Como una manera de enviar mensajes en su muy particular código, los cárteles vinculados al narcotráfico recurren regularmente a actos violentos. Es una manera de comunicar sus logros, avances territoriales, advertencias al gobierno y a sus rivales, pero sobre todo para marcar territorio.
La población de las ciudades o regiones afectadas por esta violencia, como parte de los enfrentamientos entre cárteles o facciones de los mismos –como se puede apreciar en el caso de Sinaloa– se encuentran con el fuego cruzado en las batallas que se dan entre integrantes de los grupos del crimen organizado o entre éstos y las fuerzas de seguridad.
Así, la violencia es la manifestación más clara de la pérdida del Estado de derecho en un reino de la impunidad que representa, muy probablemente, el mayor desafío que enfrentamos como país.
Los recientes acontecimientos que tuvieron lugar en Guanajuato, con dos coches bomba que explotaron en Acámbaro y Jerécuaro, son ya parte de la relación de actos violentos que los cárteles del crimen organizado realizan y que envían un mensaje que sólo los destinatarios pueden descifrar, pero es claro que el código en clave de violencia es un arma más que estas organizaciones utilizan como parte de sus actividades.
La relación de actos violentos realizados por grupos del crimen organizado –ya sea que hablemos de los Zetas, del Cártel de Golfo, del Cártel de Sinaloa, del Cártel Jalisco Nueva Generación, la Familia Michoacana, el Cártel de Santa Rosa de Lima, entre los principales que operan en el país–, empieza no sólo a preocupar, sino que motiva la pregunta de si ya debemos empezar a hablar de terrorismo.
En tanto se da esta discusión, podemos mencionar varios de los actos violentos que muestran hasta donde son capaces de llegar estos grupos:
Un par de granadas de mano fueron lanzadas en Morelia el 15 de septiembre de 2008, en la plaza Melchor Ocampo a un costado de la catedral de la capital estatal. El saldo fue de 7 muertos y 132 heridos.
Entre el 22 y el 23 de agosto de 2010, los Zetas ejecutan a 72 migrantes centroamericanos, 58 hombres y 14 mujeres, en San Fernando Tamaulipas. Los cuerpos fueron dejados a la intemperie afuera de un inmueble donde los habían tenido secuestrados.
En Monterrey, el 25 de agosto de 2011, un grupo de personas armadas atacaron el Casino Royale, cerrando las puertas luego de disparar, arrojar granadas y prender fuego al inmueble, provocando la muerte de 52 personas.
El 6 de abril de 2011 fueron encontrados en fosas clandestinas de San Fernando Tamaulipas, los cuerpos de 93 personas, presumiblemente asesinados también por los Zetas, pero en esta ocasión había mexicanos, así como algunos migrantes, que fueron secuestrados para ser reclutados por dicho cártel. El 21 de abril la cifra ascendió a 177 cuerpos encontrados.
En Victoria de Durango, en el estado del mismo nombre, en agosto de 2011, fueron encontrados en fosas clandestinas 340 cuerpos; se trató de una noticia que fue difundida por medios internacionales.
El 18 de marzo de 2011, 60 sicarios presumiblemente pertenecientes a los Zetas perpetran una masacre en Allende, Coahuila, en respuesta a una traición por parte de algunos de sus afiliados que proporcionaron información al gobierno de Estados Unidos; versiones periodísticas señalan de hasta 300 muertos.
El 30 de enero de 2019, efectivos de la Sedena encontraron una camioneta cargada con explosivos afuera de la refinería de Salamanca, en Guanajuato, que no explotó por la rápida intervención de las autoridades que desactivaron el artefacto explosivo.
El 24 de junio de 2020, de nuevo en la refinería de Salamanca, fue encontrada otra camioneta con explosivos luego de que un grupo de personas armadas agredieran los guardias y elementos del Ejército que custodiaban las instalaciones.
A esta relación hay que sumar el uso de drones con explosivos que los cárteles usan, incluso contra población civil, en entidades como Michoacán o Guerrero, el amedrentamiento que ha forzado a comunidades enteras a huir de sus hogares en Chiapas o las continuas ejecuciones realizadas por sicarios que lo mismo se trasladan a pie o en moto –como recientemente vimos en la Ciudad de México–, los cuerpos desmembrados que dejan en las calles o afuera de oficinas de gobierno, los ahorcados en multitud de puentes de varias ciudades del país, así como la decapitación de un alcalde en Chilpancingo, Guerrero, con imágenes que, desgraciadamente, fueron difundidas en redes sociales.
Muchos llaman a esto terrorismo, pero parece una discusión para la que aún no estamos preparados para abordar.