Claudia Sheinbaum ha dejado claro en su discurso de toma de posesión y en el mitin del Zócalo que la reforma constitucional al poder judicial es una prioridad en su administración. Aunque la reforma ya ha sido promulgada y se encuentra inscrita en la carta magna, la realidad es que sin sus leyes secundarias no podrá aplicarse.

Esta situación coloca al Congreso de la Unión ante una tarea apremiante y compleja: cumplir con los artículos transitorios y promulgar las leyes secundarias que permitirán la viabilidad de esta reforma.

Los plazos establecidos en la reforma suponen un gran desafío para las instituciones. El 16 de septiembre inició el proceso electoral judicial 2024-2025, mientras que el 16 de octubre el Senado deberá emitir la convocatoria para la elección. Para el 14 de diciembre, el Congreso de la Unión tiene el deber de promulgar las leyes secundarias que regirán la reforma judicial, y las entidades federales deberán adecuar sus marcos legales antes del 14 de marzo del próximo año. Todo esto con miras a la elección de jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte que tendrá lugar el 1 de junio y su entrada en funciones el 1 de septiembre.

Esta hoja de ruta, sin embargo, parece tener una falla en su secuencia. La convocatoria para la elección se emitirá antes de que existan las leyes secundarias, lo cual, si bien podría encontrar respaldo en la jurisprudencia, no deja de generar incertidumbre respecto a la certeza y transparencia del proceso.

La lógica indicaría que las leyes secundarias deberían estar listas antes de que se convoque a una elección, especialmente una de la magnitud y relevancia del poder judicial. Esto no solo proporcionaría claridad a los aspirantes y a la ciudadanía, sino también consolidaría la confianza en el proceso. No se trata de una cuestión menor, sino de una reforma estructural que afectará directamente la justicia en el país.

Esta urgencia por implementar la reforma rápidamente plantea una preocupación legítima: ¿qué tanto se quiere asegurar que la reforma al poder judicial salga bien? Si la prioridad es establecer una justicia robusta y creíble, entonces, ¿por qué no ajustar los plazos y garantizar un proceso ordenado y transparente? La respuesta podría estar en una enmienda a los artículos transitorios que establezca un orden lógico para estos tiempos. Aunque una modificación de este tipo podría parecer un retroceso, sería una muestra de sensatez y prudencia.

El Congreso de la Unión aún está a tiempo de corregir esta situación. Ajustar los plazos no solo evitaría las prisas innecesarias, sino que también otorgaría la certeza jurídica para que la elección de jueces, magistrados y ministros sea percibida como legítima por la sociedad. La prisa no debe convertirse en un obstáculo para la justicia; si algo ha demostrado la historia de las reformas en México, es que la solidez de los cambios depende de la preparación y el rigor con el que se implementan. Eso pienso yo, ¿usted qué opina? La política es de bronce

@onelortiz