La Promesa Incumplida

El sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador se cimentó en la promesa de erradicar la corrupción y el robo de combustible, afirmando que ambas lacras “se habían acabado” con la llegada de su gobierno.

Sin embargo, el balance de su administración, a la luz de los datos y los hechos documentados, presenta una realidad distinta.

 

La magia del pañuelito blanco no funcionó

La lucha contra la corrupción se estableció como la bandera principal y la tesis central del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Desde su toma de posesión, el entonces presidente repitió incansablemente que la “deshonestidad, la corrupción política” habían sido el principal problema de México, la causa de la desigualdad, la inseguridad y la violencia.

Su estrategia se basó en una premisa fundamental: “acabar con la corrupción y con la impunidad”. En sus conferencias matutinas, el presidente afirmó en múltiples ocasiones que la corrupción ya no existía en su gobierno, declarando en marzo de 2021 que “se acabó” porque “el presidente no es corrupto y no tolera la corrupción”.

Un año después, en febrero de 2022, reafirmó la declaración con la frase “pañuelito blanco, no hay corrupción, ya no es el tiempo de los gobiernos pasados”.

Entre el Discurso y las Cifras Duras

El Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) de Transparencia Internacional es una medición clave que evalúa los niveles de corrupción en el sector público de 180 países. Es una referencia que el propio presidente López Obrador utilizó en su primer discurso para justificar su cruzada, denunciando la “vergonzosa posición” de México en 2017.

En aquel momento, México se encontraba en el lugar 135 de 180, con una calificación de 29 puntos. La promesa era mejorar significativamente en este ranking. A pesar de la retórica y las declaraciones de éxito, el balance final del sexenio no cumplió con esta expectativa. La medición de 2024, el último año completo de su gobierno, mostró a México con una calificación de 26 sobre 100 y en el lugar 140 de 180 países, la puntuación más baja del país desde que se elabora el índice.

El desfalco en Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) se ha calificado como el mayor caso de corrupción del sexenio. Esta institución, creada bajo la promesa de garantizar la alimentación de los más pobres, se convirtió en el principal foco de desvíos de recursos. El monto oficial del desfalco ha sido objeto de ajuste, pero se estima en, al menos, 3,000 millones de pesos, una cifra que la propia Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha reconocido como dinero que no se ha podido recuperar.

El director de Segalmex, Ignacio Ovalle, no solo no fue investigado, sino que fue “protegido y premiado” con un nuevo cargo al frente del Instituto de Estudios Municipales de la Secretaría de Gobernación.

El expresidente minimizó el problema, declarándolo el “único que hemos enfrentado”, una estrategia comunicacional que buscó contener el daño y mantener la narrativa de honestidad de su gobierno.

Pero el caso Segalmex no fue un incidente aislado, sino que se sumó a una serie de señalamientos que minaron la narrativa oficial. El gobierno anterior afirmó combatir prácticas corruptas, pero se aferró a mecanismos que son inherentemente opacos. Un ejemplo claro fue el uso generalizado de las adjudicaciones directas para la contratación pública. Las cifras demuestran que el 77.2% de los contratos del gobierno federal se entregaron de esta forma, un mecanismo que minimiza la transparencia y el escrutinio, y que constituye un terreno fértil para la corrupción.

Otros casos notorios también pusieron a prueba la credibilidad del gobierno. El videoescándalo de Pío López Obrador, en el que el hermano del presidente fue grabado recibiendo dinero en efectivo, fue justificado oficialmente como “donaciones” para el movimiento político.

De igual forma, las investigaciones periodísticas sobre el patrimonio de Manuel Bartlett, director de la CFE, que presuntamente no correspondía a sus ingresos, fueron desestimadas por la Secretaría de la Función Pública (SFP), que lo exoneró al dictaminar que las propiedades no eran de su titularidad directa.

Otros casos incluyen irregularidades en la compra de medicamentos durante la pandemia, con sobreprecios y proveedores sin experiencia, y presuntos desvíos en Conade con Ana Gabriela Guevara. Además, el hijo de AMLO, José Ramón López Beltrán, fue señalado por residir en propiedades de lujo vinculadas a contratos de Pemex.

Huachicol: Un Combate de Cifras y Hechos

Al comienzo del sexenio, el robo de combustible (huachicol) fue declarado una “prioridad”. El gobierno implementó una estrategia de choque que incluyó el despliegue de las Fuerzas Armadas para resguardar los ductos y la adquisición de miles de pipas para la distribución de combustible.

Las primeras declaraciones oficiales proclamaron un éxito rotundo. En enero de 2019, el presidente anunció ahorros de 2,500 millones de pesos, y para abril del mismo año, se afirmó que el robo de combustible se había reducido en “más del 90 por ciento”, generando ahorros de 12,000 millones de pesos.

La cifra final, mencionada a lo largo del sexenio, alcanzó los 307 mil millones de pesos en ahorros, una suma que, según el mandatario, hizo innecesario el aumento de impuestos o la imposición de “gasolinazos”.

A pesar de la narrativa oficial, los datos oficiales y los análisis de especialistas presentan una imagen muy diferente. Si bien hubo una reducción inicial en el volumen de robo, el problema nunca fue erradicado y, en su lugar, evolucionó y repuntó. La cifra de tomas clandestinas, un indicador clave del problema, se disparó a lo largo del sexenio. En 2023, Pemex registró 14,890 tomas clandestinas, el dato más alto de toda la administración y solo cuatro menos que el máximo histórico de 2018. El acumulado del sexenio de López Obrador (diciembre 2018-diciembre 2023) fue de 64,928 tomas clandestinas, lo que representa un aumento del 49% en comparación con el sexenio completo de Enrique Peña Nieto, que registró 43,620 casos.

En términos económicos, las pérdidas también fueron multimillonarias. Contrario a la cifra oficial de ahorros, las pérdidas por robo de combustible ascendieron a 54.9 mil millones de pesos de 2019 a 2023, un monto equivalente al presupuesto anual de la UNAM.

Esta aparente paradoja se explica por el aumento en el precio del crudo, que elevó el valor económico del combustible robado, incluso si la cantidad en barriles disminuyó inicialmente.

Además, la lucha se centró principalmente en el robo físico de los ductos, mientras que el “huachicol fiscal” –la importación ilegal de combustible sin pagar impuestos– creció de manera importante. Este fenómeno, que representó el 13% del consumo aparente de diésel en 2024, contribuyó a una pérdida total de 24.85 mil millones de dólares para el Estado mexicano durante el sexenio pasado.

Una capa adicional de complejidad al problema del huachicol fue revelada por las investigaciones periodísticas. Un reporte basado en inteligencia militar mostró que, desde 2020, el gobierno federal tenía conocimiento de la existencia y operación de una planta clandestina en Veracruz que refinaba petróleo robado, liderada por un grupo criminal conocido como “La Barredora”.

A pesar de esta información detallada, que incluía mapas y ubicaciones precisas, las autoridades no actuaron durante años, lo que plantea dos posibilidades: una ineficacia o negligencia gubernamental monumental, o un esquema de complicidad y protección a estas estructuras criminales.

La persistencia del problema se ha evidenciado aún más después del sexenio. Los decomisos históricos de huachicol, como el aseguramiento de 15 millones de litros de combustible en 129 carrotanques, realizados por la nueva administración, exhiben el fracaso de la estrategia anterior y demuestran que el problema nunca fue erradicado.

En el mejor de los casos, el combate fue un show de relaciones públicas que se enfocó en los ladrones de bajo nivel, mientras que las redes criminales de alto nivel, con posibles protecciones gubernamentales, siguieron operando con impunidad.