En 2014, un video filtrado mostraba a un grupo de diputados panistas en Puerto Vallarta, acompañados de mujeres que, se supo después, provenían de un centro de espectáculos para adultos. Este suceso popularizó en la opinión pública el término “moches”, que definía la práctica de algunos legisladores que, para enriquecerse, influían en la asignación de presupuestos para obras en municipios de su interés.

Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, se reveló la trama del caso Odebrecht, en el que la constructora brasileña corrompía a funcionarios públicos para obtener contratos. En México, solo el senador panista Jorge Luis Lavalle pisó la cárcel —recientemente contratado por el gobierno de la morenista Layda Sansores en Campeche—, mientras que Emilio Lozoya, el otro señalado como beneficiario, sigue a la espera de sentencia en un proceso judicial marcado por las sospechas de que ha mentido y busca dilatar la conclusión del caso.

En el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, el caso Segalmex representó un desvío de 15 000 millones de pesos. Este desfalco se sumó a las notas periodísticas que documentan conversaciones de personas cercanas a uno de los hijos del expresidente, las cuales sugieren que influyó en negocios y obras públicas emblemáticas al amparo del poder.

En el actual sexenio, el decomiso de millones de litros de huachicol ha destapado un caso que involucra a funcionarios de aduanas y de la Secretaría de Marina. Esto contradice el discurso de la presidenta Sheinbaum de que la corrupción es cosa del pasado y parece ser solo la punta de un iceberg que involucra incluso a familiares políticos del titular de la Armada del sexenio anterior.

La política como vía de enriquecimiento

La política ha sido tradicionalmente una fuente de enriquecimiento para quienes la ejercen, tanto por los salarios elevados como por las oportunidades de negocios que se generan, a lo que se suma un alto nivel de impunidad. La protección de los partidos, que no quieren ver dañada su imagen, a menudo garantiza la permanencia en el puesto a pesar de las faltas.

La reducción de sueldos no ha funcionado; siguen apareciendo prestaciones y apoyos que hacen atractivos los cargos en el gobierno o en el ámbito legislativo. A esto se suman las posibilidades de obtener recursos adicionales, como los “moches” por gestionar obras o negociar presupuestos, o las comisiones por contratos en los que pueden influir para recibir su “parte”.

El nepotismo es otra constante, ya sea de forma abierta o mediante el uso de cómplices que contratan a familiares para sortear los señalamientos públicos. Además, los intentos por lograr la transparencia de los candidatos no han sido suficientes para acotar la ambición de la clase política. La iniciativa “3 de 3” ha evidenciado que se ocultan propiedades, se omiten conflictos de interés o se miente en los datos. Por ejemplo, en 2025, diversos medios informaron que el secretario de Educación, Mario Delgado, tenía un departamento de 15 millones de pesos en Reforma 222, pero lo registró en su declaración en solo 1.5 millones. El funcionario lo atribuyó a un “error de dedo”, pero sin aclarar cómo un servidor público con su trayectoria pudo adquirir la propiedad y, además, viajar de vacaciones a Portugal ese mismo año.

Destacan también las publicaciones en redes sociales donde miembros de la clase política exhiben ropa de marca, joyería de diseñador, cortesías para eventos exclusivos —como los boletos que recibió el expresidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, para la Fórmula 1—, y sus viajes por el mundo. A esto se suman investigaciones periodísticas que exponen a quienes, sin presumir en redes sociales, también se permiten un turismo de lujo o visten prendas con un costo superior a lo que gana una persona promedio mensualmente. Esta práctica abarca a militantes de todos los partidos.

 

Romper el ciclo de complicidades

El problema es que la clase política actual, al monopolizar los puestos de elección e influir en las contrataciones, es juez y parte en la vigilancia de este tema. Son ellos quienes se asignan sueldos, apoyos y prestaciones; quienes fijan los límites y redactan las leyes que deberían evitar el enriquecimiento ilícito.

Esto explica el rechazo a iniciativas como la ya mencionada “3 de 3” o a la eliminación de organismos de transparencia. Bajar el sueldo, como se evidenció el sexenio anterior bajo el supuesto de que nadie ganaría más que el titular del Ejecutivo Federal, solo trajo consigo una simulación, y en la realidad aún hay funcionarios que superan el tope salarial.

Sin una solución de fondo que rompa la red de complicidades existente, solo nos queda esperar que el voto ciudadano haga pagar el costo a esos políticos que han perdido la vergüenza y presumen sus fortunas obtenidas al amparo del poder.