El día 30 de marzo dieron inicio las campañas de los aspirantes a ocupar un cargo dentro del Poder Judicial, dicho sea de paso son cargos que para cuyo desempeño se requiere forzosamente de una amplia experiencia y conocimiento de la Constitución, de  los procesos judiciales y de las leyes y Tratados Internacionales  relacionadas con las materias de cada adscripción.

Las candidatas más notorias a contender por un cargo de Ministras de la Corte son las 3 aún Ministras en funciones, leales a Morena, las cuales iniciaron sus campañas arropadas por corporaciones sindicales y agrupaciones populares de la Ciudad de México, todas ellas comprometidas con el partido Morena.

Al revisar las propuestas de boletas electorales publicadas por el INE, encontramos que ofrecen listados de nombres que aparecen en orden alfabético en el cual se les ha asignado un número según el orden de aparición en cada lista, para lo cual cada votante deberá revisar cuidadosamente cada listado y anotar el número que corresponde al candidato de su elección para cada puesto judicial.

Tal y como está planteado que opere la próxima elección del Poder Judicial el día 1 de junio próximo, resulta sumamente confuso para cualquier ciudadano; es imposible llegar a conocer a las decenas de candidatos para cada cargo y de manera razonada y consiente elegir a la mejor opción respecto al conocimiento y experiencia judicial de cada candidato, tarea que se perfila muy difícil sino imposible. Lo anterior trae a la reflexión de si este proceso electoral no solamente se trata de una farsa en donde se gasta y dilapida el tiempo de los funcionarios electorales, de los candidatos y de los ciudadanos, y no solo el tiempo sino que tiene un costo económico cuantioso para terminar siendo una burla para los ciudadanos y una farsa montada desde el aparato de gobierno, para finalmente el próximo 1 de septiembre dar posesión a los candidatos previamente seleccionados desde el poder de Morena, ya que los partidos de oposición ni siquiera se han interesado por alguno de los candidatos, y si por el contrario hay varios en las listas de candidatos, posiblemente apoyados por el crimen organiza

Con esta Farsa a la que se prestan numerosos actores, se destruye el principio de la división de poderes, porque se pierde la independencia del Poder Judicial y hace a sus designados dependientes obligados con Partido Político que les posibilitó contender en las listas de propuestas para ocupar los cargos en juego.

El artículo 49 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos señala: “El Supremo Poder de la Federación se divide, para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial”. En ello va la división de poderes y garantías fundamentales del gobernado son los  supuestos jurídicos básicos en que se fundamenta la moderna estructura constitucional del Estado.

La exigencia de dividir el poder constituyó y sigue constituyendo un mecanismo obligatorio en la elaboración de cualquier Constitución, tal circunstancia camina al lado de la doctrina de la soberanía popular, de los derechos humanos y del régimen representativo, la separación de poderes se convirtió en la estructura limitante del poder a fin de impedir su abuso, y como consecuencia, garantizar la libertad individual.

En torno a la concepción de la división del poder público se crearon las partes orgánicas de las Constituciones modernas, en virtud del ejercicio de diversas funciones por parte del Estado moderno, el hecho de asignar a distintos órganos determinadas competencias, distribuyéndose así las tareas legislativas, ejecutivas y judiciales, con el objeto de crear dispositivos de separación, de control, de colaboración o de mutua vigilancia entre dichos órganos.

Montesquieu orienta su doctrina a la libertad política más amplia, que tiene por finalidad mantener la libertad de los ciudadanos bajo el reconocimiento del principio que dice “todo gobierno puede ser libre si observa la división de poderes de modo que ninguno de ellos pueda predominar sobre los demás”.

Sus afirmaciones son concluyentes al señalar que cuando se concentran el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo en la misma persona o en el mismo cuerpo de dignatarios, no hay libertad, no hay tampoco libertad si el Poder Judicial no está separado del Poder Legislativo y del Ejecutivo; todo se habrá perdido si el mismo cuerpo de políticos, o de aristócratas, o del pueblo, ejerce estos tres poderes.

Normalmente durante las contiendas electorales las sociedades se polarizan, y por eso las campañas son el espacio institucionalmente diseñado para que las distintas posturas políticas e ideológicas existentes en una sociedad se distingan, se confronten y se contrapongan de cara a la sociedad que, con su voto, expresa sus preferencias y discordancias políticas. Para eso son las campañas electorales. Pero ello siempre tiene que ocurrir con respeto a las reglas del juego de acceso al poder político y con base en los principios y valores que sustentan a la democracia, sin presiones ni amenazas de ningún grupo. En este caso no existe ni confrontación de ideas, ni competencia entre posturas políticas, pues todas y todos los candidatos fueron palomeados para estar en las listas,  por el partido Morena.

Vale la pena recordar que la democracia es una construcción colectiva y que nadie la encarna por y en sí mismo. La democracia la concretamos todos en nuestro actuar, en nuestra diversidad y diferencias. Somos plurales y eso nos vuelve democráticamente fuertes. Por eso, de cara a las elecciones, tenemos la oportunidad de reivindicar nuestra vocación democrática y, con ello, honrar la lucha de varias generaciones de mexicanas y mexicanos que se comprometieron con el propósito de democratizar a México y construir un sistema electoral autónomo, profesional e independiente, que hoy padece la amenaza del crimen organizado. Como ciudadanos pensantes debemos actuar en consecuencias y no prestarnos a la mega farsa orquestada desde el INE.

La eficacia del sistema político requiere de consensos que privilegien al interés general de la sociedad. Toda decisión implica definiciones con costos y ventajas para los electores. La auténtica democracia no se agota en las urnas, va más allá de la democracia electoral; supone una participación real y activa de los ciudadanos en la elaboración de las políticas.

Ante la cerrazón y falta de visión de Estado, de la actual camada de políticos que se encuentra al frente de la vida pública, la sociedad civil debe elevar la voz y hacerse presente para establecer mecanismos de control sobre los Poderes de la  Unión, de los futuros juzgadores de nuestra Nación, mecanismos de control sobre los representantes elegidos popularmente, los servidores públicos y sobre toda la gestión pública.

La gobernabilidad y las políticas públicas deben generarse a partir de un diálogo con la base social, como productos del consenso de grupos específicos y actores sociales reales dentro de un marco de legalidad y muy lejos de la delincuencia organizada. Esta es la vía institucional y el cauce político que debe privilegiarse si verdaderamente queremos que México progrese, que se evite el descontento creciente sobre la forma de hacer política del dueño de Morena que ahora vive en el ostracismo.

Resulta inaceptable que nuestra sociedad continúe viviendo con la pérdida de los elementales valores éticos de convivencia social armónica, es por ello que debemos poner fin a la impunidad, a la complicidad y connivencia entre autoridades, policías y delincuentes, que en no pocas ocasiones actúan por igual en ambos bandos, provocando los más horrendos delitos como la desaparición y muerte  de personas inocentes. La obligación primordial de un Gobierno es garantizar la vida, la integridad física y el patrimonio de la población. Los mexicanos queremos vivir en un Estado de Derecho, queremos erradicar la impunidad, queremos rescatar los valores éticos de convivencia, pero no queremos vivir en un Estado policíaco en el que se violenten los derechos fundamentales de las personas, queremos vivir en un Estado en donde se respete la dignidad de todos los ciudadanos.