El Presidente de la República y la virtual presidenta electa, han hecho oídos sordos a todas las propuestas que han sido expuestas a lo largo de las intervenciones que los juristas conocedores del tema en los foros del Parlamento Abierto; y al estilo de Salinas de Gortari dejan que se desahoguen y expongan sus planteamientos a manera de catarsis, pero de entrada ni los ven ni los oyen.
Los foros del “Parlamento Abierto” que se desarrolla en la Cámara de Diputados Federal, para analizar la reforma al Poder Judicial sigue ofreciendo el espacio de propuestas y diálogo entre los legisladores y los integrantes del Poder Judicial, tanto desde los ministros de la Suprema Corte de justicia hasta magistrados y jueces, como de los integrantes del Consejo de la Judicatura.
Muchas han sido las intervenciones de los miembros del Poder Judicial quienes de manera contestes y conformes rechazan la propuesta tal y como ha sido presentada el 5 de febrero de este año, por el presidente ante el Congreso de la Unión, la mayoría estaría de acuerdo en que hace falta una reforma de fondo, pero sin llegar a propuestas populistas como la de elegir a los jueces por el voto popular, y que los candidatos a ser jueces puedan ser licenciados en derecho recién titulados sin experiencia alguna del ejercicio profesional.
No cabe duda que la propuesta del presidente es un contra sentido, pues todo profesionista requiere de una especialización, y que el ejercicio profesional le permite adquirir conocimientos y experiencia, como es así por ejemplo que un joven recién titulado de la carrera de medicina no está apto para operar una cirugía a corazón abierto, por mucho entusiasmo que tenga de curar al enfermo infartado; ni está capacitado para practicar una operación de cataratas, se requieren varios años de estudio adicionales para esas especializaciones y la constante práctica profesional para adquirir las destrezas del oficio; de igual manera un joven recién egresado de la carrera de Derecho no tiene las capacidades ni el conocimiento que se requiere para el buen desempeño de las funciones de juzgador; por mucho que como opina el presidente que “un hombre o mujer que se titula de abogado sale con mucho entusiasmo de hacer valer la ley “.
Como lo señaló el Ministro Javier Laynez Potisek, en su intervención en el Parlamento Abierto, “El cargo de juzgador no puede sustentarse en los apoyos directos e indirectos que recabe durante la campaña para lograr ganar la elección, porque de manera inevitable comprometerá la independencia y estará más propicio a la corrupción y conflicto de intereses”. Indudablemente que los jueces que pudieran ganar la elección estarían comprometiendo de manera muy peligrosa la independencia del Poder Judicial y entonces este Poder dejará de ejercer el contrapeso que toda democracia requiere para acotar el autoritarismo.
El proceso de designación de jueces y magistrados debe asegurar, como únicos elementos ineludibles, que haya criterios de selección objetiva, basada en su constancia curricular, el mérito personal y en la capacidad profesional.
La propuesta de reforma al Poder Judicial traerá como consecuencia el despido de un plumazo a jueces y magistrados que actualmente forman parte de dicho Poder, sin respetar la ley, sin causa justificada y sin derecho a un debido proceso, violenta y lesiona gravemente los derechos de las personas juzgadoras, además de violar diversos tratados internacionales de la materia que han sido suscritas por nuestro país. Una acción como esa hace que se pierda la confianza en las instituciones y genera inseguridad jurídica.
Es por ello que se debe seguir instrumentando la Carrera Judicial, porque es el sistema más eficaz para garantizar que las personas idóneas ejerzan el noble oficio de impartir justicia. La reforma debe ser también implementada en la justicia del fuero común, la justicia de los estados también requiere un sistema, mucho más estricto, de selección de los juzgadores, que no sean los gobernadores de cada estado los que designen a los magistrados de los tribunales superiores de justicia, que exista una verdadera carrera judicial en todas las entidades federativas.
La presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, señaló que la propuesta de reforma del Poder Judicial no aborda el problema de raíz para el acceso a la justicia, y por eso invitó al presidente Andrés Manuel López Obrador y a la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, para que se sumen al diálogo sobre la reforma, y para que conozcan los resultados del Encuentro Nacional para una Agenda de Seguridad y Justicia, que organizó el Poder Judicial y la Judicatura federales.
Sheinbaum rechazó la invitación y respondió que para eso están los Parlamentos Abiertos; la iniciativa fue enviada al Congreso y los diputados abrieron el parlamento abierto sobre la reforma judicial, solo ese es el espacio. Y cerró la posibilidad de un cambio en la propuesta legislativa enviada: “La gente es inteligente, el pueblo sabe que cuando va elegir a un juez, magistrado o ministro de la Suprema Corte sabe cuál es el papel que va a desempeñar, no es una cuestión de popularidad, sino de reconocer que el pueblo puede decir quiénes son sus representantes en el Poder Judicial”.
El rechazo a las reformas propuestas para el Poder Judicial no es solamente de los juzgadores y juristas conocedores del tema, también ha recibido la crítica y rechazo de diversos países y organismos internacionales,
La Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA) emitió un comunicado suscrito por ex mandatarios de 23 países, rechazando la iniciativa de reforma al Poder Judicial de México señalando que podría debilitar la independencia de jueces y magistrados, comprometiendo los derechos humanos y libertades fundamentales. Además, destacaron que una reforma que implique debilitar y desmantelar el Poder Judicial representa un atentado grave contra la democracia y la vigencia de un orden Constitucional.
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación aún no se pronuncia sobre la calificación de la elección de la presidencia de México ni sobre la integración de ambas Cámaras del Congreso de la Unión que forman el Poder Legislativo, sobre la interpretación de la Constitución en materia de la sobre-representación de los partidos en el Congreso.
De la resolución que emita ese alto Tribunal dependerá la conformación de ambas Cámaras y de ahí la posibilidad de un verdadero análisis y debate sobre la iniciativa a las reformas constitucionales que el presidente envió el 5 de febrero; es ahí en donde se dará la posibilidad de cambios a la iniciativa y de salvaguardar en lo posible la independencia del Poder Judicial, de lo contario anularía el sistema de equilibrio y contrapeso que impera en todo Estado Democrático de Derecho.