El pasado 8 de julio concluyeron los foros de análisis convocados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los resultados nos reafirman una preocupante realidad: la reforma judicial propuesta por el presidente saliente, López Obrador, no resolvería los problemas actuales del sistema. Por el contrario, sólo provocaría incertidumbre y significa un claro retroceso en la defensa de los derechos humanos.
En el actual panorama del sistema judicial mexicano, coincidimos plenamente con las declaraciones de la presidenta de la Corte, la Ministra Norma Piña, sobre la urgente necesidad de una reforma en el Poder Judicial. Su visión resuena con lo que diversos medios han destacado: es imprescindible repensar y reestructura de nuestro sistema de justicia.
Coincidimos y nos hemos pronunciado firmemente en contra de la elección de jueces por voto popular, ya sea de forma inmediata o gradual. Por ello, debemos señalar que para nada son atinados los retos a Ministros, magistrados y jueces por parte de la presidenta virtual, Claudia Sheinbaum, cuando dice: “si son buenos, participen en la elección”. Justifica dicha reforma con argumentos de que “hay que hacer un estudio de los apellidos de los jueces, de los magistrados, porque hay mucho nepotismo, y muchas recomendaciones”.
En este sentido, recordemos que el nepotismo existe, se da y no se erradica en 4t. Tan sólo medios de comunicación han consignado al menos 26 integrantes de seis familias cercanas al obradorismo que ocupan cargos en los tres poderes y en los tres niveles de gobierno. Este tipo de prácticas no se solucionan con cambios superficiales o con discursos populistas, sino con medidas concretas y una verdadera voluntad política para erradicar la corrupción y el favoritismo en todas sus formas.
Por lo tanto, la reforma al Poder Judicial, así como la plantea el ejecutivo Federal, fortalecería los grupos de poder, coincidiendo con la consideración de la Ministra Piña. Estos grupos podrían influir significativamente en la elección de jueces, consolidando su dominio. Asimismo, esta reforma parece ser un intento velado de deshacerse de jueces y magistrados independientes, debilitando a un Poder Judicial que este gobierno ha calificado como su enemigo por no respaldar la violación a nuestra Constitución. Esta estrategia no solo es peligrosa, sino que también atenta contra los principios básicos de una justicia imparcial y autónoma.
La reforma al PJ no aborda de manera adecuada las necesidades y desafíos del sistema judicial mexicano. En lugar de ofrecer soluciones concretas y bien fundamentadas, introduce elementos que podrían desestabilizar aún más el frágil equilibrio de nuestra justicia. La incertidumbre generada por esta propuesta amenaza socavar la confianza en nuestras instituciones y retrocede en los avances logrados en la protección de los derechos humanos. Es un hecho que con la elección de jueces por voto popular no llegarán las personas más capacitadas.
En las palabras de la Ministra Piña, “no podemos caer en la salida fácil ni empezar de cero”. El contexto tan complejo que vive nuestro país no permite la improvisación. La improvisación no beneficiará a los justiciables; al contrario, supone un retroceso en la protección de los derechos humanos de las personas. Esta advertencia subraya la gravedad de la situación: cualquier reforma debe ser cuidadosamente considerada y no producto de decisiones precipitadas que puedan poner en riesgo la justicia y los derechos humanos en México.
Igual de delicado y lamentable es que López Obrador y la presidenta virtual se hayan negado a dialogar sobre la RJ, ante la convocatoria de la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña. “Yo no tengo ya nada que ver en esto, ya entregué mi iniciativa, de acuerdo con mis facultades. Estoy convencido que hace falta la reforma al Poder Judicial”. Esta ha sido la característica del presidente saliente; negarse a hablar, dialogar, escuchar voces críticas u otras propuestas que no se alinean con su visión. Así lo hizo con la Oposición durante su mandato que ya concluye en menos de 13 semanas. Esta falta de disposición al diálogo no sólo es preocupante, sino que también refleja una actitud autoritaria que no favorece el desarrollo de una democracia sana y participativa. Esperemos que esta imagen y actitud no sea el sello del próximo gobierno morenista.
En conclusión, la reforma judicial propuesta por el presidente saliente, López Obrador, no solo es insuficiente para abordar los problemas del sistema judicial mexicano, sino que también representa un peligroso retroceso en la protección de los derechos humanos y la autonomía del Poder Judicial. La falta de disposición al diálogo y la insistencia en medidas populistas y superficiales sólo fortalecen a los grupos de poder y perpetúan prácticas corruptas. Es imperativo que cualquier reforma se base en un diagnóstico preciso y una verdadera voluntad de mejorar la justicia en nuestro país. Esperemos que el próximo gobierno morenista siga este mismo camino de improvisación y autoritarismo, sino que trabaje por una justicia imparcial y efectiva.
La autora es senadora por Baja California y presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores América del Norte en el Senado.
@GinaCruzBC