El genocidio descubierto en Teuchitlán, Jalisco, es algo gravísimo; también lo son los otros que pudieran haberse realizado en otras partes del territorio nacional, tanto de los que se ha hablado, como de los que aún están por ser descubiertos.
El territorio nacional, al parecer, se convirtió en un gran campo de exterminio del que, ahora resulta, las autoridades competentes de conocer de ilícitos penales, no tenían conocimiento, y ello a pesar de que se sabía del número crecido, que llega a inmenso, de desaparecidos.
Hasta este momento los gobiernos morenistas no han asumido, expresa o tácitamente, la responsabilidad política y penal que por omisión tienen en los crímenes. La administración de Andrés Manuel López Obrador y la de la actual presidenta doña Claudia Sheinbaum, a estas alturas, no nos pueden salir con que el responsable de ellos fue Felipe Calderón Hinojosa. Las fechas y los hechos indican que son aquellos, no éste, los responsables de que los genocidios no se evitarán e investigarán.
La inacción de Andrés Manuel López Obrador llegó a los límites de la complicidad criminal. Lo mismo lo será la de la señora Sheinbaum, si no procede contra su antecesor en el cargo y contra los miembros de su administración, que fueron responsables de ellos por su inacción y apatía. Hay otros responsables. En teoría, no en los hechos, alguien que goza de autonomía para actuar y que debería ser apartidista: el Fiscal General de la República; también lo son los agentes que dependen de él, en todos los niveles.
El Fiscal General de la República, el miércoles 19, para ser exactos, en una mañanera, en papel de gran regañador que ha asumido y que le ha sido confiado por una administración pública federal incompetente y rebasada por los hechos, por tratarse de un estado gobernado por un partido no afiliado a Morena, acusó a la Fiscalía del Estado de Jalisco de ser omisa en la investigación de los hechos de Teuchitlán. Los efectos de su regaño van a durar poco y, al parecer, quien merece el regaño es otro. Paso a explicarme:
En el diario Reforma correspondiente al sábado 22 de marzo en curso, en su página 7, apareció la siguiente nota:
“Supo FGR de finca desde 2024
“GUADALAJARA.- La Fiscalía General de la República (FGR), a cargo de Alejandro Gertz Manero, fue enterada desde septiembre de 2024, en la Administración del ex Presidente Andrés Manuel López Obrador, de la presunta comisión de diferentes delitos de índole federal en el Rancho Izaguirre, en Teuchitlán.
“Conoció de los hechos porque la Fiscalía de Jalisco le dio vista del asunto desde entonces, pero también porque la Guardia Nacional (GN), que fungió como primer respondiente en la intervención de la finca, hizo públicos los hallazgos.
En lugar de actuar, ante la comisión de al menos cuatro delitos catalogados como federales, la Fiscalía General de la República optó por el silencio y no actuar; no inició las pesquisas y dejó el mando en manos de la Fiscalía del Estado que, de acuerdo con la Constitución, sólo está facultada para investigar delitos del orden común…
“El documento fue dirigido al agente del MP de la Federación ‘en turno’ de la FGR en la subsede de Ameca Jalisco y presenta sellos de recibido.”
Por mandamiento constitucional, la Fiscalía General de la República tiene competencia para conocer de “… secuestro, desaparición forzada de personas, otras formas de privación de la libertad contrarias a la ley, trata de personas, tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, así como electoral” (art. 73, fracción XXI, a).
A pesar de la gravedad de los hechos y que la Fiscalía del Estado de Jalisco hizo del conocimiento de la Fiscalía General de la República, autoridad competente para conocer de ellos, ésta no actuó.
Ante la inacción y el escándalo que se vino, el Fiscal de la Nación buscó responsables fuera de su dependencia: La Fiscalía de Jalisco. Con el tiempo, lo más seguro es que el hilo se rompa por la parte más delgada, en el caso lo será el agente del ministerio público en turno en la subsede de Ameca, Jalisco, al que le fueron enterados los hechos desde septiembre pasado, al final de la administración de AMLO.
Ese agente del ministerio público federal va a ser quien, para todos los efectos, asumirá la responsabilidad de la omisión en que incurrió la Fiscalía General de la República, haya hecho o no del conocimiento de sus superiores la existencia de los delitos de los que tuvo conocimiento oficial, por parte de las autoridades ministeriales del Estado de Jalisco. No se la va a acabar.
El Fiscal General de la República jamás aceptará haber tenido conocimiento de los hechos. López Obrador, refiriéndose a la actuación de Genaro García Luna, afirmaba que todo lo que pasa en el país es del conocimiento del presidente de la República, en este caso su sucesora seguramente va a pretender ponerlo a salvo recurriendo a la muletilla: “casi todo”, que algo quedó fuera de su conocimiento, entre otros, ese genocidio; con el tiempo, cuando se sepa de otros campos de exterminio, posiblemente ejecutados durante el sexenio anterior y el presente, irá agregando más excepciones.
El que se haga recaer la responsabilidad en el titular de la subsede en Ameca, Jalisco, será únicamente para los efectos de rehuir la responsabilidad y de eludir ante la opinión pública la censura, pero lo cierto es que legal y formalmente es la Fiscalía General de la República, a la que el agente del Ministerio Público pertenece, la responsable de la omisión criminal en la investigación de los hechos del Rancho Izaguirre.
Políticamente también serán corresponsables de los hechos tanto la administración de Andrés Manuel López Obrador, como la de la señora Sheinbaum.
Para explicar esos crímenes no sirve tener un Himno Nacional, ni el que se haya aprobado una reforma a la Constitución Política que reafirme, en teoría, nuestra soberanía y que pretenda ponernos a salvo de intervenciones de gobiernos extranjeros. Tampoco ayudará el que, para distraer la atención de la ciudadanía, se aumente el número de beneficiarios de las pensiones y se hagan extensiva a los chino, hispano o germano descendientes, tal como se hace en el artículo 4º constitucional, por lo que se refiere a los indios y afro descendientes.
Dada la gravedad de los hechos, los ciudadanos mexicanos no debemos aceptar ser engañados de nueva cuenta. Exigimos se vaya al fondo, tanto por lo que se refiere a los autores intelectuales y materiales del genocidio, como de la posible responsabilidad que asiste a los servidores públicos que, con inacción criminal, no actuaron con la debida oportunidad.
Espero ver como procede Gertz Manero, en funciones de acusador, en el supuesto de que se descubran campos de exterminio en estados gobernados por Morena: Sinaloa, Guerrero, Michoacán o Sonora, entre otros.