Los Universitarios hablan es un espacio abierto a la comunidad estudiantil, la que cursa la licenciatura en las instituciones de educación superior; inicialmente las que funcionan en la Ciudad de México. Pretende ser un espacio en el que maestros y alumnos opinen libre y responsablemente sobre temas de actualidad.
En esta entrega participa Michelle Nava Ruiz estudiante de la Universidad Autónoma Metropolitana. Da su visión respecto de un tema específico y actual: La violencia de género en México
Elisur Arteaga
La caja de pandora 8M: más soluciones y menos promesas
Por Michelle Nava Ruiz, UAM
En estas líneas quiero enfocarme exclusivamente al tema de violencia de género. Y es que es una cuestión que sí nos concierne a todos.
El Día Internacional de la Mujer conmemora una larga historia por haber obtenido el reconocimiento y protección a nuestros derechos. Se origina en Estados Unidos en 1848 con Elizabeth Cady Stanton y Lucretia Mott, cuando ambas congregaron a varias mujeres para exigir derechos civiles, sociales, políticos, y religiosos, debido a que les negaron su participación en una convención contra la esclavitud. El 8 de marzo de 1875, mujeres de una fábrica textil de Nueva York se manifestaron por la desigualdad salarial frente a sus compañeros, lo que derivó en 120 asesinatos de trabajadoras por la represión gubernamental. Sin embargo, otra de las versiones que explica por qué se fijó el día 8 de marzo, señala que fue durante la PGM. Con la caída del Zar ruso en 1917, se aprueba el voto femenino el 23 de febrero en el calendario juliano, y conforme al calendario gregoriano, ese día en Rusia, correspondía al 8 de marzo.
Por ello, cada 8 de marzo miles de mujeres salen a las calles para darle visibilidad al movimiento. Es sumamente interesante ver cómo han ido cambiando las exigencias a lo largo de todos estos años, porque también nos sirve de guía para saber si ha habido avance o retroceso: igualdad ante la ley, atención médica, sufragio femenino, educación, derechos laborales, libertad de expresión, planificación familiar, autonomía, y violencia de género.
Considero que actualmente el énfasis de estas exigencias se centra justamente en violencia de género. Aunque es necesario recalcar que las cifras nos muestran que la violencia la viven tanto hombres como mujeres y que los agresores no solo son hombres. Además, también se han ido sumando nuevos tipos de violencia, y lo valioso de esto es que se ponen en evidencia las conductas al llamarlas por su nombre, dejando de normalizarlas. La representación máxima de violencia es el feminicidio. El problema es que no todos los homicidios son por un tema de odio hacia la mujer, de ahí que no siempre se califique como “femincidio”.
Ahora bien, en México y de acuerdo con el SESNP, de enero a mayo del 2024, se reportaron 1,425 asesinatos de mujeres y solo el 23.2 por ciento fueron tipificados como feminicidio, sin pasar por alto que todas las mujeres mexicanas en algún momento de nuestras vidas hemos sufrido algún tipo de violencia (física, psicológica, económica, sexual, vicaria).
¿Qué es entonces lo que el Estado tiene que hacer? Empezar por reestructurar sus políticas públicas con enfoque en prevención, atención, protección y sanción.
En la parte de prevención, se necesita un cambio cultural. Darle fuerza a las campañas que promuevan la protección y no agresión a la mujer, que las aliente a denunciar cualquier tipo de violencia, y apoyar a quienes ya son víctimas con asesoría legal y psicológica. El reto es que esta formación la reciban los ciudadanos de todas las edades y de ambos géneros porque hemos visto que las mujeres también violentan, y, sobre todo, que sea durante los primeros años de educación a través de las escuelas. No obstante, los centros escolares son solo una parte complementaria de su formación, es en casa en donde los niños tendrían que aprender valores y principios.
En atención, las autoridades que tienen contacto directo con las víctimas siguen sin estar debidamente capacitadas. Esto se puede ver desde que las personas intentan presentar su denuncia porque las propias autoridades son quienes logran el efecto contrario: desincentivan a alzar la voz. No niego que pueda haber un desconocimiento de la ley y que probablemente la comisión del delito que la víctima señale, no se ajuste al tipo. Pero eso de ninguna manera, excluye la obligación de los agentes del MP de cumplir con sus obligaciones y tampoco los habilita para revictimizar a las denunciantes.
En protección, se deben de brindar todas las medidas de seguridad necesarias para garantizar que víctimas y testigos puedan identificar a la persona imputada sin ningún riesgo a su integridad o que soliciten medidas cautelares para evitar la evasión de la justicia por parte del agresor. Además, yo agregaría que el espectro de protección a grupos más vulnerables dentro del género femenino tendría que ampliarse y ser reforzada. Me refiero a menores de edad, comunidades indígenas, comunidad LGTB, personas con discapacidades, y adultos mayores.
En sanción, el acceso a la justicia tendría que estar al alcance de todas las víctimas, y, sobre todo, ser pronta y expedita. Las autoridades, en el ámbito de su competencia, también tendrían que velar porque no haya impunidad, y se garanticen medidas de no repetición. A nivel legislativo, siempre he considerado que existe un tema pendiente: los menores de edad también tienen que ser sancionados por la comisión de delitos.
Finalmente, estoy convencida de que el Estado tiene que adoptar una perspectiva interseccional en sus políticas públicas. Es una herramienta muy útil pero que, en la práctica, al menos a nivel nacional, no veo que se haga mucho uso de ella. Curiosamente nace con Kimberlé Crenshaw, abogada que demostró todas las omisiones que experimentaba una mujer afroamericana ante los tribunales, desembocando en injusticias. Fue una crítica al feminismo y activismo negro, porque no lograban evidenciar la heterogeneidad interna de los grupos a quienes decían representar. Lo que en realidad se buscaba era entender que el cruce entre ejes de género y raza sí producía diferentes realidades. Y consiste en develar las desigualdades que se producen de forma simultánea por las interacciones entre sistemas de subordinación por razón de género, orientación sexual, etnia, religión, origen nacional, discapacidad y situación socioeconómica. La lente de la interseccionalidad permite incorporar un análisis estructural, y da como resultado una perspectiva que comprenda las situaciones particulares de cada mujer de manera integral, y evitar su marginación.
El Estado nos debe muchísimo. Todos los días leemos noticias desgarradoras, que nos generan un vacío y ganas de destrozarlo todo. Un ejemplo que puede ejemplificar cómo es que el sistema nos está fallando, es el caso de Astrid Cruz y su hijo de 15 años en Jalisco, quienes presuntamente fueron asesinados por su ex pareja. El problema era que el agresor en 2004 ya había asesinado a otra mujer con el mismo modus operandi. Recibió una pena de más de 24 años, pero en 2020 fue liberado.
Y sí, las propuestas suenan increíbles, pero entendamos que el problema no radica en la falta de leyes y políticas, sino en su ineficacia. ¿Cartilla de derechos de las mujeres? Señora Presidenta, lo que nos presentó es una lista de deseos. Nosotras no necesitamos un catálogo con dibujitos. Lo que necesitamos es que se nos aseguren nuestros derechos a través de una infraestructura sólida de instituciones, evitar a toda costa que nos sean arrebatados y que sí exista una sanción para cualquier conducta contraria a la ley.
En este sexenio tenemos a dos mujeres encabezando al Ejecutivo federal y local. Exhortémoslas a que se sensibilicen con nuestras causas, a que quiten las vallas en Palacio Nacional, y permitan puentes de comunicación para entablar un diálogo y generar más soluciones y menos promesas.