En 2008 se reformó la Constitución Federal –artículos 16, 19, 20 y 21 en Materia Penal- para cambiar el sistema de justicia penal. Era un reclamo ciudadano y de órganos supranacionales, que la fe pública del ministerio público empañaba la investigación y el proceso penal. En pocas palabras, se decía que se “fabricaban” responsables o se ponía en la calle a personas no gratas.

Esto llevó a hacer un cambio dramático en el sistema penal: a retirarle la fe pública al ministerio público y dejarlo como abogado privado y a recabar pruebas y ponerlas a disposición de un juez que valuaría su pertinencia y suficiencia; a establecer un sistema de tres jueces desconectados uno de la decisión de otro. El juez de inicio, un juez de juicio oral, y, otro juez de ejecución de pena.

Las fiscalías han variado su organización, desde las que tienen “células” que llevan desde investigación, judicialización y compurgación; o aquellas que siguen teniendo las divisiones de investigación, judicialización y cumplimiento de la sentencia.

Para cambiar el sistema se dio un plazo largo, 8 años, de 2008 a 2016, para aprovisionar recursos humanos y financieros.

Se estructuró la columna vertebral del sistema: prevención, investigación, juzgamiento y reinserción social -en el sistema de adolescentes es un sistema educador-. Todos ellos constituyen, por sí mismos, microsistemas con cierta autonomía, pero interdependientes.

La idea era “despresurizar” el sistema, en primer lugar, previniendo la conducta antisocial con una cultura cívica –cultura de la legalidad-, y, en segundo término, que aquellos casos insignificantes se resolvieran a través de la “amigable composición” -medios alternos o con justicia restaurativa- y, que solo aquellos casos relevantes, importantes o trascendentes, fuesen sometidos a juicio.

Desde luego que desarrollar una cultura ciudadana de respeto al ser humano es uno de los elementos velados, pero de vital importancia en este sistema: hablamos de la prevención del delito –conducta antisocial, su diagnóstico y abordaje con soluciones económicas, sociales y culturales-.

La muy básica capacitación del personal y no me refiero al de los tribunales, sino de aquel de investigación y de cumplimiento de sentencias -este sistema de jueces especializados en ejecución, como ultima parte procesal-.

Un punto invisible de la formación de recursos humanos han sido las universidades y centros de educación superior, que han ido a remolque, y son pieza fundamental en la formación de los agentes del cambio estructural del sistema, no solo abogados, sino de seguridad pública, de medios alternos de solución de controversias y justicia restaurativa, de abordaje social.

Y de un tema neurálgico, la capacitación y profesionalización de las ciencias forenses, para lograr la verdadera investigación científica.

No pueden dejarse de lado trabajo social, psicología, psiquiatría, criminología, criminalística y otras ciencias, artes o tecnología que auxilian al sistema, por ejemplo, los grandes sistemas de inteligencia artificial o tecnologías de la información para resguardar los expedientes y darle seguimiento en tiempo a cada asunto, así como para contar con “mapas de calor” que permitan detectar derechos violados, zonas o regiones, rangos de edad e identidad sexo-genérica, tanto en imputados como en el ofendido o víctima.

El sistema se preparó para tres grandes operadores: jueces, defensores públicos y ministerios públicos, pero se olvidó de la defensa y actividad privada. Esto dejó fuera del aprendizaje y culturización a muchas y muchos.

Este modelo –ya que se trata de un modelo social-, también implica un cambio de cultura, avanzar a una cultura de respeto y paz.

En una sociedad de alta conflictividad social y en donde todo se quiere resolver con el derecho penal, como México, se ha ido colapsando el sistema penal acusatorio y adversarial.

Por un lado, las fiscalías que, por tener números, intentan judicializar todos los casos o la mayoría de ellos, muchos sujetos –para completar la investigación- a revisión del juez, pueden pasar “dormidos” meses, incluso años, sin que se pase a la siguiente etapa judicial. Por otro lado, pocos jueces con muchas audiencias, con exceso de pruebas, esto ha llevado a que, para audiencia de juicio oral, se señalen fechas con meses de distancias, años e, incluso, algunas audiencias que quedan en un “impasse” sin que se les asigne fecha.

Hoy, la percepción ciudadana del abatimiento de la delincuencia no es favorable, y, el sistema se encuentra prácticamente colapsado.

El autor es Doctor en Derecho. Presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Michoacán.