Como presidente de México, Felipe Calderón nombró a Genaro García Luna como secretario de Seguridad federal. Tras el fin de su sexenio, el extitular se mudó a Estados Unidos —país que lo había reconocido por su labor— para fundar una consultora en temas de seguridad.

Además de su empresa, el exsecretario poseía varios inmuebles en el país vecino, pero su suerte se terminó al ser detenido y procesado. Fue acusado de haber recibido sobornos de un cártel del narcotráfico mexicano, con el que mantenía lazos de complicidad. El juicio concluyó con una sentencia de 38 años de prisión, luego de que el jurado lo hallara culpable de los cinco cargos presentados por la fiscalía estadounidense.

Mientras el proceso se desarrollaba en Nueva York, muchos acusaron al expresidente Calderón por haber designado a un delincuente en un puesto gubernamental clave desde el que, presuntamente, favoreció a un grupo del crimen organizado. El exmandatario negó tener conocimiento de tales hechos.

De forma paralela, como gobernador de Tabasco, Adán Augusto López Hernández nombró a Hernán Bermúdez Requena como secretario de Seguridad estatal. Tras su renuncia, presentada el 4 de enero de 2024, el nuevo gobierno de la entidad acusó al exfuncionario de delitos graves, señalándolo como uno de los fundadores y líderes del cártel de “La Barredora”. Se le giró una orden de aprehensión por narcomenudeo y extorsión, además de posibles vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El exsecretario se fugó, pero fue detenido en Paraguay el pasado 12 de septiembre. Cinco días después, el 17 de septiembre, fue expulsado y entregado a México para ser recluido en el penal de alta seguridad del Altiplano, en el Estado de México.

Mientras se desarrolla el proceso penal en su contra, las críticas han apuntado al exgobernador López Hernández por haber nombrado a un presunto criminal en un cargo desde el que, al parecer, benefició a un grupo del crimen organizado. Al igual que Calderón, el exmandatario estatal negó tener conocimiento de las actividades ilícitas.

Un patrón de complicidad

La motivación detrás de estos señalamientos contra un expresidente de la república y un exgobernador reside en la recurrente experiencia ciudadana de ver a gobernantes y sus colaboradores inmersos en casos de complicidad y nexos con el crimen organizado.

Un ejemplo emblemático es el de Roberto Sandoval, exgobernador de Nayarit. Acusado de lavado de dinero y con prohibición de entrada a Estados Unidos por tráfico de drogas, fue detenido en México en 2021 tras haberse fugado, y permanece recluido en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 4 ‘El Rincón’ en Tepic, Nayarit.

El destino de Sandoval cambió cuando uno de sus principales colaboradores, el exfiscal Edgar Veytia, fue investigado y sentenciado en Estados Unidos a 20 años de prisión por construir una estructura criminal junto a su amigo, el exgobernador que lo nombró. Esta red criminal apoyaba a varios cárteles del narcotráfico. Este caso evidenció que Sandoval no solo estaba al tanto de la relación de su subalterno con el crimen organizado, sino que también participaba en dichas actividades. Como dato relevante, Edgar Veytia fue testigo en el juicio contra Genaro García Luna.

 

La sombra de la sospecha

Para muchos analistas, columnistas e incluso usuarios de redes sociales, el titular del Ejecutivo —sea estatal o federal—, necesariamente está al tanto de las actividades e inclinaciones de los colaboradores que nombra en su gabinete, especialmente en áreas tan sensibles como la seguridad pública.

Esta suspicacia se refuerza con el polémico reconocimiento que hizo el expresidente Andrés Manuel López Obrador al inicio de su sexenio: “no es cierto que el Presidente no sabía o que engañaban al Presidente o que fueron desviados colaboradores del Presidente, el Presidente tiene toda la información y claro que sabe. Los negocios más jugosos que se hacen al amparo del poder público llevan el visto bueno del Presidente”.

A pesar de este principio, cuando se reveló el fraude en Segalmex (Seguridad Alimentaria Mexicana), López Obrador lo calificó como “el único caso de corrupción” en su administración y aseguró que no habría impunidad. No obstante, el director de la empresa, Ignacio Ovalle, no fue requerido por la justicia a pesar de los señalamientos en su contra, siendo incluso protegido por el propio presidente, quien argumentó que Ovalle había sido engañado por colaboradores de extracción priista. Este caso abre el interrogante sobre si Ovalle conocía o no las actividades ilícitas de sus subalternos.

La acumulación de estos eventos ha provocado que el imaginario popular señale a Calderón Hinojosa, López Obrador y López Hernández —al menos— como ineptos por designar a colaboradores que, en realidad, eran parte de esquemas delincuenciales. Tres políticos que, a pesar de las evidencias, alegan desconocimiento de lo que ocurría en sus propios equipos de trabajo.