El gobierno de López Obrador al que afortunadamente solo le restan 10 días, se termina en medio de controversias, reprobación, abucheos y diatribas de un segmento importante y nada desdeñable de la sociedad. La reforma legal a la parte orgánica del funcionamiento del Poder Judicial ha traído una gran confusión en el Sistema de Justicia Federal.

Alterado el rito republicano de rendición de cuentas, que es la comparecencia del titular del ejecutivo ante el pleno legislativo para informar del estado que guarda la administración, una vez más en esta ocasión presenciamos como por una serie de mezquindades políticas y salidas fáciles ante realidades parlamentarias, únicamente testimoniamos como la Secretaria de Gobernación, reducida a simple empleado de mensajería, acude al Palacio Legislativo a hacer entrega a los integrantes de la Mesa Directiva del Congreso recién instalado los volúmenes que contienen el VI y ultimo informe del régimen que agoniza.

Con la obstinación, terquedad y necedad con que se ha conducido desde su arribo al poder, López Obrador, insiste hasta el cansancio en presentar a los mexicanos una visión distorsionada de la realidad, que solo él percibe. Apoyado en cifras maquilladas las más de las veces, nos ofrece verdades a medias, grandes mentiras y omite las estadísticas que le desfavorecen o de plano su gobierno, autoritaria y unilateralmente oculta y niega las cifras de su Waterloo en materia de seguridad.

La negativa del gobierno a presentar las cifras de muertos, desaparecidos y desplazados como consecuencia de su errática y absurda política de “abrazos y no balazos” es solo una muestra de su cinismo y  complicidad con el crimen organizado, señalando que los medios informativos magnifican los hechos que suceden en Sinaloa como reflejo de una buena parte del territorio Nacional que es controlado por el crimen organizado.

Es cierto que todos los gobiernos buscan presentar una visión optimista de sus administraciones, pero se les juzgan por sus logros y resultados, no por sus propósitos e intenciones. En el caso  de este primer gobierno de Morena es notorio la improvisación en la conducción del gobierno mediante las ocurrencias de un solo hombre, alrededor del cual giran todos los temas y todas las respuestas a los problemas que enfrentamos cotidianamente los mexicanos.

Es indudable que ha contado con un gran apoyo por parte del Secretario de Hacienda  quien gracias  su férrea disciplina fiscal, ha mantenido unas finanzas públicas más o menos sanas y equilibradas, en el renglón macro económico, a pesar de que debe revisarse los niveles de endeudamiento que crecieron de forma significativa, el índice inflacionario continúa moviéndose a la alza. La utilización de todas las reservas del Estado, en programas clientelares con fines electorales que quizás una parte de las mismas pudieron usarse en gasto productivo mediante la creación  de infraestructura, lo que hubiese generado creación de empleos y crecimiento económico. El crecimiento económico anual promedio del régimen no alcanzó el 1 por ciento solo indica un estancamiento.

El presidente del lema “primero los pobres”, solo fue capaz de generar  la mitad de empleos formales de los que generó su antecesor, lo cual no es suficiente para cubrir las necesidades del país, los salarios aumentaron casi al doble llegando de 113.50 a 248.90 pesos, pero los trabajadores debido a la inflación, perdieron capacidad adquisitiva y la pobreza creció, revertiéndose las tendencias presentes en los últimos lustros. En otros rubros como seguridad social,  cobertura universal de salud,  construcción y modernización de instalaciones hospitalarias, construcción y modernización de carreteras no solo no hubo avances, sino que se deterioró toda la infraestructura existente y se produjo un gran desabasto de medicamentos en hospitales públicos.

La crisis de inseguridad que sufre el País, está alcanzando niveles de ingobernabilidad en extensas zonas o regiones dentro de las entidades federativas que presentan vacíos de autoridad o suplantación por parte del crimen organizado. La percepción mayoritaria de la población es que bajo este gobierno se renunció al combate a los criminales y que no existen programas ni políticas de gobierno contra las bandas delincuenciales; que de nada ha servido el empleo y movilización masiva del Ejército y que lo único que ha producido es poner en ridículo al ejército frente a la fuerza armada de la delincuencia. El descontento, la cólera sorda y la crispación resultante de la muerte innecesaria de civiles inocentes, de las ejecuciones extrajudiciales, de la desaparición forzada e involuntaria de personas y de las violaciones de derechos humanos, crece y se extiende en todos los estratos de la sociedad, las encuestas -sin las cuales son incapaces de gobernar-  señalan el derrumbe del apoyo a la inexistente política pública de seguridad.

La cerrazón autoritaria patente en la iracunda y algunas veces sarcástica respuesta del titular del Ejecutivo, quien pierde el sano juicio y reacciona con irritación emocional a los reclamos sociales, sólo evidencia su alejamiento de la realidad, por lo demás característica específica del sexto año de Gobierno desde el viejo sistema, en el cual el Presidente en turno secuestrado por sus allegados y corifeos se sentía dueño del destino de la patria.

La Política Pública de Seguridad del actual régimen, careció de un diagnóstico certero para su diseño, previo a la ejecución de dicha política, ésta se fue construyendo de manera  reactiva,  conforme la inseguridad se fue agravando y el Estado fue enfrentándose a fenómenos inéditos en el País. Lo que habrá de caracterizar y definir el gobierno que fenece, será sin duda alguna, la nula política en materia de seguridad pública. Los resultados son innegables, 195 mil muertos, miles de desaparecidos y desplazados, violaciones de derechos humanos, un gasto publico desmesurado y sin control para el sostenimiento de las fuerzas armadas, sin embargo siguen fluyendo toneladas de fentanilo, cocaína y mariguana hacia el norte, creció el consumo interno, las principales drogas mantuvieron estable su precio de mercado, los grandes capos sometidos a  juicio encarcelados en Estados Unidos, pero el lavado de dinero no se persiguió realmente y podríamos seguir y seguir enlistando. Solo vale destacar que todo ello se hizo violando flagrantemente la Constitución al militarizar la acción de persecución del delito, al costo del descredito que hoy arrastra el instituto armado y por si hiciera falta se les empleo desde las tareas de construcción de obras innecesarias o no prioritarias, hasta la vigilancia de fronteras, puertos y aeropuertos.

La despedida de este gobierno se presenta como un funeral a la libertad, la justicia, la democracia y la seguridad de los ciudadanos.