Los juicios desarrollados en las Cortes de Estados Unidos en contra de los narcotraficantes mexicanos han puesto al descubierto lo que ya desde tiempo atrás se decía, que los equipos gobernantes tanto de la Federación como de los estados han sido propiciadores y protectores de los grupos delincuenciales del Crimen Organizado. Ahora hay que esperar las nuevas declaraciones que brindaran los hijos de Joaquín Guzmán Loera (el Chapo) y las de Ismael (el Mayo) Zambada para descubrir de una vez el contubernio que existe entre autoridades y el crimen.
El balance sobre México respecto del control y abatimiento del Crimen organizado es en suma un tema muy preocupante para las autoridades de Estados Unidos. La crisis de inseguridad que sufre nuestro País, ha alcanzado niveles de ingobernabilidad en algunas zonas o regiones dentro de las entidades federativas que presentan vacíos de autoridad.
La Política Pública de Seguridad del sexenio anterior, careció de un diagnóstico certero para su diseño, previo a la ejecución de dicha política, ésta se fue construyendo de manera reactiva, conforme la inseguridad se fue agravando y el Estado fue enfrentándose a fenómenos inéditos en el País.
El trasiego de estupefacientes cocaína, mariguana, heroína, drogas sintéticas como el Fentanilo no se contuvo. El índice de consumo (adicciones) creció en lugar de disminuir. En Estados Unidos el consumo de drogas está en su apogeo, el negocio en franco crecimiento y sus autoridades poco hacen para combatir este delicado problema de salud social y controlar la fabricación y venta de armas a México. Tampoco se sabe de aprehensiones y operativos en contra de los grandes distribuidores y jefes de la mafia en el territorio Norteamericano.
La violencia del crimen organizado creció en el pasado sexenio; de enero de 2019 a septiembre de 2024 se contabilizaron casi 200 mil asesinatos y la cifra de desaparecidos sumó más de 50 mil personas desaparecidas. Las violaciones a derechos humanos por parte de miembros del Ejército, la Marina y las policías crecieron considerablemente en el sexenio pasado y los índices siguen aumentando este primer mes de gobierno. Los índices delictivos crecieron exponencialmente en delitos como homicidio doloso, robo, secuestro extorsión.
No existe un enfoque integral que enlace las Políticas de Seguridad con las de Educación, Salud y Empleo. Existe una gran descoordinación entre las diversas instituciones federales que participan SEDENA, Guardia Nacional, MARINA PGR, SSP, lo que se ve agravado en materia de información de inteligencia. Y por si fuera poco, el sistema penitenciario se encuentra en crisis terminal, las fugas de reos, hacinamiento y violaciones de Derechos Humanos de los internos, así lo evidencian.
México no ha honrado sus compromisos internacionales adquiridos al suscribir la Convención de Palermo sobre el Lavado de dinero. Actualmente solo existen sujetos obligados financieros regulados por disposiciones de Carácter General emitidas por la SHCP. Los resultados en la investigación y persecución del lavado de dinero son pobres, hay muy pocas consignaciones. Las instancias de la PGR Y SHCP, responsables de la prevención del lavado de dinero carecen de los instrumentos necesarios o no los utilizan a cabalidad para desmantelar las redes patrimoniales y financieras de los grupos delincuenciales.
Mientras tanto, el tiempo con su velocidad inexorable nos tiene ya iniciando un nuevo gobierno dentro del mismo régimen que el anterior gobierno. Los medios siguen escuchando la voz dominante ahora de la inquilina de Palacio, Quien se empeña en vivir instalada en el país paralelo e irreal que le construyó su mentor y antecesor, además de obsesionada por convencer para vender su verdad día con día con respecto de la reforma judicial y la inexorable elección de ministros, magistrados y jueces del Poder Judicial de la Federación, sin importarle que para ello viole la Constitución y la Ley de Amparo, a pesar de haber “protestado guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen” y se aferre a un desacato a la autoridad judicial; no quiere aceptar que con su actitud está rompiendo el Estado de Derecho y abre la puerta a que cualquier ciudadano desobedezca a las autoridades y a la Constitución y las leyes.
Abordar la Inseguridad y su creciente espiral de muertes y violencia o la polarización y encono que conscientemente el anterior presidente generó entre los mexicanos, nos pone en alerta sobre los acontecimientos que veremos seguramente en un futuro próximo, y con el desenlace sobre las advertencias que realizaron los mandatarios de Estados Unidos y Canadá sobre la Inseguridad en México y la violación al Tratado de Libre Comercio con las reformas, además de la energética, ahora con la reforma al Poder Judicial.