Las investigaciones sobre el huachicol fiscal en México señalan la participación de funcionarios y exfuncionarios de áreas como aduanas y la Secretaría de Marina. Las detenciones realizadas han confirmado su implicación en este delito.

El operativo “Enjambre”, que comenzó en noviembre de 2024, logró siete órdenes de aprehensión contra presidentes municipales, directores de Seguridad Pública y otros funcionarios del Estado de México, todos ellos vinculados a grupos delictivos.

El caso de la “Barredora” de Tabasco, un grupo criminal presuntamente liderado por el extitular de Seguridad de la entidad, Hernán Bermúdez Requena, implica a Adán Augusto López Hernández, entonces gobernador. La controversia surge tanto por su nombramiento como por su declaración de no tener conocimiento de las actividades criminales de su colaborador.

Por otro lado, Estados Unidos ha revocado las visas de legisladores, alcaldes y una gobernadora mexicanos bajo la sospecha de que están vinculados con actividades ilícitas. Además, mantiene investigaciones abiertas contra gobernadores, alcaldes y legisladores por su presunta relación con el crimen organizado y operaciones financieras ilegales, según reportes de medios periodísticos.

De igual manera, investigaciones periodísticas han destapado una red de tráfico de influencias que, supuestamente, involucra a empresarios y familiares del expresidente, abarcando sectores como medicamentos, infraestructura y turismo.

Tras su detención, Ismael “El Mayo” Zambada, mediante una carta de su abogado, reveló que el gobernador de la entidad donde se asentó el cártel de Sinaloa era uno de sus “contactos habituales” para negociar diversos temas. Esta revelación cobra relevancia tras las denuncias de que la participación del crimen organizado en la elección estatal de 2021 fue determinante para el resultado electoral.

Una constante en todos estos casos es que, en su gran mayoría, se trata de militantes de Morena o de funcionarios que forman parte de gobiernos emanados de este partido.

Este recuento se basa en información “dura”, es decir, con pruebas concretas de la relación entre funcionarios públicos y grupos delictivos. A ello se suman otras denuncias, ampliamente difundidas y que han impactado a la opinión pública, aunque no han sido formalmente aceptadas por las autoridades judiciales.

Entre estas últimas se encuentran las acusaciones contra el llamado “Clan”, que involucran a hijos del expresidente López Obrador y algunos de sus allegados en presuntas actividades relacionadas con obras públicas.

También destacan las denuncias de un supuesto financiamiento ilegal a campañas electorales de Morena en varias entidades. Incluso hay versiones de que se obligó a candidatos de oposición a renunciar o a no participar mediante amenazas de grupos armados, como se comenta en el caso de la elección en Valle de Bravo, Estado de México.

El presunto uso del huachicol para financiar campañas de Morena es otro tema con abundantes denuncias, pero que no ha provocado acciones por parte de las autoridades, a pesar del asesinato de Sergio Carmona, el señalado “Rey del Huachicol”, y sus supuestos nexos con dirigentes partidistas.

No se pueden omitir las sospechas generadas por el vasto patrimonio inmobiliario de figuras cercanas a Morena, como Manuel Bartlett, Mario Delgado o, más recientemente, Gerardo Fernández Noroña, cuya casa en Tepoztlán, con un valor de 12 millones de pesos, ya ha provocado protestas de comuneros de la zona.

Ante este panorama, el partido en el poder recurre a su estrategia más conocida: la propaganda, apoyándose en la figura de su fundador para influir en la opinión pública. Sin embargo, esta táctica es arriesgada, pues si la imagen del expresidente se ve afectada, arrastrará con ella a su partido.

La defensa del expresidente López Obrador ha unido los esfuerzos de la actual presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y la de Morena, Luisa María Alcalde, quienes han recurrido a eslóganes para proteger al exmandatario.

Sheinbaum ha declarado que su antecesor “se ganó el corazón del pueblo de México” y que quienes “perdieron los privilegios” y “no se ven reflejados en el gobierno” siguen “calumniando al presidente”.

Por su parte, la dirigente de Morena, en respuesta a la denuncia de Alejandro “Alito” Moreno en Estados Unidos sobre el “Cártel de Macuspana”, afirmó que “el león cree que todos son de su condición” y que el expresidente “transformó para bien la historia del país”.

A pesar de que Luisa María Alcalde ha señalado que “hay una línea divisoria clara entre el gobierno y el crimen organizado”, las sospechas de vínculos entre algunos militantes de su partido y grupos criminales persisten.

El dicho popular de que “cuando el río suena, agua lleva” se aplica perfectamente a este escenario. Los líderes de Morena intentan calmar el escándalo repitiendo frases que, aunque resuenen bien con su militancia, no logran aclarar las dudas del electorado mexicano.