La propuesta de reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum aún no se ha presentado formalmente, pero el debate público ya se adelantó a los hechos. En la primera quincena de enero, los rumores, las filtraciones interesadas y las descalificaciones preventivas han dominado la discusión. Tres ejes concentran las especulaciones: la autonomía y atribuciones del Instituto Nacional Electoral; el financiamiento público de los partidos políticos; y la eventual eliminación o reducción de diputados y senadores plurinominales. Sin texto, sin diagnóstico compartido y sin objetivos claros, la oposición ya condenó la iniciativa, mientras que el Partido del Trabajo ha condicionado su respaldo a que no se avance en la desaparición de los plurinominales y en la disminución del financiamiento público.
En medio de este ruido político, la pregunta correcta no es qué artículos se modificarán, sino para qué una reforma electoral en este momento. Plantearla así obliga a abandonar los lugares comunes. El argumento de la austeridad, por sí solo, es insuficiente para justificar un cambio de reglas tan delicado. Con el marco electoral vigente, Morena obtuvo su registro, ganó la elección presidencial de 2018 y refrendó su mayoría en 2024. La presidenta Sheinbaum llegó al poder con una legitimidad amplia, incuestionable, y con un respaldo social mayoritario al proyecto de transformación que encabeza junto con el Partido del Trabajo y Partido Verde Ecologista de México. No hay crisis de representación ni colapso del sistema electoral que obligue, por urgencia, a una cirugía mayor.
Por ello, una reforma electoral no puede justificarse como respuesta a un problema inexistente. Hacerlo implicaría correr el riesgo de construir un conflicto artificial, donde hoy no lo hay. La autonomía del INE, más allá de críticas válidas a su desempeño, sigue siendo uno de los pilares de estabilidad política del país. El financiamiento público, aunque excesivo y perfectible, ha servido para evitar la captura de los partidos por intereses privados. Y los plurinominales, aun con sus distorsiones, cumplen una función de representación de minorías que no puede eliminarse sin un rediseño integral del sistema. La existencia de diputados y senadores plurinominales no es una graciosa concesión del poder, ni un nicho de poder para las burocracias, es una herramienta que ha permitido al Estado mexicano garantizar gobernabilidad y sobre todo, paz social.
La pregunta, entonces, debe responderse con precisión política y responsabilidad histórica. ¿Para qué la reforma electoral? Si la respuesta es fortalecer la legitimidad democrática, ampliar la confianza ciudadana y mejorar la calidad de la representación, el debate será necesario y saludable. Si, en cambio, el objetivo es sólo enviar señales simbólicas de austeridad o capitalizar políticamente el desgaste de la oposición, el efecto puede ser exactamente el contrario: erosionar consensos, abrir frentes innecesarios y debilitar, sin razón de fondo, al propio bloque gobernante. En democracia, reformar por reformar suele salir caro.
Eso pienso yo, usted qué opina. La política es de bronce.
@onelortiz