El caso de la abogada Digna Ochoa resuelto por la Corte interamericana de Derechos Humanos, contra nuestro país, es muy representativo, pero, a este caso se suman, el caso Rosendo Radilla Pacheco, el caso González y otras (campo algodonero), el Cabrera García y Montiel Flores, en donde se expone que las investigaciones no son profesionales ni científicas, tienen omisiones o tendencias que no debe tener ninguna pesquisa.
Esto se ocasiona por tres cuestiones principales, a saber:
- La falta de profesionalismo de los cuerpos de investigación -peritos, policías y ministerios públicos-,
- El exceso de trabajo, y,
- Uno de alto impacto, que los peritos no cuentan con una versión propia de los hechos sobre los que se producen, pues están sujetos, tanto económica como laboralmente, al órgano que investiga, lo que impide que sus opiniones sean independientes.
El referido tribunal interamericano nos exige que contemos en todo el país, con órganos periciales autónomos para garantizar una verdadera investigación científica en materia criminal y en otras materias, cuando sea necesario.
En este tema, solo el estado de Jalisco libra el mandato -quizá el Estado de México-, pues ni la Federación, ni la mayoría de las entidades federativas, ni los fiscales estatales ni el federal, han dicho nada al respecto.
La Suprema Corte también ha guardado silencio, quizás sería importante que al igual que el caso Rosendo Radilla, algún Ministro, las Salas o el Pleno, formasen un expediente Varios, sobre este aspecto tan importante, pues con ello, se romperían las inercias de control de los cuerpos periciales.
El Foro Mexicano tampoco ha insistido sobre el tópico, lo cual sería beneficioso para el sistema de justicia mexicano.
No es una cuestión de recursos financieros, puesto que en todo el territorio nacional ya existen cuerpos periciales en las fiscalías, sólo es transferir el recurso actual a los nuevos órganos.
En una época en que se cuestiona la existencia de órganos autónomos, éstos, los periciales, no tienen nada que ver con las propuestas internas, sino con una orden de un tribunal supranacional, atendiendo al cumplimiento de derechos humanos contenidos en la Convención Americana, la cual se tiene que cumplir, a pesar de no ser política interior.
Hay aún muchas tentaciones en este tópico, pero lo importante es preparar
leyes que garanticen el ingreso, permanencia y ascenso de los peritos, con altos estándares, lo cual nos enseña el derecho comparado, pues esto ya se probó en otras partes y ha funcionado, son cosas que debemos aprender.
El autor es doctor en Derecho. Presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Michoacán.