Los datos son claros: desde 2014 a la fecha han huido de su país más de 7.7 millones de venezolanos. Y el proceso migratorio —forzado—, continúa. La población de la República Bolivariana de Venezuela es de 28.199,867 personas. Organismos internacionales informan que más de 9.3 millones de venezolanos sufren de inseguridad alimentaria de moderada a grave, es decir un tercio de la población, y casi otro tercio ha emigrado porque en su patria no ven futuro.

Deducción lógica de propios y extraños: Venezuela sufre graves problemas agudizados por la irreductible decisión de Nicolás Maduro para mantenerse al frente del país: “Gané las elecciones; jamás, por ningún concepto, la oposición anti bolivariana llegará al poder”. Así tenga que seguir hablando con pajaritos que le transmitan los consejos del difunto Chávez o suspenda el servicio “fascista” de WhatsApp, y cambiarlo por el chino Tik Tok.

Como capricho de niño berrinchudo, cuando el presidente Maduro desinstalaba la aplicación en su celular, brincaba como retrasado mental gritando: “¡Me liberé de WhatsApp; WhatsApp al carajo!”. De locura.

Cada segundo la situación en el famoso país petrolero empeora. El régimen presume de haber encarcelado a más de 2,000 manifestantes contra el fraude electoral; la represión multiplica el número de presos políticos en las cárceles. Para que nada falte, en situación tan caótica, revive la funesta y absurda propuesta del grupo mercenario estadounidense Blackwater —que se dio a conocer en operaciones de asalto en las guerras de Irak y Afganistán, contratados por el Tío Sam y otros gobiernos—, para capturar al mandatario chavista en Venezuela y ponerlo a disposición de la Corte Internacional de Justicia  en La Haya, Países Bajos, siempre y cuando la administración Biden eleve la recompensa que Washington ofreció en 2019, de 15 millones de dólares a 100 millones. Increíble.

Así de intrincada es la situación en Venezuela. Por lo mismo, todo mundo mete mano en la crisis y quiere llevar agua a su molino. Nadie de forma inocente. Siempre con razones ocultas. Pocos realmente interesados en ayudar al pueblo venezolano, la mayoría “lobos con piel de oveja” que presumen de ser diferentes.

De “izquierda” y de “derecha”. Como paladines de la democracia, de la libertad y la soberanía nacional. Mucho “sepulcro blanqueado”, teñidos de “transformación”. Demasiada retórica patriotera. En política nacional e internacional, ¿quién puede presumir de impoluto? Por más baños de pureza que se den. Viejos y nuevos. ¡Lástima de inteligencia y de preparación académica! Por eso la política es tan intrincada.

Al paso de los días, en medio del descontrol que priva en Venezuela y de la creciente represión ordenada desde el Palacio de Miraflores, la residencia presidencial, la oposición y los propios chavistas —bajo el ojo crítico de los simpatizantes y de los adversarios del régimen bolivariano—, se hacen dos preguntas obligadas pero por lo mismo nada fáciles de responder: ¿en cuánto tiempo habría una transición de poderes?, suponiendo que Maduro accediera a abandonar el mando presionado por las capitales extranjeras, y, sobre todo, si se diera esa transición a costa de qué”, sin descartar un espantoso baño de sangre que indudablemente sufriría el pueblo. Ese es el quid de la cuestión. Si alguien lo sabe que lo diga o que lo escriba.

Mientras tanto, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) citó —para hoy martes 7 de agosto—, a los 10 excandidatos presidenciales que Compitieron en los comicios del 28 de julio pasado, “para avanzar en el proceso que lleve la corte para “certificar” el resultado oficial de los comicios que “dieron la victoria a Nicolás Maduro”, la decisión que ha sido cuestionada dentro y fuera de Venezuela. ¿Demasiada osadía de los bolivarianos? O petulancia. ¿Quién daría crédito, en su sano juicio, a tan absurda cita? Sobre todo, cuando es público y notorio que el gobierno controla todo el proceso electoral, electrónico o manual.

Para evitar dudas sobre el fondo de esta cita, la presidenta del TSJ, Caryslia Rodríguez, aseguró que los ex abanderados ya fueron “debida y formalmente citados”, para un asunto que deberán atender personalmente, y ratificó, en tono solemne, que la falta de comparecencia “¡acarreará las consecuencias previstas en el ordenamiento jurídico!, sin precisar cuáles. Al buen entendedor, pocas palabras. Por lo mismo, es posible que los convocados no asistan, o acudan pocos.

Según la agenda por el TSJ a la primera cita debería acudir Edmundo González Urrutia, el abanderado de la principal coalición antichavista, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) que asegura haber ganado las elecciones por amplio margen y haber publicado el “83,5%” de las actas de votación para respaldar su reclamo.

Este mismo día deberían acudir los diputados José Brito y Luis Eduardo Martínez, cuyas formaciones judicializadas apoyaron a González Urrutia, por lo que fueron señalados como colaboradores del chavismo. Al día siguiente seguirían Daniel Ceballos, Javier Bertucci, Claudio Fermín y Antonio Escarrit. Y el viernes 8, harían lo propio Enrique Márquez, el único cercano a la PUD; Benjamín Rausseo y Maduro, que sería el último en acudir a estas citas, cuya dinámica se desconoce. A partir de estas reuniones la crisis pasa por una fase de hermetismo, caracterizado por el procesamiento a puerta cerrada de información ofrecida por el Consejo Nacional Electoral.

Lo más seguro es que todo este proceso termine con la “certificación” del triunfo de Nicolás Maduro y con el levantamiento de mayores cargos contra el ex diplomático González Urrutia, citado por el TSJ por segunda ocasión. En la primera cita, se le instaba a González Urrutia sentarse junto de Maduro, quien durante toda la semana anterior lo había llamado, a plena voz, “fascista”, “nazi”, “criminal de guerra” y “cobarde”, todo transmitido por televisión. A la manera del valentón heredero chavista.

De tal forma, la lideresa opositora, María Corina Machado, denunció una campaña de terror” luego de que la fiscalía, a cargo de Tarek William Saba, abrió una investigación contra ella y su candidato Edmundo González, por cargos de “instigación a la insurrección”, tras haber publicado el lunes 5 de agosto una carta abierta a militares y policías en las que defendían, su victoria en los comicios, y pedían a los uniformados ponerse “del lado del pueblo”.

En el documento, Corina hizo un llamamiento “a la conciencia de militares y policías para que se coloquen al lado del pueblo y deben parar esas acciones de inmediato. Les urgimos a impedir el desenfreno del régimen contra el pueblo y hacer respetar los resultados de las elecciones”. La investigación penal contra Corina Machado y González Urrutia, incluye la presunta comisión “de los delitos de usurpación de funciones, difusión de información falsa, instigación a la desobediencia a las leyes y a la insurrección”.

En la carta difundida por Carina y Machado, ambos señalan que “Maduro se niega a reconocer que ha sido derrotado por el país, y ante la legítima protesta, ha lanzado una brutal ofensiva contra dirigentes de los partidos democráticos, activistas civiles y hasta el ciudadano común”.

Vladimir Padrino, ministro de Defensa, por su parte, tachó el documento de la oposición de “panfleto”, y los pedidos de apoyo de “desesperados y sediciosos”. Acompañado del alto mando militar y policial, Padrino subrayó: “estos fatuos e irracionales llamados persiguen resquebrajar nuestra unidad e institucionalidad, pero jamás lo lograrán”.

Para evitar cualquier duda al respecto, Padrino agregó: “Ratificamos nuestra absoluta lealtad al ciudadano Nicolás Maduro Moros, legítimamente reelecto por el poder popular para el periodo presidencial 2025-2031”. Esta afirmación castrense pone de relieve que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro está dispuesto a “incendiar su país antes que aceptar su derrota”. Bien dice Agustín Basave Benítez en su columna “El cajón del filoneismo”: “Atención: la lógica de ese tipo de regímenes parte de la premisa de que el triunfo de la derecha “implica el arribo o retorno de los vendepatrias corruptos, y es preferible dinamitar la patria a “entregarla” y presenciar su fin”. No es necesario ahondar más en el asunto, por sus actos se identifican muy bien.

Todo indica que el “triunfo” cantado por Maduro no fue bien recibido por la generalidad de los miembros de la ONU, aunque unos cuantos, como Rusia, China, Corea del Norte, Cuba, Nicaragua y otros felicitaron al heredero de Chávez. Sin embargo, Washington aclaró, para disgusto de los amigos del bolivariano, que si bien reconoce al abanderado de la oposición antichavista, Edmundo González Urrutia, como vencedor de las elecciones venezolanas del 28 de julio pasado, aún no lo reconoce como Presidente oficial, por lo que demanda al gobierno en funciones y a adversarios negociar una transición democrática.

“Todavía no estamos en ese punto (de reconocerlo como mandatario). Estamos en estrecho contacto con nuestros socios en la región, especialmente Brasil, México y Colombia, para encontrar un camino a seguir”, informó el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller. Anteriormente, el titular de la misma dependencia estadounidense, Antony Blinken, reconoció el 1 de agosto la victoria de Edmundo González Urrutia, al dar veracidad a las actas de votación obtenidas por la plataforma opositora.

En este sentido, los ejecutivos de Brasil, Colombia y México, Luz Inacio Lula da Silva, Gustavo Petro y Andrés Manuel López Obrador respectivamente, han sido menos claros y en un comunicado conjunto pidieron al CNE, que haga públicas las actas y que se verifiquen los resultados.

Por lo menos en este intento conciliador, hay cierto grado de pragmatismo: ningún presidente o jefe de Estado en el mundo, tiene el poder suficiente para encarar, con éxito, la crisis venezolana”. Así, se entiende la posición de Gustavo Petro, que instó a Maduro y a la propia oposición venezolana “alcanzar un acuerdo político” para evitar que se detone una guerra en la región. Posibilidad que, a nadie, absolutamente a nadie, le conviene. VALE.