Durante muchos años, el sistema judicial estadounidense fue paradigmático. En todo el mundo la aplicación de la justicia tendía a seguir, al pie de la letra, el ejemplo de la judicatura de Estados Unidos de América. Los juicios y las condenas que el aparato judicial de este país llevaba a cabo causaban admiración y respeto. El séptimo arte influyó para que el sistema judicial estadunidense se conociera en todas partes; centenares de filmes de este tipo distribuyó Hollywood en los millones de salas de cine del planeta. Se convirtieron en el sumum de lo que significaba la justicia, la legalidad de las mejores sociedades humanas. Infortunadamente, un día ese respeto y esa admiración un día cayó por tierra. Los excesos de “la democracia en América” provocaron que, poco a poco, la ciudadanía en general dejara de creer en la justicia, especialmente por la simple razón de que no “es pareja o igualitaria para todos”. Lo que muchos creían que no era posible, ya lo es. Lo relevante del caso es que el ejemplo (mal ejemplo) de los presidentes y expresidentes estadunidenses han propiciado el fenómeno.
No hay que hacer mucha historia. La debacle política del Tío Sam empezó con la década de los 70 del siglo pasado con el escándalo que todo mundo conoce como el Watergate”, los convulsos años del gobierno de Richard Milhous Nixon. El error que le costó la presidencia y su carrera política. Por aquellos días, el Congreso de EUA promulgó una ley que impide fincar cargos penales en contra de un presidente en plenas funciones. Impedimento legal que permitió que el ex presidente Donald John Trump se atreviera a decir algo que ningún Ejecutivo de la Unión Americana hubiera dicho en otros momentos: “Estos casos, como todos los demás por los que me he instó obligado a pasar, son vacíos y sin ley: nunca debieron haberse presentado. Se han desperdiciado más de 100 millones de dólares de los contribuyentes en la lucha del Partido Demócrata contra su oponente político”.
Cuatro líneas de un párrafo que aparentemente es inocuo, pero que en el fondo representa el mayor desprecio por la ley por un ciudadano de EUA que pretendía, y lo logró, regresar a la Casa Blanca después de un primer periodo que ganó en forma democrática, y que en los comicios del 5 de noviembre pasado volvió a refrendar con el voto popular y el colegio electoral, pese a haber sido juzgado hasta por 94 delitos que ahora los jueces le retiraron por que el voto de la ciudadanía lo reinstala en el poder pese a sus juicios pendientes que le han sido “perdonados” por la judicatura de su país. Algo que ni los teóricos más avezados del derecho podrán explicar a cabalidad. Explicaciones y conjeturas aparte, estos son los hechos: los representantes de la ley hicieron a un lado la esencia del derecho, de la justicia por “razones políticas”. Nada más, nada menos.
De tal forma, Donald Trump, presidente electo por mayoría absoluta de EUA, se anotó una victoria legal rumbo a su segundo mandato, pues del Departamento de Justicia se pronunció por desestimar dos de los cuatro juicios que seguían abiertos en su contra, lo que de inmediato celebró al sostener que ganó al dejar atrás la persecución legal que enfrentó.
Jack Smith, el fiscal especial del caso Trump, solicitó retirar los cargos por conspiración electoral y retención de documentos clasificados contra el republicano, al admitir que ante el camio de poder es claro que el primer mandatario convicto en la historia de EUA no sería procesado en funciones, como lo dicta la Constitución.
A 56 días del retorno a la Casa Blanca del empresario neoyorquino de 78 años de edad, convertido en un presidente reelecto, la oficina del abogado amenazado con ser despedido “en segundos” formalizó la medida como adelantaban varios medios de comunicación al justificar que se trata de un “movimiento coherente” con lo que quedarían eliminadas las imputaciones que en su momento el fiscal Smith, quien previamente renunció antes del 20 de enero de 2025 (día de la segunda ascensión al poder de Trump), presentó como las mayores amenazas a la integridad de unos comicios y contra la seguridad nacional.
Esta es la segunda garantía para el magnate en los últimos meses, pues en julio pasado la Corte le otorgó inmunidad, escenario que usó su equipo legal para tratar de revertir cada una de sus imputaciones.
La decisión del máximo Tribunal de EUA alteró los casos contra el ex presidente (actual presidente reelecto) al prorrogarlos u obligar a corregirlos, pues el propio Jack Smith ajustó la lista de delitos contra Trump por interferencia electoral al enfatiza que en su afán de aferrarse al poder éste intentó revertir el resultado del 2020 y desató la insurrección al Capitolio al incitar a una turbamulta a defender su supuesta victoria ante Joe Biden, alegando que se cometía un fraude, sin evidencia alguna.
Al saber que sus juicios quedan en el “pasado”, Donad Trump arremetió contra todo mundo, especialmente contra quienes lo atacaron, como la fiscal de Fulton, Fani William y su presunto amante Nathan Wade, en el caso de conspiración y crimen organizado, así como la fiscal de Nueva York, Leticia James, a quien tacha de corrupta. Previamente, Steven Cheung, vocero del magnate, calificó de “victoria” el desistimiento de los cargos contra su patrón, al coincidir con él que “la justicia se dejará de usar como arma política”.
En suma, pese a su largo historial criminal, Trump queda como “campeón”. Y en la Unión Americana parece que, aunque lo canten y lo pregonen, hay un frente poderoso en la administración judicial que prefiere un “presidente fuerte y atrabiliario aunque aplaste la ley y anule la democracia”. Y, como dice Leonardo Kourchenko en su columna El Globo: “Estos son los tiempos que vivimos. Los abogados de Trump ahora lanzan afirmaciones para blindarlo post-Presidencia en 2028. Será muy tarde para reabrir los casos, dicen”.
El caso Trump no es el único que trae de cabeza a buena parte de la sociedad estadounidense. En los últimos días que le restan en la Casa Blanca, Joe Biden no ha estado precisamente tranquilo, ni en lo internacional ni en los asuntos internos, familiares, podría decirse. A los 82 años de edad, le parecen pocos los días, las horas, los minutos y los segundos. Ya no puede hacer mucho. El octogenario mandatario decidió tomar una decisión que postergó lo más posible: indultar al único hijo que le queda vivo, Hunter Biden, que para su infortunio le salió de mala cabeza. Como padre Biden salió a defender al vástago con el privilegio del indulto, aunque tiempo atrás dijo que se mantendría al margen de los problemas legales que enfrentaba el heredero. Al final de cuentas, el amor de padre lo venció y dobló las manos a sabiendas de que el gesto le acarrearía muchas críticas. Atrás del giro de su decisión el mandatario se convenció de que los cargos que pesan contra Hunter, de 54 año de edad, abogado y padre de cuatro hijos, tienen motivaciones políticas. Puede ser, pero el “chaval” no es ningún novato.
Sobre el espinoso tema del juicio de su hijo, el presidente Biden manifestó por medio de un comunicado: “Creo en el sistema judicial, pero a medida que he debatido este tema, también pienso que la política ha infestado este proceso, lo que ha conducido al uso de la justicia”. Después de que declarado culpable en los dos casos de Delaware y California. Asimismo, reporta la agencia CNN que la Casa Blanca, horas después de conocerse la decisión presidencial insinuaba que Biden no habría condonado a su hijo si Kamala Harris hubiera ganado las elecciones el pasado 5 de noviembre.
El indulto no admite duda: el perdón ha sido total e incondicional y cubre “cualquier otro delito contra EUA que Hunter haya cometido o pueda haber cometido o participado durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2014 y 1 de diciembre de 2024”, fechas que coinciden con los años con los que estuvo al mando de la empresa de gas ucraniana Bursima y con el tiempo que el descendiente de Biden ha hecho negocios en el extranjero, incluso en China, trabajos por los que Trump ha ido en contra de él en varias ocasiones, asegurando, sin pruebas, que debía ser procesado por actividades ilícitas internacionales.
Además, el mandatario estadounidense defendió el indulto argumentando que los cargos contra su hijo eran inusuales y desproporcionados en comparación. con casos similares. “Casi nunca se lleva a juicio a personas acusadas de delitos graves únicamente por cómo rellenaron un formulario de armas”, señaló, en referencia a uno de los cargos clave relacionados con la compra de un arma de fuego. También destacó que Hunter regularizó sus deudas fiscales con intereses y multas, una práctica que, según él, suele resolverse fuera del ámbito penal.
Aseguró que los procesos legales en contra de su descendiente fueron instigados por sus oponentes políticos en el Congreso, quienes presionaron para que los cargos avanzaran como una forma de atacarlo. Además, lamentó que un acuerdo de culpabilidad previamente negociado nutre el equipo de Hunter y el Departamento de Justicia no se concretara debido a un ambiente politizado. Y agregó que “está claro que a Hunter se le trató de forma diferente. Ha habido un esfuerzo por quebrar a mi hijo, y al hacerlo han tratado de quebrarse a mí”.
La decisión de Biden se produce a unas semanas después de que Hunter recibió sentencia por el caso relacionado con tenencia de armas de fuego y se declaró culpable por cargos fiscales y menos de dos meses antes de la toma de posesión de Trump.
Un Tribunal federal de Delaware declaró Culpable al hijo de Biden por tres delitos graves por la compra de un arma de fuego en 2028 cuando, según los fiscales, mintió en un formulario federal al afirmar que no era usuario ilegal ni adicto a las drogas.
Por los delitos de evadir 1,4 millones de dólares por los que Hunter ya se había declarado culpable, la pena que afrentaba era de17 años de prisión, y 25 años más por los cargos relacionados con armas. Sin embargo, la Fiscalía tenía pensado pedir penas mucho menores, que seguramente le habrían evitado ir a la cárcel, ambas audiencias para conocer las sentencias Estaba. Programadas para el 12 y el 16 de diciembre, y probablemente ahora serán canceladas.
En fin, Biden y Trump se han acusado, sobre todo en los últimos meses de campaña electoral, de politizar el Departamento de Justicia de EUA. Lo cierto es que ambos han aprovechado su posición para ayudar a familiares directos e indirectos. En 2020, el magnate perdonó a su consuegro Charles Kushner, nombrado ahora embajador en París, calificaba la decisión en su contra de “abuso y error judicial”. La verdad es que allá, y aquí, en México, los políticos con poder todos son iguales. ¿O no? VALE.