbral regulatorio respecto de la obtención de concesiones mineras, en el sentido de aumentar los requisitos de concursos públicos, visitas de verificación, tipos penales y un catálogo extenso de causales de revocación de las concesiones mineras, al mismo tiempo que restringía ampliamente los derechos sustantivos de los titulares de concesiones mineras, a saber: una reducción de la vigencia de los títulos de 50 a 15 años, eliminación del esquema de terreno libre, limitaciones a la disposición del título y del terreno concesionado, así como de las aguas provenientes de las propias minas.
A diferencia de la iniciativa del presidente, el grupo parlamentario de Morena volvió un tanto más laxo el paquete de cambios. Dentro de la propuesta cuyo trámite inició la semana pasada, se aligera la afectación al sector minero que implicaría la primera iniciativa. Por ejemplo, la vigencia de los títulos concesionarios se prevé para 30 años, 15 más de lo que se tenía pensado, pero, aun así, casi la mitad de la vigencia establecida actualmente. El argumento del Ejecutivo consistía en disuadir la “especulación con recursos de la Nación”, aunque la realidad es que el efecto práctico habría sido una devastadora señal de alerta para la inversión en producción de minerales.
A decir de José Jaime Gutiérrez, presidente de la Cámara Minera de México, la iniciativa del presidente denotaba desconocimiento absoluto de la actividad minera, pues limitaba la extracción de determinados minerales exclusivos para el Estado, imposibilitando la extracción de otros minerales que necesariamente están en aleación.
Otro punto de contraste es el agua, debido a que la primera propuesta planteaba limitar su concesión a la disponibilidad hídrica, mientras que la segunda aceptó mantener el aprovechamiento de aguas de laboreo medida por Conagua y mediando pago de derechos, entre otras cosas.
Como estas últimas diferencias, hay más que permiten aseverar que la reforma proveniente los legisladores es más flexible que la del presidente. Sin embargo, sigue limitando excesivamente la actividad minera, lo que podría ser muy dañino para la industria mexicana, pues nuestro país es referente mundial en extracción de recursos.
@arturoyamilads
Reforma a la ley minera:
¿cómo afectará la inversión extranjera?
Por Santiago de Hoyos Guzmán, UP
La industria minera ha sido una parte importante de la economía mexicana durante décadas, contribuyendo significativamente al crecimiento del país y favoreciendo la inversión extranjera. Sin embargo, la forma en que se ha desarrollado esta actividad en México ha sido objeto de críticas por parte de la sociedad civil y organizaciones ambientalistas debido a su impacto negativo en el medio ambiente y las comunidades locales.
En este contexto, el pasado 20 de abril del año en curso, el grupo parlamentario de Morena propuso ante la Cámara de Diputados un paquete de iniciativas de reforma a las Leyes Minera, de Aguas Nacionales y Equilibrio Ecológico, dicho paquete contiene variaciones respecto del que fue presentado por el Titular del Ejecutivo Federal el 28 de marzo del presente año. Este nuevo proyecto propone garantizar una actividad minera más sostenible y justa en México, no obstante, aunque esta serie de objetivos son legítimos y necesarios, existen otros aspectos de la iniciativa a considerar como la: (i) reducción en la duración de las concesiones mineras de 50 años, a 25 años prorrogables por un lapso igual; (ii) modificación en el proceso para la obtención de concesiones para convertirse en uno de concurso público; y (iii) la eliminación de la clasificación de la minería como actividad preferente, incluso para el aprovechamiento de aguas nacionales.
Un sector minero fuerte y accesible es uno de los factores tomados en cuenta por las empresas para establecer centros de producción en países extranjeros, lo anterior en vista de que los minerales fungen como facilitador en la etapa final de ensamblaje de diversos productos. De acuerdo con las estimaciones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), las oportunidades de “Nearshoring” en 2023 para Latinoamérica ascienden a la cifra de 78,000 millones de dólares en nuevas exportaciones de productos y servicios. De este total, se pronostica que 35,000 millones provengan de México, por lo que, de materializarse estas cifras, nuestro país se convertiría en uno de los principales benefactores del Nearshoring en América Latina.
Decisiones de la actual Administración Federal como la cancelación de la Planta Cervecera de Constellation Brands en Mexicali o del Aeropuerto de Texcoco en la Ciudad de México han puesto en tela de duda la certeza jurídica y los pilares del estado de derecho mexicano. Con la ratificación de la iniciativa en el Senado, el Estado Mexicano estaría modificando unilateralmente los términos y condiciones de negocios relacionados con la minería, mismos que representan 4,000 millones de dólares de la inversión extranjera nacional. Derivado de lo anterior, se detonarían una infinidad de paneles y arbitrajes de inversión en virtud de los acuerdos de libre comercio y de los Acuerdos Recíprocos para la Protección de Inversiones (APRIS) de los que México es parte. El impacto ambiental y la creciente creación de empleo en zonas alejadas, ambas como consecuencia de la minería, son hechos irrefutables, es por esto que a través de mesas de trabajo y diálogo se debe lograr una reforma que logre equilibrios y un arreglo satisfactorio, por el bien del país.
@sdehoyosguzman