Estados Unidos sigue presionando a la Presidente de México para que realice acciones contundentes en contra de los carteles de la droga, y no solo en contra de los delincuentes sino también quieren ver acciones en contra de los gobernadores, alcaldes y políticos que protegen a los integrantes de los carteles y les ofrecen salvo conducto para que continúen con el tráfico ilegal de drogas, ya que de nada sirve que se detengan a los cabecillas de los grupos criminales, porque como la hidra de mil cabezas siempre hay uno que lo reemplace de inmediato.
Dentro de la tensión que ocasiona las amenazas de Trump de combatir a los criminales directamente en el territorio mexicano, el pasado fin de semana se desató una serie de rumores respecto de un avión de la fuerza aérea de los Estados Unidos que aterrizó en el aeropuerto de Toluca, la propia Presidente al ser cuestionada al respecto, no supo explicar de qué se trataba, para finalmente, dos días después, aclarar que el arribo del avión norteamericano hércules se trataba de un acuerdo suscrito en el mes de octubre pasado, con nuestros vecinos sobre la capacitación para los marinos de la armada de México.
El Gobierno de México envió el martes de esta semana, a 37 presos mexicanos a Estados Unidos que pertenecen a diversas organizaciones criminales, con estos ya suman 92 los mexicanos acusados de narcotráfico que son enviados a las cárceles norteamericanas para ser juzgados allá. Una vez más sin procedimiento de extradición nuestro país expulsa a narcotraficantes detenidos en las cárceles mexicanas, con la justificación del Secretario García Harfuch “La acción se ejecutó conforme a la Ley de Seguridad Nacional y bajo mecanismos de cooperación bilateral, con pleno respeto a la soberanía nacional”.
Esta acción más el envío de tropas militares a la frontera norte para reforzar el combate contra los narcotraficantes se desarrollan en preparación a la reunión bilateral en materia de seguridad que se llevará a cabo en febrero próximo en Washington, según acordaron el canciller mexicano Juan Ramón de la Fuente y el Secretario de Estado norteamericano Marco Rubio. Estas acciones no serán suficientes para las exigencias de Estados Unidos, ya que saben perfectamente que si no se corta el flujo de los recursos financieros y las alianzas del crimen organizado con los diferentes niveles de gobierno y políticos, el crimen organizado seguirá traficando drogas y causando muertes.
Por su parte Donald Trump no dejará de presionar a México, porque necesita una acción contundente ante los ojos de los ciudadanos norteamericanos, sobre todo porque en noviembre serán las elecciones de medio término en donde se elegirán a los representantes de la Cámara del Congreso Norteamericano, y según las encuestas su nivel de aceptación ha bajado hasta tener solamente el 30% de aprobación de los ciudadanos, con lo que estaría ante la posibilidad de perder la mayoría republicana en el Congreso.
Por lo que hace a las tensiones internas en México, los desacuerdos al interior de Morena y la amenaza de ruptura entre los diferentes grupos se hace más evidente cada día, y la Presidente no tiene la suficiente fuerza política para llamar a la unidad dentro de su partido y, al igual que lo hizo Lázaro Cárdenas con Plutarco Elías Calles, la Señora Sheinbaum tendrá que sacudirse de encima a su antecesor y empezar a gobernar por sí misma.
En el Congreso en ambas cámaras se percibe una ruptura de Morena con sus partidos aliados, el PT y el PVEM provocada por las discusiones de la reforma a la Ley electoral al pretender desaparecer las diputaciones y senadurías plurinominales, que posibilitan a los partidos minoritarios tener presencia en el Congreso, y al proponer la reducción de los recursos financieros a los partidos no solo se pone en riesgo la permanencia de los partidos sino que se propicia aún más, que obtengan recursos de procedencia ilícita.
De aprobarse la nueva Ley se pondría en grave peligro la democracia en México ya que nuevamente quien gobierna organizará las elecciones hará los conteos de votos y declarará los triunfos, al estilo del México de Santa Ana y Porfirio Díaz, sin la posibilidad que haya una alternancia en el poder. Los legisladores de la oposición han bautizado esta ley como la Ley Maduro, porque tal pareciera que es una copia de la ley electoral que promulgó maduro en Venezuela para perpetuarse en el poder.
A un año y medio de las elecciones intermedias debemos preocuparnos y realizar acciones para promover el voto para que con un mínimo de abstencionismo las elecciones puedan cambiar la configuración de la mayoría en la Cámara de Diputados.
Como ciudadanos nos corresponde seguir pendientes de la evolución de este proyecto de reforma a la ley electoral y finalmente considerar a estos partidos “aliados” de Morena como un atisbo de contrapeso que urgentemente necesita el país para equilibrar el poder omnímodo que tiene actualmente Morena.