Interrumpo la publicación de la segunda parte de mis Diálogos de muertos; lo hago por razones de oportunidad. No dejar pasar, sin protestar, la nueva injerencia del presidente de la República en el quehacer de la Suprema Corte de Justicia; aludo, también, a dos temas: la censura presidencial a los ministros de la Suprema Corte y a la pretensión de los morenistas de tener al monopolio de la desvergüenza y de la ilegalidad. De esto ya he escrito anteriormente.

En respeto del principio de división de poderes, la Constitución establece, de manera expresa y limitada, el número y la naturaleza de los contactos que pueden darse entre los Poderes Federales. Por tratarse de autoridades que gozan de facultades y atribuciones expresas y limitadas, debe entenderse que la previstas expresamente son las únicas que pueden darse entre ellos y que las demás están prohibidas. No habría razón de enumerar si, en la práctica, los titulares de ellos procuraran vías para entrar en connivencia o para que uno someta a los otros.

Entre el Congreso de la Unión y el presidente de la República, la Constitución enumera, limitativamente, las relaciones que pueden darse entre ellos: iniciativa (art. 71 frac. I), observaciones o veto (art. 72 inc. b); propuestas (arts. 76, frac, V, 89. frac. XVIII), rendición de cuentas de parte de los secretarios (art. 93); informe presidencial (art. 69), protesta, renuncia, licencias y autorizaciones (arts. 87, 86, 85, 88 y 29). Hay otras.

Las relaciones que pueden darse entre el Poder Judicial de la Federación y sus miembros y el presidente de la República son menos: éste propone al senado la terna para ministros de la Corte, tramita sus licencias y renuncias (arts. 76, frac. VIII, 89, XVIII y 96); debe “Facilitar al Poder Judicial los auxilios que necesite para el ejercicio expedito de sus funciones (art. 89, frac. XII). El Judicial hace legar al Ejecutivo su proyecto de presupuesto anual (art. 76, frac. IV). Debe entenderse que están prohibidas otras relaciones entre ellos.

Cuando Vicente Fox, siendo presidente de la República, se reunió en la residencia oficial de Los Pinos con el grueso de ministros de la Corte, para cenar y discutir la controversia constitucional que promoví para para defender a AMLO, en contra del desafuero, violó el principio de separación de poderes y los ministros su deber de imparcialidad. Su presidente, además, violó la Constitución al asesorar al presidente de la República (Rubén Aguilar V y Jorge G. Castañeda, La diferencia, ps. 284, 286 y 297, Grijalbo, 2007).

Ahora AMLO, como presidente de la República, reconoció expresamente que había platicado con cinco ministros de la Corte en relación con las acciones de inconstitucionalidad promovidas en contra del Plan B. Hacerlo fue violatorio del principio de división de poderes. En el caso, los ministros, por una cortesía a la figura presidencial seguramente lo escucharon; lo grave está en que el presidente de la República se haya entrevistado con ellos y que en la conversación no se haya dado intervención a la contraparte.

Cuando la sentencia salió adversa a su punto de vista, siguiendo su costumbre, él y sus partidarios la “agarraron” contra aquellos que tuvieron el atrevimiento de resolver en contra de lo que él suponía eran sus instrucciones. AMLO los calificó de haberse convertido en un nuevo Poder Conservador. Los morenistas, que le hacen segunda, alegaron la incompetencia de la Corte para conocer, a través de una acción de inconstitucionalidad, de vicios en el procedimiento. Es el colmo de la desvergüenza: ellos, que todos los días violan la Constitución, ahora se muestran defensores de ella. Se rasgan las vestiduras y cubren sus cabezas de ceniza como protesta a tan grosero atrevimiento.

AMLO y los morenistas no admiten la independencia judicial. Le estorban los ministros rebeldes. Amenazan con cesarlos tan pronto pasen las elecciones del 2024. Suponen que por voluntad de los electores tendrán la mayoría requerida para poder hacerlo.

AMLO, es muy dado a ofender. Agredir es lo que va con su naturaleza. Cuestionar a quienes se muestran insumisos es su forma de gobernar y someter. Pocos escapan a su censura; muchos se agachan al recibir el primer golpe. A pesar de ello, tanto él, como los señores ministros, magistrados y jueces deben recordar que protestaron cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanan.

En el caso de los ministros magistrados y jueces la protesta implica asumir el compromiso de ser imparciales y, en igualdad de condiciones, oír a las partes en litigio, no sólo a una de ellas.

Hubo dos ministras que disintieron de la opinión de la mayoría. Son las mismas que votan a favor de declarar constitucionales los actos de quien, al parecer, es su jefe. Aprueban sus actos por más absurdos que sean o por más vicios de inconstitucionalidad que contengan. Son ellas las que comportan como subordinadas y cómplices de AMLO. Son las que están faltando a la protesta que rindieron.

En éste y en otros casos, AMLO y sus dos ministras incondicionales son los que merecer ser calificados de haberse convertido en un supremo poder conservador; él merece un calificativo más fuerte: es un usurpador; lo es tanto o más que lo fue “El Chacal Huerta”. Éste, en 1913, no actuó solo, contó con el concurso de políticos antimaderistas y resentidos. AMLO cuenta con la complicidad de dos.

AMLO no se da cuenta de que las ministras que le son adictas, no lo son por cuanto a que su actuación esté apegada a derecho; una, lo es por razón de que la sostiene, a pesar de que no reúne los requisitos para ocupar el cargo; la otra, por seguir siendo morenistas, a pesar de que ante el Senado declaró que había renunciado formalmente a ser miembro de Morena. No obstante, su protesta de respetar la Constitución al ejercer el cargo, por conservar debajo de la toga su camiseta morenista, antepone los compromisos partidistas a su deber de respetar la Constitución.

Con el tiempo sabremos si la injerencia presidencial fue en calidad de paloma mensajera o de halcón voraz. Sea una u otra la presentación, lo cierto es que, de nueva cuenta, por boca propia, nos enteramos que AMLO faltó a la promesa que formuló en público de que no intervendría en el quehacer de los jueces.

Debemos felicitarnos de que haya ministros que supieron distinguir entre “agradecer” la propuesta o cumplir con las obligaciones que implica asumir el cargo de ser ministro del Máximo tribunal de la República. Ellos merecen el reconocimiento de todos los mexicanos.

Esperemos que quien substituya a AMLO entienda la naturaleza de las funciones que tienen confiadas los tribunales. No sería mucho pedir que se limitara a respetar su propia investidura y se dedicara a reconstruir las dañadas instituciones públicas.