Por: Verónica Ayala e Iván Alamillo
Servicios Especializados de Investigación y Custodia (SEICSA), a la que la Fiscalía General de la República (FGR) acusó como parte de una trama de huachicol y tráfico de armas del dueño de Miss Universo, recibió al menos 30 contratos por más de 300 millones de pesos de la propia Fiscalía para cuidar sus instalaciones en todo el país. Además, la citada empresa recibió la encomienda del SAT de custodiar instalaciones aduaneras en puntos clave del huachicol, como Tijuana, Guaymas y Nogales.
Las empresas de seguridad privada con las que operaba la red de tráfico de armas y huachicol en la que participaba Raúl Rocha Cantú, dueño del concurso Miss Universo, obtuvieron en el anterior sexenio decenas de contratos millonarios para labores de vigilancia de instalaciones gubernamentales, incluso de la propia Fiscalía General de la República que ahora las investiga.
Este es uno de los 30 contratos que la FGR otorgó una empresa que ahora investiga de traficar armas.
De acuerdo con un análisis de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, con base en la información disponible en el portal de ComprasMx de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno (antes Compranet) y datos obtenidos de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), la compañía Servicios Especializados de Investigación y Custodia, S.A. de C.V. (SEICSA) recibió entre 2020 y 2022 al menos 30 contratos por parte de la FGR por más de 300 millones de pesos para el resguardo de sus inmuebles.
SEICSA es una de las cinco empresas empleadas para adquirir, rematricular y traficar armamento de la red de Rocha Cantú, de acuerdo con el expediente de la causa penal al que MCCI tuvo acceso.
La organización distribuía armamento a grupos criminales, los cuales recibían las armas con una licencia de portación a nombre de las empresas de seguridad, lo que impedía que los portadores fueran detenidos en flagrancia.
Detalles de otros contratos asignados por la FGR a SEICSA.
De la descripción de los contratos se desprende que SEICSA debía otorgar los servicios de seguridad y vigilancia en diversas sedes de la Fiscalía General de la República, así como en unidades administrativas y delegaciones de la FGR en los distintos estados del país.
Tan solo en 2021, la FGR otorgó un contrato por 181 millones de pesos a SEICSA para otorgar el servicio de vigilancia a las instalaciones de la dependencia.
SEICSA ha tenido como representante legal a Jorge Enrique Alberts Ponce, quien de acuerdo con la propia FGR era uno de los líderes de la organización y se encargaba de coordinar que las armas fueran rematriculadas y posteriormente distribuidas a otros grupos criminales.
Como lo dio a conocer MCCI, Alberts Ponce también participó en el desfalco multimillonario a Segalmex con otra empresa de su propiedad llamada Acurgen S.A. de C.V., la cual ya había sido señalada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) de haber participado en los desvíos de la Estafa Maestra.
En la acusación de la FGR se menciona a Jorge Enrique Alberts Ponce como administrador de las empresas de seguridad utilizadas para traficar armas. En un acta mercantil de SEICSA consta que su nombramiento como apoderado se otorgó desde 2017.
Pero la Fiscalía General de la República no es la única que contrató a SEICSA para vigilar sus inmuebles, pues la compañía acumula entre 2018 y 2024 decenas de contratos con dependencias del Gobierno federal como CFE, Profeco, IMSS, SAT, Banjercito, Banco del Bienestar, IMSS, INEGI, Capufe, Lotería Nacional, INEA, Infonacot, INBAL, INDEP, ASIPONA de Guaymas, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y el Banco Nacional de Comercio Exterior.
Esto sin contar los otorgados por el Instituto Nacional de Migración para la vigilancia de estaciones migratorias que, aunque han sido documentados por medios, no se encuentran en su totalidad en las plataformas de contrataciones.
Contratos que el SAT asignó a SEICSA para custodiar las aduanas de Tijuana y Nogales, dos de los puntos que han sido conflictivos en el contrabando de combustible.
MCCI constató que el SAT le otorgó contratos a SEICSA para custodiar puntos fronterizos que han servido para el paso de combustible de contrabando, esquema conocido como huachicol fiscal, como es el caso de las aduanas de Tijuana, en Baja California, y Nogales y Guaymas, en Sonora.
Lluvia de contratos con CFE
Durante la gestión de Manuel Bartlett al frente de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), SEICSA –administrada por Jorge Enrique Alberts Ponce– vivió una bonanza que le dejó contratos por hasta 264 millones de pesos para otorgar el servicio de vigilancia y seguridad para los inmuebles de CFE Distribución en el Valle de México.
MCCI reveló que Acurgen S.A. de C.V., en la que Alberts Ponce es accionista mayoritario, ha reportado como su domicilio el número 350 de la calle de Séneca en la colonia Polanco, inmueble que es propiedad del hijo de Julia Abdalá Lemus, empresaria y pareja de Manuel Bartlett.
El domicilio de Séneca 350 también es compartido con Servicios Profesionales de Seguridad Privada (SERPROSEP), otra compañía de seguridad cuyo director general es Christian Pablo Varela Escobedo.
En el expediente de la causa penal 495/2025 que se sigue contra la red criminal del dueño de Miss Universo, Varela Escobedo es mencionado como representante legal de Servicios Terrestres de Seguridad Privada (SETER), una de las cinco compañías que eran usadas por la organización criminal para traficar armas.
Alberts Ponce, el operador de SEICSA, también fungió como representante de Acurgen SA de CV en un contrato suscrito con Segalmex. En ese contrato declaró que el domicilio de la empresa estaba en Séneca 350, inmueble que tiene en usufructo Julia Abdalá, pareja de Bartlett.
Este es uno de los mayores contratos que la CFE otorgó, durante la gestión de Bartlett, a SEICSA.
Y también contratan a otras empresas de la red
Servicios Integrales Valbon, S.A. de C.V., otra de las empresas señaladas por las autoridades por su participación en la red de tráfico de armas de Rocha Cantú, acumula entre 2021 y 2024 al menos 12 contratos que suman casi 57 millones de pesos con dependencias federales como Capufe, IMSS, ISSSTE, Fonatur, Lotería Nacional y con la Sociedad Hipotecaria Federal.
Mientras que Servicios Terrestres de Seguridad Privada, S.A. de C.V. (SETER), otra de las compañías implicadas en las actividades delictivas del , también obtuvo al menos tres contratos con Liconsa, en 2019 y 2020, por cerca de 5 millones de pesos.
Con información de la Unidad de Investigación Aplicada de MCCI.