Por el retiro del ministro Luis María Aguilar en el mes de diciembre próximo, todo apunta que, ante un senado en el que ningún partido o coalición cuente con los votos suficientes para alcanzar las dos terceras partes de sus miembros para elegir a la sustituta, existe la posibilidad de que se llegue al extremo de que, ante la falta de un consenso, la próxima presidenta de la República tenga que asumir la función de designar a la nueva ministra de la Corte.

Digo nueva ministra, por razón de que, para diciembre próximo, siendo mujeres tanto la presidenta de la República, como la presidenta de la Corte, sin importar que la posición que queda vacante haya sigo ocupada por un hombre, las mujeres reclamarán que la posición vacante sea ocupada por una de ellas; alegarán que con la designación de una de una mujer se llevará equilibrio en la integración del Alto Tribunal, mismo que actualmente no existe.

Se puede presentar otra vacante: si en la UNAM se resuelve que la actual ministra de la Suprema Corte de Justicia doña Jazmín Esquivel Mossa, al elaborar su tesis de licenciatura, incurrió en el ilícito de plagio; sería obvio que no reunirá uno de los requisitos que para serlo exige la fracción III del artículo 95 constitucional, por lo que, una vez que la UNAM emita su veredicto, ella tendría que abandonar el cargo.

Existen elementos que indican que la resolución de la UNAM no se ha emitido en razón de los recursos a los que la ministra ha recurrido y también, al parecer, por cuanto a que las autoridades universitarias están evitando entrar en conflicto con AMLO que es una autoridad que está próxima a dejar el cargo.

Lo anterior supondría que la próxima presidenta de la República estará en posibilidad de presentar una terna al Senado para substituirla.

En este supuesto, para cubrir la vacante, es previsible que las mujeres también reclamen que quien entre en substitución sea otra mujer, en aplicación del principio de que espacio ganado por ellas, no lo pierden nunca.

De resultar electa doña Xóchitl Gálvez, en la designación de los ministros que faltan, ella estaría en posibilidad de designar dos ministros que se sumarían a los siete que hasta la fecha se han mostrados independientes, ello significará que contará con nueve de los ocho votos que son necesarios para alcanzar una declaración de inconstitucionalidad en controversias constitucionales y acciones de inconstitucional, lo que implicará que la Suprema Corte seguiría ejerciendo su función de controladora de la constitucionalidad.

En cambio, si resulta electa Claudia Sheinbaum las cosas pudieran cambiar: ella contaría con dos ministras más, ellos sumados a las ministras incondicionales con las que cuenta en la actualidad Morena, estarían en posibilidad de impedir una declaración de inconstitucionalidad.

Es bien sabido que las dos ministras de Morena una, vota por razones partidistas, la otra, por no saber derecho, lo haría en el sentido en que le indiquen sus superiores. La nueva minoría estaría en posibilidad de impedir, por razones partidistas, que la Suprema Corte sea la máxima autoridad controladora de la constitucionalidad.

En este supuesto, la responsabilidad de la defensa del principio de supremacía constitucional recaería en los jueces de distrito y en los magistrados de los tribunales colegiados de circuito. Serán ellos, a través de las suspensiones que concedan y de las sentencias que emiten, los que se conviertan en un obstáculo a la acción destructora de la constitucionalidad que eventualmente pudiera continuar Claudia Sheinbaum

De todo lo anterior deriva la importancia de impugnar, por todas las vías legales, la reforma a la Ley de Amparo que limitan la procedencia del otorgamiento de la suspensión.

Es de desearse que quien resulte electa como presidenta de la República tome conciencia de que la Suprema Corte de Justicia no es un reducto partidista y que la integración de la terna de candidatos se haga en observancia del artículo 95 constitucional y sin colores partidistas tal como sucedió con AMLO.

Hay algo que es cierto: por más mala elección que haga el Senado o por más mal designación que haga la nueva presidenta, con ninguna de quienes sean nombrados en substitución se caerá más bajo de lo que se cayó con la designación de Lenia Batres Guadarrama. Hay niveles, con nombramiento de ella no se puede caer más.

Si no es mucho pedir, a la nueva presidenta de la República le solicitaría que la ministra que designe sepa leer y escribir y, si de pedir se trata, también pediría que la designada, en ese caso sí cumpla con lo que dispone el último párrafo del artículo 95 constitucional: que los candidatos que aparecen en la terna o que la ministro que sea designada, sea una que haya servido con eficiencia, capacidad  y probidad en la impartición de justicia o que se haya distinguido por su honorabilidad, competencia y antecedentes profesionales en el ejercicio de la actividad jurídica.

La nueva presidenta de la República no debe incurrir en el vicio en que cayó AMLO: de hacer propuestas o designaciones por razones netamente partidistas, sin importar los méritos profesionales, ni la buena prestación del servicio de impartición de justicia.

En un país de leyes, mientras ellas estén en vigor, lo que menos se puede esperar es que se cumplan. Si los morenistas pretenden instaurar una dictadura el proletariado, que lo intenten, pero primero deben ganar democráticamente el Poder y, una vez que lo alcancen, ya estarán en posibilidad de introducir los cambios que estimen que les convienen.

La otra posibilidad es que den el anunciado golpe de estado; en este caso, si fracasan, aténganse a lo que dispone el artículo 136 constitucional. Llegado el momento no se hagan las víctimas cuando caiga sobre ellos el peso de la Ley.