El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) difundió un comunicado que, más que un informe de inteligencia, parece un guion diseñado para reforzar la narrativa del miedo. Según dicho documento, las organizaciones criminales mexicanas estarían ofreciendo recompensas para agredir, secuestrar o asesinar a agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), particularmente en la ciudad de Chicago, epicentro de la llamada Operación Midway Blitz, orientada a la persecución de migrantes indocumentados.

El comunicado asegura que las redes criminales han desplegado un sistema estructurado de recompensas: dos mil dólares por obtener información personal de los agentes; entre cinco mil y diez mil por agredirlos; y hasta cincuenta mil por asesinarlos. Además, se señala a pandillas locales, como los Latin Kings, de operar como supuestos brazos armados de los cárteles mexicanos en barrios latinos como Pilsen y Little Village, donde —afirman— incluso habría “vigías con rifles en los techos”. La acusación, sin embargo, carece de nombres, fechas, pruebas o detenciones. Todo se sostiene en la frase ambigua de “información creíble”.

El problema no es solo la falta de evidencia, sino el uso político de este tipo de comunicados. En plena temporada de confrontación electoral en Estados Unidos, cuando el discurso antimexicano vuelve a ser rentable, reaparece la figura del “narco mexicano omnipresente” como enemigo interno. No se trata de negar la existencia de la violencia criminal, sino de subrayar la manipulación de su narrativa: un boletín anónimo del DHS puede convertirse, en cuestión de horas, en justificación para aumentar operativos, militarizar fronteras o criminalizar comunidades enteras.

Los barrios latinos de Chicago —de trabajadores, familias y estudiantes— han sido históricamente el blanco de redadas migratorias y campañas mediáticas que buscan asociar pobreza con delincuencia. Ahora, bajo la excusa de una supuesta “amenaza a los agentes federales”, se corre el riesgo de que la persecución contra los migrantes se dispare bajo el velo de la seguridad nacional.

Por supuesto, todo Estado tiene derecho a proteger la vida de sus funcionarios. Lo que resulta inaceptable es hacerlo con base en especulaciones que alimentan el odio y el racismo institucional. Esta estrategia de miedo no fortalece la seguridad: fractura la convivencia, estigmatiza comunidades y alimenta la idea del “enemigo mexicano” como excusa de campaña.

Si el DHS posee pruebas concretas, que las presente. De lo contrario, este tipo de acusaciones solo confirma que la verdadera operación en curso no es contra el crimen, sino contra la dignidad del migrante. En una sociedad cada vez más polarizada, sembrar el miedo es la forma más cobarde de gobernar.

Eso pienso yo, usted qué opina. La política es de bronce.

@onelortiz