En 2019, Josefa González-Blanco solicitó retrasar el vuelo AM-198 de Aeroméxico durante 38 minutos para poder abordarlo. Si su gestión como secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales ya acumulaba críticas, este incidente con un avión comercial precipitó su renuncia ante el escándalo generado.

Sin embargo, González-Blanco fue designada posteriormente en la Embajada de México ante el Reino Unido, donde sumó denuncias por malos tratos, acoso laboral e incluso festejos en la sede diplomática. De ese cargo salió para ser relevada por otra figura polémica: el exfiscal general de la República Alejandro Gertz Manero.

Este último protagonizó un escándalo al utilizar la institución para fines personales al encarcelar a la hija de la pareja de su hermano. Alejandra Cuevas Morán permaneció más de un año en prisión hasta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió un amparo para su excarcelación inmediata.

Aquel episodio no frenó las controversias sobre el entonces fiscal. Las más recientes incluyen acusaciones por filtración de expedientes a la prensa; la última de ellas, relacionada con el caso de Raúl Rocha Cantú, agotó la paciencia de la administración federal, que decidió su traslado a una embajada.

Ambos casos estuvieron rodeados de críticas en columnas y redes sociales, pero no tuvieron consecuencias jurídicas ni supusieron un alejamiento real de la estructura de poder.

En enero de 2026 trascendió la compra de nueve camionetas blindadas para los ministros de la Suprema Corte. Estos funcionarios llegaron a sus cargos bajo la bandera de la reforma al Poder Judicial, con promesas de austeridad y de ser «diferentes a los de antes».

El rechazo social ante tal contradicción obligó al presidente de la Corte, Hugo Aguilar Ortiz, a anunciar la devolución de los vehículos. No obstante, esto fue solo el inicio de un periodo crítico para el organismo: la prensa reveló el costo de 1.5 millones de pesos por una ceremonia de «purificación», la compra de togas a precios inflados —26 000 pesos cada una, el doble de su valor comercial— y gastos excesivos en alimentación que superan los 330 millones de pesos. Pese a ello, la institución opera sin mayores sobresaltos.

Por otro lado, Andrés Manuel López Beltrán, secretario de Organización de Morena e hijo del expresidente López Obrador, fue captado vacacionando en un hotel de lujo en Tokio. Se difundieron facturas de cenas de 30 000 pesos e imágenes suyas en tiendas exclusivas. Su respuesta fue denunciar un supuesto espionaje y justificar el viaje tras «extenuantes jornadas de trabajo».

El debate público ha cuestionado la brecha entre su salario partidista y el costo de su travesía, además de sus magros resultados electorales en Coahuila y Veracruz. Sin embargo, López Beltrán permanece en su puesto, emulando la conducta de su hermano José Ramón, también visto en zonas comerciales de lujo en Houston.

La constante es clara: personajes polémicos que prosperan al amparo del partido en el poder, inmunes a la condena pública. Un caso similar es el de Adán Augusto López Hernández, cuya gestión en Tabasco estuvo marcada por la detención de su entonces secretario de Seguridad, Hernán Bermúdez Requena, vinculado al grupo criminal La Barredora. Pese a las investigaciones y su cercanía con Bermúdez, el ahora senador solo ha visto mermada su influencia al dejar la coordinación de su bancada para realizar «trabajo territorial».

Cabe preguntarse de qué magnitud debe ser el escándalo para que Morena exija responsabilidades reales. No se trata solo de protección institucional para salvaguardar la imagen del partido, sino de un ejercicio de cinismo e impunidad que desafía a la ciudadanía.