Casi 25 millones de hechos invisibles en el mejor de los casos (como en 2022) y hasta 31 millones en el peor (en 2024), pero con una tasa de delitos que se convierten en carpeta de investigación que nunca pasa de 7.6%. Es como si la presión de entrada creciera o disminuyera, sin que eso modifique la capacidad de gestión del sistema. Véanse, por ejemplo, los datos de 2019 y 2024: a pesar de que el total de delitos estimados fue casi 3 millones más en 2024, las carpetas que se abrieron fueron casi las mismas, 2.3 millones.

De ahí se desprende una conclusión sugerente: lo que cambia es el tamaño del caudal inicial, pero no la capacidad de las instituciones para transformarlo en investigaciones; el sistema opera como si tuviera un estrechamiento permanente en la entrada, una constante que define la experiencia de las víctimas y, al mismo tiempo, la debilidad de las instituciones de procuración de justicia en el país. Esa asimetría —más delitos estimados sin mayor proporción de carpetas— es el dato que exige explicación y, sobre todo, capacidad para romper un techo que hoy opera como constante.

En términos prácticos, si tomamos el último registro disponible (33.5 millones de delitos estimados), elevar en un solo punto porcentual adicional la proporción de delitos con carpeta equivaldría a 335 mil investigaciones más en un año. Mientras ese salto no ocurra, la cifra negra seguirá funcionando como un contenedor casi fijo: cambia el volumen que entra, no la parte que realmente se procesa.

El mapa por tipo de delito revela una inercia incómoda a lo largo del sexenio: para la mayoría de los delitos, nueve de cada diez hechos no llegan a denunciarse. Entre 2019 y 2024, la extorsión, los fraudes (al consumidor y bancario), el hostigamiento sexual y los robos —en la calle o en transporte público, así como a casa habitación— permanecieron casi inmóviles: por cada caso en que la autoridad abrió una investigación, al menos otros 15 quedaron fuera, año tras año.

La excepción relativa es el robo total de vehículo: su cifra negra se mantuvo alrededor de un tercio en todo el periodo; es decir, dos de cada tres eventos sí derivan en actuación ministerial. El contraste sugiere que, cuando existe un incentivo o requisito tangible para activar al Estado —por ejemplo, hacer válida una póliza de seguro—, la puerta de entrada se ensancha.

Conviene subrayar dos giros que engañan a primera vista. En los delitos sexuales conviven dos mundos: el hostigamiento sigue en opacidad casi total (prácticamente todo queda fuera de los registros, en la cifra negra, en 98.1% de los casos), mientras que la violación, aunque parezca “más baja” en la gráfica frente a otros delitos, empeoró: pasamos de 59.4% casos de violación sexual sin denuncia en 2019 a 87.5% en 2024; se trata de un aumento de 28 puntos en la cifra negra en un sexenio. Algo similar ocurre con el secuestro: de 76% en 2019 subió a 80.3% en 2024, 4.3 puntos más. En síntesis, entre 2019 y 2024 ambos delitos se volvieron menos visibles para el sistema; incluso donde parecería haber más luz, la puerta se estrechó.

La lectura conjunta con los agregados nacionales anteriores es elocuente: aunque el número de delitos ocurridos fluctúa a lo largo del sexenio, la proporción que efectivamente se convierte en investigación por tipo de delito se comporta estable. Allí donde la cifra negra roza el techo, cualquier aumento del universo de casos se traduce casi mecánicamente en más hechos invisibles. Y allí donde existe un incentivo claro —como en el robo de vehículo— la proporción que entra al sistema se mantiene comparativamente alta, recordando que modificar reglas, costos y beneficios de denunciar mueve más la aguja que esperar a que el volumen de delitos que entran al sistema, por sí mismo, haga el trabajo.

La razón principal para no denunciar es práctica: la gente dice que pierde demasiado tiempo, no que tenga miedo. En el tope aparece la “pérdida de tiempo”: ronda un tercio de las respuestas (entre uno de cada tres y uno de cada cuatro), y aunque cedió a comienzos de la serie entre 2020 y 2022, volvió a situarse cerca de 35% al cierre de 2024. Le siguen dos anclajes que, sumados, pesan casi tanto como el primero: “desconfianza en la autoridad” (en torno a uno de cada siete) y la idea de “delito de poca importancia” (también cercana a uno de cada siete–ocho, con una senda ascendente reciente).

El resto de las razones se reparte en bloques medianos: “no tenía pruebas” está en 9.7% y “trámites largos y difíciles” en 10.1%, ambos alrededor de uno de cada diez. En los márgenes, “miedo al agresor” suma 5.8%; la “actitud hostil de la autoridad”, 3.4%; y el “miedo a ser extorsionado”, 0.8%. La conclusión práctica es clara: por cada 100 potenciales denuncias que no se presentan, alrededor de 35 se frenan por costos de tiempo percibidos; otras 15–20 por desconfianza o por considerar el hecho “menor”; y cerca de 10 por falta de evidencia suficiente.

Con los años cambian las proporciones, pero el problema central sigue siendo el mismo: el tiempo. Cuando el número de delitos crece, el motivo que más empuja a no denunciar es la “pérdida de tiempo”. Si denunciar toma horas y el resultado es incierto, muchas personas deciden no ir; si el trámite se acorta y hay seguimiento claro, más gente sí cruza la puerta. En términos de la ENVIPE: cuando “pérdida de tiempo” sube un punto, la no denuncia aumenta más que por razones menores como el miedo o la hostilidad.

En términos prácticos, el sistema pierde más por fricción que por miedo: por cada cien decisiones de no denunciar, entre 45 y 50 se explican por “pérdida de tiempo”, “poca importancia” y “no tenía pruebas”, mientras miedo y actitud hostil reúnen alrededor de una de cada cuatro. La implicación es directa: reducir tiempos y simplificar procedimientos tiene potencial de mover más casos a investigación formal que cualquier otra variación coyuntural del número total de delitos; si la conversión mejora aunque sea unos puntos porcentuales, el “embudo” de entrada se abriría lo suficiente para impactar miles de denuncias que hoy se quedan en el camino.

IV. Atasco procesal: del “nada” al “en trámite” como ruta típica de la carpeta

Si partimos del hecho de que solo 68 de cada 1,000 delitos llegan a carpeta y que, de esas carpetas, 89.7% no concluye (queda sin resultado o en trámite), el balance de resultados tras la denuncia es, en esencia, binario: o no pasa nada, o el expediente queda varado. En cuatro de los seis años, alrededor de uno de cada dos casos terminó sin resultado; en 2024 esa fracción bajó a cuatro de cada diez, pero no porque crecieran las salidas sustantivas, sino porque casi dos de cada cinco quedaron “en trámite” (41.7%).

Las rutas conclusivas siguen en márgenes muy estrechos: poner a disposición de un juez se mueve entre uno de cada veinte y uno de cada veinticinco; la reparación del daño ronda tres de cada cien; y la recuperación de bienes cayó a cuatro de cada cien, aproximadamente la mitad de lo observado al inicio de la serie. Sumadas, estas tres salidas difícilmente alcanzan una de cada diez. La conclusión operativa es clara si pensamos “por cada 100 denuncias”: unas 40 no obtienen nada, 42 no llegan a resolverse a tiempo y 8–10 concluyen con un resultado tangible.

En la dinámica reciente aparece un corrimiento del “nada” hacia el “en trámite”, señal de atascos más que de eficacia: disminuye la proporción que muere sin efecto, pero crece la que no logra cruzar el umbral procesal. El patrón sugiere que, aun cuando el flujo de denuncias varíe, la capacidad de cierre permanece prácticamente fija: por cada punto porcentual que se logrará trasladar desde “en trámite” o “nada” hacia cualquiera de las salidas efectivas, un caso adicional por cada 100 alcanzaría reparación, recuperación o control judicial; extrapolado al volumen nacional, son decenas de miles de desenlaces concretos.

En términos sencillos: si el sistema acelera pasos críticos (plazos de investigación, peritajes, notificaciones) y prioriza las rutas con mayor impacto material, la aguja se movería más que esperando a que cambie el número total de delitos. Hoy, la aritmética manda: 80 de cada 100 denuncias quedan sin desenlace al cierre del año —ya sea quietas o en tránsito—, y la llave no está en sumar más entradas, sino en convertir más salidas.

Si con el caudal actual sólo siete de cada cien hechos llegan a carpeta, ¿la respuesta es pedir más denuncias? No: la evidencia señala que el cuello de botella está en convertir mejor lo que ya entra. ¿Sirve abrir más ventanillas sin acortar el trámite? Tampoco: el principal motivo para no denunciar es el tiempo, y, cuando se denuncia, el expediente suele quedar atascado. ¿Qué mueve entonces la aguja? Tres palancas medibles: (1) recortar tiempos de inicio y seguimiento; (2) habilitar rutas de evidencia accesibles (digitales y oportunas); y (3) asegurar salidas con valor material —reparación y recuperación— que recompensen denunciar.

Pero hay una condición de posibilidad sin la cual lo anterior no despega: elevar la confianza en la autoridad ministerial y abatir la percepción de corrupción. Si las personas creen que el trámite es largo y que la autoridad es poco confiable o corrupta, no habrá rediseño que baste. Con un solo punto porcentual adicional de conversión —viable si el proceso es más rápido, más transparente y percibido como íntegro— el país sumaría centenares de miles de investigaciones en un año. Entonces, la pregunta final con respuesta implícita es inevitable: ¿queremos más denuncias o más resultados? La prioridad es inequívoca: más resultados, y para lograrlos, más confianza y menos corrupción.