El próximo 5 de noviembre ocurrirán varios eventos significativos. En Estados Unidos, tendrán lugar las elecciones presidenciales, que definirán nuestra buena o mala vecindad durante los próximos cuatro años. En México, la Suprema Corte de Justicia de la Nación discutirá la resolución del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, que plantea invalidar parte de la polémica reforma constitucional del Poder Judicial, en particular la disposición sobre la elección popular de jueces y ministros.
Cuando la Suprema Corte discuta esta resolución, es probable que la supremacía constitucional o la inatacabilidad de las reformas ya estén establecidas en nuestra Carta Magna, lo que añadirá una capa de complejidad al ya enredado conflicto jurídico entre el Poder Judicial y los poderes Ejecutivo y Legislativo.
Todos esperamos que la Presidenta de la República, los diputados federales, los senadores y los ministros de la Suprema Corte se comporten con responsabilidad y visión respecto a las altas responsabilidades que desempeñan dentro del Estado mexicano. Marco Aurelio, el emperador filósofo, decía que los hombres (y mujeres) de la república debían actuar con virtud, es decir, guiados por los cuatro valores estoicos: justicia, coraje, prudencia y sabiduría.
Lamentablemente, las recientes declaraciones y acciones de varios personajes políticos nos hacen dudar que los titulares e integrantes de los Poderes de la Unión estén dispuestos a comportarse de esta manera. Hemos visto declaraciones imprudentes, innecesarias y con claros intereses personales de ambos lados.
Tenemos una Suprema Corte parcial: ocho integrantes abiertamente en contra de la reforma judicial y tres a favor, algunos incluso ya en campaña para ser electos por voto popular. Hay magistrados más preocupados por asegurar su haber de retiro que por cumplir sus funciones constitucionales, mientras que otros parecen centrarse en la promoción de su imagen pública.
La Presidenta de la República ha sido prudente al afirmar que esperará el resultado de la votación en la Suprema Corte para emitir su opinión; sin embargo, esa prudencia no se ha visto reflejada en el Congreso. En la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, coordinador de Morena, declaró que, pase lo que pase, habrá elección de jueces y magistrados, y el Grupo Parlamentario del PT presentó una solicitud de juicio político contra los ocho magistrados que se oponen a la reforma.
Mientras tanto, en el Senado de la República, el presidente de la Mesa Directiva, Gerardo Fernández Noroña, afirmó que corresponde al Senado decidir si acepta o no la renuncia de los ministros de la Suprema Corte, insinuando que esta cámara podría negar la renuncia para que los magistrados opositores no reciban sus haberes de retiro.
En resumen, estamos ante una lucha de poder, un combate jurídico en el que, seguramente, la Suprema Corte resultará perdedora. Sin embargo, la pregunta es: ¿a qué costo para el país? Hoy, más que nunca, necesitamos construir, en los próximos días —o mejor dicho, en las próximas horas— un camino, aunque sea estrecho, para evitar una crisis constitucional. Eso pienso yo, ¿usted qué opina? La política es de bronce.
@onelortiz