La presentación del Plan de Paz para Michoacán en Palacio Nacional exhibió un detalle que llevó a columnistas a adelantar el fracaso de la nueva estrategia anunciada por la presidenta Claudia Sheinbaum. Ese detalle tiene nombre, apellido y cargo: Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador de Michoacán.

Las razones para calificar el Plan como un fracaso anunciado son varias, pero las dos principales son: la ineptitud mostrada para evitar el deterioro de la seguridad en la entidad, que culminó con el asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan y crítico constante de la situación. La segunda es la sospecha de vínculos del mandatario estatal con cárteles del crimen organizado. Diversas notas periodísticas citan informes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) que reportan la presunta relación de Ramírez Bedolla con grupos delictivos, una acusación reforzada por lo que ha sucedido con varios de sus familiares, algunos incluso con sentencias en Estados Unidos.

A pesar de la exigencia de su cese para dar paso a un perfil sin implicación con los grupos criminales de Michoacán, el gobernador se mantendrá en su cargo, sin que se considere su relevo, pese a las pruebas y los reportes a disposición de la presidenta.

Un caso similar es el del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, quien también enfrenta un escenario de violencia en la entidad. La tensión se centra en el enfrentamiento entre “Los Mayitos”, herederos de Ismael “El Mayo” Zambada García, y “Los Chapitos”, facción de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, una guerra interna. La situación que atraviesa Sinaloa (cientos de muertos, negocios que cierran temprano por miedo a la violencia) se agrava con el escándalo del abogado de Ismael Zambada. Este, luego de su detención, dio a conocer una carta que establece la relación del Cártel de Sinaloa con Rocha Moya.

A pesar de estos antecedentes, tampoco se ha tomado la decisión de cambiar al gobernador, y se le continúa invitando a eventos a los que asiste la presidenta Sheinbaum.

Lo anterior no sería más que un par de anécdotas en el repertorio político nacional, pero en realidad exhibe una tendencia preocupante.

El pasado 11 de noviembre, durante su conferencia matutina (la ‘mañanera’), la presidenta Claudia Sheinbaum presentó una gráfica de homicidios desde 2006. Hizo énfasis en el incremento del 148 por ciento del delito durante el sexenio de Felipe Calderón —el villano favorito de la 4T—, pero omitió detallar que en 2012 ya se mostraba una tendencia a la baja que se mantuvo en los primeros años del gobierno de Enrique Peña Nieto y, sobre todo, el marcado repunte que estas muertes tuvieron en la administración de su antecesor, Andrés Manuel López Obrador.

El intento de manipulación fue claro: culpar al panista de la situación actual que se vive en materia de seguridad, sin reconocer que una de las promesas más importantes del movimiento —atacar las causas— no ha mostrado resultados en los 7 años de gobierno de Morena.

Detrás de este patrón se encuentra la venda ideológica de la presidenta Sheinbaum, que no le permite apreciar la realidad nacional ni tomar las decisiones necesarias.

Esto explica la razón por la cual no se removerá a ninguno de los gobernadores: sería reconocer que la 4T comete errores, algo que los integrantes del movimiento no se pueden permitir.

Tampoco habrá modificaciones en la estrategia de seguridad; de hecho, se buscará defender la aplicada en el sexenio anterior, definida bajo el lema “abrazos, no balazos”, justificándola en repetidas conferencias desde Palacio Nacional.

El Plan Michoacán ofrece indicios en este sentido. El despliegue de más efectivos de las fuerzas armadas, un esquema ya implementado por los gobiernos de Calderón y Peña Nieto, repite el principio de que la cantidad es la solución. En realidad, no se modifica ninguna de las causas que permiten que en Michoacán prosperen grupos delictivos —que extorsionan a productores agrícolas y trafican sustancias prohibidas—, siendo la principal las redes de protección y complicidad que existen con miembros de los tres órdenes de gobierno.

Esta venda ideológica le impide a la presidenta ver las manifestaciones durante su administración como legítimas expresiones de grupos inconformes, algo que ella y los miembros de su partido hacían anteriormente. Por ello, las descalificaciones hacia colectivos como los que marchan el 8 de marzo o los convocados por la “Generación Z” son vistas como una amenaza que debe ser investigada.

Así, no se reconocerán errores, se protegerá a los compañeros de partido sin importar acusaciones ni pruebas, no se removerá a gobernadores que han demostrado su ineptitud en el cargo y no se cambiará el rumbo de un gobierno más interesado en ganar elecciones que en asegurar un futuro a las próximas generaciones de mexicanos.