Las masacres en diversos estados del país que cobran la vida de ya muchas personas, infunde miedo y terror en la población y también genera  polémica entre las diferentes esferas de gobierno y sus seguidores, porque ellos  quieren minimizar el estado de violencia que impera en casi todo el territorio nacional, y cuestionan a quienes desde  algunos medios de comunicación y sus editorialistas, pero sobre todo en redes sociales  relatan los hechos sangrientos cada semana. Así las cosas, prevalece la disputa política, sobre la gravedad de los hechos, por la pérdida de vidas humanas, que finalmente es lo importante, y que cada vez se narra  el último suceso de una muy larga cadena de horror, violencia y fuego que desde el inicio de este sexenio llena de sangre el territorio nacional.

Tal pareciera que la población se va habituando a la violencia y la ha normalizado, pareciera que muchas personas no se indignan por la violencia a su alrededor, pero lo cierto es que ahora se vive con miedo y sin tanta libertad para desarrollar las actividades cotidianas, y si no dicen nada es por miedo y  por temor a ser blanco de alguna agresión por parte de la delincuencia.

El pasado 18 de julio en el municipio de Álamo Temapache, estado de Veracruz, la ciudadana Irma Hernández Cruz, maestra jubilada y taxista de 62 años, fue secuestrada por negarse a pagar una cuota de extorsión; después de haber sido exhibida en redes sociales, arrodillada frente a un pelotón de delincuentes que le apuntaban con sus rifles, su cuerpo fue encontrado después de tres días de búsqueda a 40 kilómetros del lugar en que la secuestraron.

El informe forense informa que la causa de su muerte se debió a un infarto al corazón y su cuerpo presentaba múltiples lesiones externas como golpes en distintas partes del cuerpo y el órgano dañado era el corazón. Por lo que se concluyó que la maestra fue violentada y brutalmente golpeada. La gobernadora de ese estado Rocío Nahle fue criticada por informar tratando de minimizar la responsabilidad del homicidio de la maestra Irma, señalando que su muerte se debió a un infarto.

Y a lo largo de los últimos cinco lustros, lo que se pensó como una intervención militar coyuntural, temporal y acotada a determinadas regiones geográficas, se ha prolongado y cubre  todo el País. Los resultados en muertos, heridos y desaparecidos se reflejan en las estadísticas, así como, en los números de decomisos, plantíos y laboratorios destruidos, armas decomisadas y un largo etcétera, pero eso de suyo importante, no tiene la relevancia en lo que hoy enfrentamos.

La respuesta institucional consiste en utilizar a las fuerzas armadas para resistir, atacar y destruir a las agrupaciones delincuenciales y hacer prevalecer la fuerza del Estado. Ocupar al Ejército, a la Marina y la Guardia Nacional en estas tareas pese la flagrante violación de la normatividad constitucional; se entiende y justifica por la corrupción  hasta la medula de todas las policías en todos los ámbitos de gobierno, sin embargo las filas de los integrantes del ejército también están dañadas por la corrupción y la cooptación que de ellos han hechos los integrantes de los cárteles delincuenciales.

El problema no es de guerra de cifras o de quien interpreta mejor las estadísticas. La realidad que tenemos y debemos enfrentar con valentía, con firmeza y decisión inquebrantable, es como detener y erradicar el baño de sangre que lejos de disminuir, aumenta. Por eso es importante, conocer la nueva estrategia con la que se pretende enfrentar el narcotráfico y  la delincuencia organizada.

Hasta ahora lo que se ha dicho y hecho, es más de lo mismo. Reconociendo sin regatear que se ha apuntado que se atacaran las causas estructurales: pobreza, desigualdad social, falta de empleo y educación, entre otras. Es cierto que esto llevará tiempo, pero que bueno que se tenga claridad al respecto. Al inmediato plazo, es urgente conocer y tener la confianza que quienes  serán los responsables de la seguridad, entiendan que se requiere una mezcla de medidas punitivas complementadas con medidas de prevención social, como prevención del delito y de adicciones.

Respecto de quien y como instrumentara las acciones de combate a la delincuencia, no convence ni a legos, ni a expertos, porque en el fondo siguen siendo las fuerzas armadas quienes dirigen y después de estos años comprobamos que esa estrategia no ha funcionado. Y tampoco existe seguridad de que el fenómeno observado de que la actuación del Ejército y la Marina traen como corolario el aumento de violaciones a los Derechos Humanos, entre ellos, ejecuciones extrajudiciales y  tortura.

El reclamo casi unánime de los mexicanos es una exigencia de seguridad, esa seguridad perdida desde hace algunos lustros, que a cada momento se vulnera en todo el país y lacera las diferentes esferas de nuestra sociedad, los agentes del Gobierno realizan acciones reactivas proponiendo medidas que como lo estamos testimoniando, han resultado poco eficaces, como el incremento de los elementos policiales y militares en las calles, el aumento de penas y los acuerdos y reuniones nacionales sobre seguridad, pero todas estas medidas no pasan del simple discurso y el índice delictivo sigue incrementándose.

Resulta inaceptable que nuestra sociedad continúe viviendo con la pérdida de los elementales valores éticos de convivencia social armónica, no debemos seguir viviendo con miedo y terror,  es por ello que debemos poner fin a la impunidad, a la complicidad, connivencia y asociación entre gobernantes, autoridades, policías y carteles del crimen organizado y delincuentes, que en no pocas ocasiones actúan por igual en ambos bandos. La obligación primordial de un Gobierno es garantizar la vida, la integridad física y el patrimonio de la población. Los mexicanos queremos vivir en un Estado de Derecho, queremos erradicar la impunidad, queremos rescatar los valores éticos de convivencia, pero no queremos vivir en un Estado policíaco en el que se violenten los derechos fundamentales de las personas, queremos vivir en un Estado en donde se respete la dignidad de todos los ciudadanos.

En este sentido es que reafirmamos nuestra convicción de que todos juntos los mexicanos que amamos a nuestra Patria, habremos de superar los tiempos aciagos y de que confiamos en que exista la inteligencia, la serenidad de ánimo y la voluntad republicana de cambiar, corregir y reorientar el rumbo.