En efecto, no somos iguales. Pocas cosas expresan mejor lo que cada polo electoral representa de cara al 2024 que el método con el que procesarán su candidatura presidencial. Nunca mejor dicho que la forma es fondo. Uno desempolva la más importante facultad metaconstitucional del presidente en el viejo régimen, designar al abanderado de su partido; el otro explora una fórmula inédita acordada entre partidos y sociedad, la cual incluye consulta directa a los ciudadanos. Desde ahí se aclara el dilema que tendrán los electores: dictadura o democracia.
Vale de inicio a fin. Después de dos años de campañas anticipadas, Morena convocó a seguir haciéndolas, con la única novedad de que ahora tuvieron que renunciar al cargo desde el que hacían su ilegal propaganda personalizada con recursos públicos. El propio López Obrador propuso a su partido las reglas de la disputa interna, las cuales no son otra cosa que la simulación deficiente del dedazo que destapará a la favorita, a menos que suceda algo inesperado. Ahí está la primera diferencia significativa. El oficialismo resolvió su procedimiento con el criterio de una persona. La oposición necesito de negociaciones complicadas entre partidos y organizaciones civiles para arribar a buen puerto.
El tapadismo regresó por sus fueros a instancias del titular del Ejecutivo que ha convertido la continuidad de su proyecto en un asunto de Estado, al grado de ser en los hechos coordinador y vocero de la campaña, desde mucho antes que ésta inicie formalmente. Que ahora se le llame corcholatas a los tapados podría ser visto como una simple anécdota, pero no deja ser aleccionador que denote la degradación sistémica y estructural que caracteriza al actual régimen, parecido en muchas cosas con el del siglo pasado aunque con tintes más rupestres.
Para ser corcholata se necesitó únicamente la mención del presidente en la mañanera, es decir, el proceso oficialista es por invitación restringida: la favorita y el reparto. En cambio, en el esfuerzo opositor cada aspirante tendrá que reunir 150 mil firmas de respaldo. Morena se sacó de la chistera una coordinación en defensa de la cuarta transformación por la que dicen que compiten los destacados ex altos funcionarios que renunciaron, pero no se encuentra ni siquiera en sus documentos básicos. Llevan ya dos años violando la ley y no les importa seguir haciéndolo. En cambio, la figura de frente político está en la Constitución y no hay nada que impida un ejercicio democrático para elegir a quien lo encabece.
Desde que pasaron las elecciones del 2021, es inocultable el derroche de recursos de las tres corcholatas principales del elenco. Las imágenes de Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard y Adán Augusto López se encuentran por todo el país y nadie da cuenta de dónde salió el dinero para financiar tan onerosa propaganda, por no hablar de los actos de acarreo masivo. Los cinco millones que les otorgó Morena se los acabaron en la mañana siguiente, pero se desconoce el origen. ¿Los millones vendrán de la corrupción, de empresarios favorecidos o del crimen? En contraste, como la construcción del Frente Amplio por México es un hecho legal, el INE fiscalizará los recursos que se utilicen.
No es menor la diferencia entorno a la deliberación. Mientras las corcholatas no pueden siquiera aludirse, tienen prohibido debatir y se limitan a halagar al dueño del dedazo que les puede cambiar la vida, la libertad de expresión de los competidores en el frente está garantizada y están pactados debates, tanto en la etapa preliminar como en la definitoria. En uno vemos una impúdica competencia de lambiscones y en el otro veremos que pongan las ideas a prueba con la discusión pública.
Lo que hace más distinto un método del otro es que del lado oficialista solo decidirá una persona y si acaso lo consultará con la almohada. La oposición, por su parte, se arriesgará a consultar a los ciudadanos en las urnas y, con ello, darles la última palabra. Es verdad que en ambos hay encuestas, pero se usarán de manera antagónica. López Obrador las quiere para disimular su dedazo, el Frente Amplio para inhibir el clientelismo y dar garantías a todos de juego limpio. Las corcholatas se desviven para conseguir el favor del único elector, los liderazgos opositores buscarán convencer a la gente.
Es importante recalcar que la convocatoria de la oposición es respuesta a las impunes campañas anticipadas del continuismo. Se encontró una forma legal y creativa de impedir que las corcholatas siguieran corriendo solas y rescatar algo de la equidad en la contienda. Se antoja difícil que el TEPJF le niegue el registro a la candidata oficial, por eso no era sensato permitir que la ventaja ilegal se siguiera acrecentando.
No está de más echar luz al hecho de que los ciudadanos están integrados en todas las etapas del proceso opositor. Tendrán mayoría en la Comisión Organizadora y la totalidad de los miembros de la Comisión de Observación. Es decir, la sociedad acordó los términos con los partidos, participará en la tutela y arbitraje del proceso, será testigo acreditado de todo cuanto ocurra y tomará la decisión final.
Con la audacia opositora de apostar por la democracia en la definición más importante, se le quitó al presidente el monopolio de la narrativa sobre la sucesión presidencial y hay esperanza fundada de acabar el próximo año con la pesadilla del populismo autoritario, corrupto y destructor a punta de votos.

