Este primero de septiembre en términos de lo previsto en nuestro texto constitucional el titular del Poder Ejecutivo Federal debe presentar ante el Poder Legislativo que es el representante del pueblo, un informe del estado que guarda la administración pública. Este acto esencial en un régimen republicano democrático constituye por antonomasia una rendición de cuentas.
En México y en otros países, este ejercicio democrático, de rendición de cuentas se complementa con la presentación, en fecha posterior, al legislativo de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos para el siguiente ejercicio anual.
En el siglo pasado con el gobierno del partido casi único, en que el Presidente de la Republica y la inmensa mayoría de los legisladores pertenecían al mismo partido, se había trastocado este mecanismo de equilibrio y control constitucional y se había convertido en el día del presidente, el cual al arribar al Congreso, en el curso de sus largas peroratas y al finalizar era ovacionado cual si emperador fuera y, si, se comportaba como un Tlatoani.
El desgaste y la erosión consecuente en el ejercicio del poder y las fracturas internas llevaron a que hace apenas unas cuatro décadas, el presidente fuese interpelado primero para luego en el 2006 fuera impedido de ingresar al recinto parlamentario, por cierto con la participación de algunos de los integrantes del gobierno actual.
Así las cosas, en lugar de acudir al Congreso a leer su informe, modificaron el formato para únicamente enviar y presentar solamente por escrito el susodicho informe utilizando al Secretario de Gobernación, como mensajero de lujo. Y en un acto separado leer en Palacio Nacional frente sus invitados especiales un documento político que ensalza sus logros y minimiza u olvida convenientemente sus desaciertos.
En esta ocasión y dado que el nuevo gobierno cuenta con super-mayorías parlamentarias en ambas cámaras, hubiésemos podido regresar al formato republicano e incluso tal y como demandaron en su momento quienes hoy detentan el poder político, se estableciera un diálogo entre el ejecutivo y las fuerzas políticas representadas en el Congreso, todo de manera civilizada y respetando los usos parlamentarios. Por alguna razón, no fue así. Y no es que se añore o se quiera con nostalgia mal entendida, regresar a los tiempos del acto faraónico de una sola voz. Tal vez pronto lleguemos al momento de profundizar nuestra democracia y recobremos la esencia republicana de rendición de cuentas del ejecutivo al legislativo, es decir al pueblo a través de sus representantes.
Así que este año, se mantuvo el formato de celebrar un acto en Palacio Nacional con invitados especiales de las elites políticas, económicas-financieras y de comunicación afines al gobierno, lejanas a la ciudadanía para dar lectura a un documento plagado de panegíricos al propio actuar y sin asomo de autocrítica y solo por cumplir la norma constitucional enviar un documento impreso al Congreso de la Unión.
Reafirmando la continuidad del anterior gobierno, la presidente rindió un séptimo informe de gobierno al señalar varios supuestos logros obtenidos desde 2018 al 2024 como que la población en pobreza pasó de 41.9 por ciento de la población a 29.5 por ciento, es decir, se redujo en 13.5 millones, eso sin mencionar el cambio de metodologías y criterios de medición.
La frase de cierre “Vamos bien y nos va a ir mejor”, fue reproducida por la mayoría de los diarios, Sheinbaum enfatizó que “la Cuarta Transformación no solo continúa, sino que se profundiza”.
La presidente estuvo acompañada por servidores públicos desde los Secretarios del Gabinete de Gobierno y del partido Morena, quienes estuvieron presentes en Palacio Nacional para aplaudir el informe.
El día 1 de septiembre también se celebró la instalación de la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación, con la rendición de protesta por parte de los ministros ante el pleno del Senado, no sin antes realizar de manera inédita diversos rituales de carácter mágico religiosos de investidura de mando, mediante rituales supuestamente ancestrales invocando la protección de Quetzalcoalt. De esta manera el Pleno de la Suprema Corte de Justicia inició sus funciones violentando el artículo 40 de la Constitución al prestarse los ministros a celebrar rituales fuera del marco legal y apegados a una supuesta práctica mágica religiosa, pasando por alto la laicidad del Estado Mexicano.