El Poder Judicial ha demostrado ser un firme defensor de los derechos constitucionales de México. Enfrentando con determinación los embates del Gobierno Federal, sus integrantes han frenado iniciativas presidenciales apresuradas, impulsadas por la mayoría morenista en el Legislativo. La Intención de Morena de concentrar el poder sin límites ni garantías amenaza con transformar nuestra democracia en una estructura opaca y centralizada.
Actualmente, el Poder Judicial se opone con firmeza a una reforma que podría desmantelar el sistema democrático que generaciones de mexicanos hemos conocido. Diversos analistas han advertido sobre los riesgos de esta reforma, destacando que podría inhibir las inversiones en el país. Morgan Stanley, un destacado banco de inversión global, ha bajado su calificación para México a “infraponderado”, citando la propuesta de reforma judicial como un factor clave. El reporte del bando también señala que el Nearshoring está enfrentando cuellos de botella, lo que añade más incertidumbre económica.
La propuesta de reforma judicial, que se pretende votar en la nueva Legislatura, ha generado inquietud en los mercados. La reciente rebaja en la recomendación de inversión por parte de Morgan Stanley subraya la gravedad de la situación. El paro nacional de jueces y magistrados para detener la reforma y defender su autonomía enfrenta acusaciones de buscar “privilegios” desde La Mañanera. Además, al Secretaría de Hacienda ha cuestionado la legitimidad del paro pidiendo al Consejo de la Judicatura que suspenda los salarios de quienes se manifiestas y tome medidas contra los que persistan en la huelga.
Un apartado de la circular de la Secretaría de Hacienda, titulado “Análisis laboral y presupuestal, obligaciones del Consejo de la Judicatura Federal”, establece que el Consejo de la Judicatura debe pagar las remuneraciones solo si los servidores cumplen con un eficiente desempeño” y considera la participación en manifestaciones como “inasistencia injustificada”, lo que podría afectar los pagos.
La reforma propuesta busca desmantelar completamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), permitiendo que los nuevos ministros sean elegidos en las urnas el próximo año. Además, jueces y magistrados serán reemplazados gradualmente. La aprobación de esta reforma podría ralentizar o detener los juicios de todo tipo, impactando negativamente el crecimiento económico.
Entre los afectados, el T-MEC.
La reforma también plantea un riesgo para la estructura económica al inclinarse hacia un mayor control gubernamental sobre actividades prioritarias clave. Este cambio podría cuestionar el carácter de nuestra economía de mercado. Cuando el gobierno interviene de manera excesiva, se puede decir que el país está adoptando un modelo económico con fuerte control estatal, en lugar de un mercado libre. Esto es preocupante, ya que el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), prohíbe hacer transacciones o acuerdos con economías que no se consideren de mercado.
La reforma afecta tres capítulos cruciales del T-MEC: el Capítulo 14, que asegura el trato equitativo de las inversiones; el Capítulo 23, que regula las condiciones laborales; y el capítulo 27, que se enfoca en las políticas anticorrupción. Estos capítulos son esenciales para mantener un marco justo y transparente en las relaciones comerciales y laborales. Modificaciones a estos aspectos podrían comprometer la integridad del acuerdo y tener graves consecuencias para la reputación y estabilidad económica de México.
Impacto en el gasto público
Contrario a lo que sostiene el Ejecutivo, la reforma judicial ciertamente tendría un impacto significativo en el gasto público. Las campañas asociadas, aunque mínimas conllevan costos sustanciales, y es vital considerar estas implicaciones financieras.
La situación financiera del gobierno federal es delicada. Nunca habíamos visto un crecimiento tan bajo en los ingresos del gobierno en décadas, y el déficit se ha triplicado en comparación con el cierre del sexenio anterior. Ignorar este costo no es una opción. Además, es esencial cumplir con la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que establece que cualquier reforma debe evaluar sus costos de manera rigurosa.
El mercado aún no parece haber ajustado adecuadamente sus expectativas respecto a una probable mayoría calificada de Morena en el Congreso y la inminente aprobación de la reforma judicial. La subestimación del impacto político y económico de esta y otras reformas podría llevar a la reacción acumulativa de los mercados en el futuro, que hasta ahora han mantenido una calma engañosa.
La autora es senadora por Baja California.
Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores América del Norte.
@GinaCruzBC