En 1985, como parte de la Operación Leyenda, la DEA detuvo a varias personas acusadas de participar en el crimen que le costó la vida al agente Enrique Camarena Salazar. Uno de ellos, Humberto Álvarez Machain, fue liberado meses después de ser trasladado a El Paso, Texas, ya que una corte estadounidense determinó que su aprehensión había sido ilegal.
De hecho, el gobierno mexicano de ese año acusó a la agencia antidrogas de Estados Unidos de secuestrar y violar el tratado de extradición vigente, no solo por el caso de Álvarez Machain, sino también por el de Javier Vázquez Velasco, quien fue llevado a Los Ángeles. Del mismo modo, sufrieron el mismo destino Juan Ramón Matta Ballesteros, de nacionalidad hondureña, y Juan José Bernabé Ramírez y Rubén Zuno Arce, este último pariente cercano del expresidente Luis Echeverría.
La DEA no ha cerrado la Operación Leyenda por la muerte de Enrique Camarena y sigue buscando a quien es señalado como parte del entramado para secuestrar y asesinar al agente: Manuel Bartlett Díaz, quien fuera secretario de Gobernación en el sexenio de Miguel de la Madrid y exdirector de la CFE en el sexenio pasado.
En diversos medios ha circulado la versión de la existencia de una grabación de la que se desprende que Bartlett autorizó la entrega de Camarena al cártel que en ese entonces dirigía Rafael Caro Quintero, actualmente preso en Estados Unidos. Por ello, las autoridades de dicho país estarían analizando la presentación de una orden de aprehensión y una solicitud de extradición para que sea entregado por el gobierno mexicano.
Siempre queda abierta la opción de que, después de 40 años de ocurrido el crimen, la DEA decida repetir las detenciones que hizo en 1985 en territorio mexicano. Se especula que un plan similar se estaría gestando para el caso de Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, por quien se ofrece una recompensa de $50,000,000 de dólares por información que conduzca a su captura.
La forma en que un grupo de opositores asilados en la embajada de Argentina en Caracas logró evadir la vigilancia, refuerza esta especulación.
También debemos considerar la manera en que Ismael “El Mayo” Zambada García fue entregado a la justicia estadounidense. Tras un engaño de Joaquín Guzmán López, quien lo atrajo con el argumento de asistir a una reunión con el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y el exrector de la universidad estatal, Héctor Melesio Cuén, Zambada fue capturado y llevado en un avión a Texas para ser entregado a agentes del Departamento de Justicia.
El actual entorno binacional, con un presidente estadounidense que acusa al gobierno mexicano de estar vinculado al crimen organizado y que está empeñado en cumplir una de sus promesas de campaña después de conseguir que los cárteles del narcotráfico fueran designados como organizaciones terroristas, podría alentar un operativo de la DEA fuera de sus fronteras.
La agencia tiene incentivos para hacerlo, ya que considera el asesinato de su agente Enrique Camarena en México como una afrenta no saldada. Además, las relaciones con el gobierno mexicano no pasan por su mejor momento, luego de que en el sexenio pasado se impidiera que su personal actuara en territorio nacional.
Otro factor a considerar es toda la información que los narcotraficantes extraditados de México a Estados Unidos entreguen a la justicia de ese país. Esto podría conducir a nuevas investigaciones y acusaciones contra más políticos mexicanos, con solicitudes de extradición y ofrecimiento de recompensas para obtener información sobre su captura.
Enrique Camarena Salazar
Así, la DEA tendría más motivos para intervenir fuera de sus fronteras y satisfacer la intención de Donald Trump de cumplir con su promesa de campaña de acabar con los cárteles del narcotráfico que “inundan de drogas las calles de su nación”.
Cerrar el capítulo de la Operación Leyenda parece un aliciente suficiente para emprender acciones en México y buscar aprehender a quien consideran cómplice de la muerte de uno de sus agentes. Esto complicaría aún más las ya de por sí difíciles relaciones entre nuestro país y la Unión Americana, pero le serviría a Trump para continuar con su narrativa dirigida a sus votantes.
La pregunta que debe plantearse es si la DEA, tanto en los casos de Venezuela como de México, se atreverá a detener, de forma legal o ilegal, a alguno de sus objetivos para llevarlo ante un tribunal estadounidense. Esta cuestión debe ser analizada a la luz de los datos presentados al inicio de este artículo.
El deseo de cerrar lo que consideran una ofensa, la cooperación ahora en el papel de testigos colaboradores de varios de los principales líderes de cárteles del narcotráfico mexicano, como el de Sinaloa, y un presidente estadounidense que busca una victoria política para demostrar que sus acusaciones tenían bases sólidas, representan una mezcla peligrosa para México en estos momentos, especialmente por la opinión de buena parte de la población, que ve la seguridad pública como su principal preocupación, según las encuestas.
El atrevimiento está presente en los planes de una agencia que en el pasado no se ha detenido ante consideraciones legales. El siguiente capítulo de esta historia se está escribiendo y parece que no tendremos que esperar mucho para ver su conclusión.
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