Algunos legisladores han amenazado a dos jueces de distrito de someterlos a juicio político; la razón: haberse atrevido a conceder las suspensiones que les fueron solicitadas en los juicios de amparo presentados ante ellos y que se enderezaron en contra del inicio del procedimiento de reformas al capítulo IV de la Constitución Política, el que regula la organización, funcionamiento y facultades del Poder Judicial de la Federación.

El hecho anterior me lleva a tener que reiterar algunos conceptos que ya he emitido anteriormente, mismos que son propios de un Estado de Derecho.

Por seguridad jurídica: primero, todas las determinaciones judiciales tienen la presunción de estar apegadas a derecho; segundo: todos, incluyendo a autoridades y particulares, estamos obligados a cumplir las determinaciones de los jueces; tercero: contra las determinaciones judiciales hay recursos, por virtud de estos se rompe la presunción anterior; y cuarto, a nadie debe serle gravoso el ejercicio legal de su profesión.

Las resoluciones judiciales, al igual que todo acto de autoridad, tiene a su favor la presunción de estar apegada a Derecho y haber sido emitida dentro de la órbita de la competencia de quien la emite.

La presunción de constitucionalidad, y de legalidad, en general, sólo se destruye agotando oportuna y fundadamente los recursos que la Ley establece; mientras eso no se haga por parte interesada, las determinaciones judiciales deben ser obedecidas.

La obligación de acatar recae en autoridades y particulares. A nadie es dable discernir respecto de qué determinaciones obedecer y cuáles no.

Por seguridad jurídica y en observancia del principio jurídico: (A nadie debe ser gravoso su oficio), mientras tanto no se demuestre lo contrario, se debe presumir que todo juez actuó con base en la Ley y que no puede ser encausado por hacerlo.

Independientemente de todo lo anterior, no alcanzo a ver qué harán los diputados y senadores para asumir y desempeñar legalmente las funciones que por virtud del artículo 110 constitucional tienen, en un eventual juicio político que se siga a los juzgadores que se atrevieron a conceder las suspensiones que les fueron demandadas, en los amparos que se promovieron en contra de la llamada reforma judicial.

Por un lado, los diputados que han amenazado con acusar a los jueces, de hacerlo, estarían imposibilitados para intervenir: hacer uso de la palabra, a favor o en contra de los acusados, en los debates que se den, intervenir en las comisiones y, en especial en la de Examen Previo; en su momento, estarían impedidos de votar respecto de la determinación de acusarlos o no ante el Gran Jurado. Entre estos estarán Ricardo Monreal Ávila y todos los diputados y senadores que incurran en desacato de las suspensiones concedidas. Ellos, por virtud del desacato, son parte del problema.

De seguir el procedimiento en el que se estudie y discuta la iniciativa de Reforma Judicial, en violación de las suspensiones concedidas, todos los diputados de Morena, del Verde Ecologista y del Trabajo que incurran en desacato y estudien dictaminen deliberen y la aprueben, existiendo suspensiones, estarán impedidos de intervenir en los procesos de juicio político. Así lo dispone la Ley federal de responsabilidades de los servidores públicos:

“Art. 34. Los miembros de las Secciones y, en general, los Diputados y Senadores que hayan de intervenir en algún acto del procedimiento, podrán excusarse o ser recusados por alguna de las causas de impedimento que señala la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación”.

Por otra parte, no observar lo dispuesto por el articulo 31 de la Ley federal de responsabilidades que dispone: “Las Cámaras enviarán por riguroso turno a las Secciones Instructoras denuncias, querellas, requerimientos del Ministerio Público o acusaciones que se les presenten”. Puede dar lugar a un juicio de amparo.

El presidente de la República, de conformidad con la fracción XII del artículo 89 constitucional, es el responsable de que se cumplan las sentencias y resoluciones de los jueces y, si no lo hace, incumplirá la obligación: A estas alturas del sexenio y vistos los precedentes, eso es algo que no le preocupa ni estaría dispuesto a acatar.

La declaración de Ricardo Monreal de que la suspensión concedida no será acatada por el Congreso de la Unión y la eventual negativa del presidente de la República de no prestar al Judicial los auxilios para que se cumplan las determinaciones judiciales, son un atentado contra el Poder Judicial que implica el rompimiento del orden constitucional, mismo que llega a los linderos del golpe de estado.

Puestos en ese plan, todos los particulares, válidamente, podríamos decir: yo tampoco daré cumplimiento a las sentencias y resoluciones judiciales que no me convengan. No veo ninguna razón valedera para que a mí sí me sean obligatorias y no a los servidores públicos que han protestado respetar la Constitución y las leyes que de ella emanan.

En una ruptura del estado de Derecho los jueces, en forma válida, podrían negarse a dictar autos de vinculación a proceso a los acusados por la Fiscalía General de la República.

AMLO entregará a su sucesora un país en caos absoluto: delincuencia organizada generalizada e incontrolable, inseguridad acentuada, corrupción en todos los niveles de su administración, inflación galopante y como van las cosas, ingobernabilidad, con un posible un paro generalizado de los tribunales, las universidades y escuelas de derecho,

AMLO es el responsable de la destrucción del Estado de Derecho, de la desaparición del principio de división de poderes y de la instauración de la dictadura de un solo hombre, de aquí al 30 de septiembre y de una sola mujer de esta fecha al 30 de septiembre del año de 2030. También lo serán los legisladores de Morena y sus partidos satélites al Congreso de la Unión, por convertirse en sus cómplices; los gobernadores de los estados, por no protestar en contra de tan grande despropósito, serán también corresponsables del desastre.

De la misma manera, será responsable de la destrucción del Estado de Derecho Claudia Sheinbaum; lo será por razón de no oponerse a la grave violación de la Constitución y por haberse convertido en una marioneta de AMLO; por dejarse manejar; y, finalmente por ser una ignorante, no tiene idea de lo que significa el principio de división de poderes y el respeto a la Ley.

Si la señora Sheinbaum pretende asumir realmente el cargo de presidente de la República, gobernar conforme a la Ley y si pretender ser obedecida, a la mayor brevedad posible debe quitarse esa monserga que tiene encima, mandarlo a las Islas Fiji, a donde deben ir los ex presidentes metiches y, con ello, reestablecer el tejido social que su padrino destruyó de manera irresponsable, al comportarse como un dictador y no como un hombre de Estado y hacerlo en prejuicio de México y de su gestión al frente del Poder Ejecutivo de la Unión.

El enfrentamiento entre Poderes públicos no puede seguir y hacerlo en detrimento del principio de seguridad jurídica.