En el tema de la prestación del servicio eléctrico a los usuarios de menores ingresos, no puede dejar de inferirse que cuando no les llueve, les relampaguea; el apagón masivo registrado en 13 estados del país, los pasados días 7 y 8 de mayo, volvió a sacar a flote uno de los tantos abusos cometidos por los funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) –con Manuel Bartlett Díaz al frente–, que nada dijeron ni han dicho de la obligación de la empresa pública por hacerse cargo de los daños ocasionados a los electrodomésticos de hogares humildes, a los que además, y pisoteando la tesis social de la 4T de “Primero los Pobres”, los han dejado sin electricidad por los cortes de luz ante el alto costo en sus recibos, pero en la peor de las infamias, por adeudos de unos cuantos pesos.

La intención de un cambió en las políticas pública ha pasado de noche por la CFE, cuyos altos funcionarios se muestran implacables con la gente pobre, llegando al extremo de emplear a la Guardia Nacional para intimidar a los usuarios organizados que desde el sexenio de Felipe Calderón, vienen dando la lucha contra los “recibos locos”, pues hasta la fecha no ha existido la voluntad  ni sensibilidad sociales para aplicar el “borrón y cuenta nueva” a miles de personas, muchas de la tercera edad y madres solteras, a las que de manera absurda se le ha intentado cobrar adeudos por varios miles de pesos, como si en sus humildes moradas pudieran darse consumos de esa magnitud.

Cortar la luz a la gente de escasos recursos en la actual ola de calor es una infamia y un crimen para la población que corre el riesgo de que sus escasos alimentos se echen a perder al no tener un refrigerador para conservarlos, pero también a su salud por el riesgo de severas deshidrataciones ante la imposibilidad de tener un ventilador o aire acondicionado que aminoren las brutales temperaturas, sobre todo en el norte y sur del país.

Los funcionaros del Centro Nacional de Control de Energía (CENACE), determinaron un “estado de emergencia”  en el Sistema Interconectado Nacional (SIN), tras el apagón masivo que dejó a millones de habitantes sin luz. Este organismo junto con la Comisión Reguladora de Energía (CRE), en su calidad de órganos reguladores, deben evitar el monopolio en el suministro básico respetando la ley, para evitar que sea la población la directamente afectada ante situaciones como la registrada por el aumento en el consumo de electricidad.

Lo delicado del asunto es que la CFE no aprende de las lecciones del pasado mediato, pues debe recordarse que en febrero del 2021, las heladas registradas en el norte del país, dejaron sin energía eléctrica y congelándose, para variar, a familias pobres en entidades como Nuevo León, Chihuahua, Coahuila, Tamaulipas y Sonora, por el error de depender en la generación de plantas de ciclo combinado, con uso predominante del gas proveniente de los Estados Unidos.

En el incierto panorama de abasto que amenaza con otra serie de apagones, es oportuno recordar a los diputados y senadores una cuenta pendiente que tienen con la población mayoritaria para elevar a rango constitucional el derecho a la electricidad como un derecho humano, como también, el establecimiento de una tarifa eléctrica, social y justa para evitar que funcionarios de la CFE con mentalidad neoliberal, corten la luz a los mexicanos de escasos recursos por adeudar tres o cinco pesos en sus recibos, burlándose del postulado de que “Primero los Pobres.