El primer fin de semana de febrero ha dejado al descubierto las profundas fisuras que atraviesan la estructura de Morena. Dos hechos aparentemente aislados, pero unidos por presuntas vinculaciones con el crimen organizado, han sacudido la escena política nacional, erosionando aún más la ya debilitada credibilidad del proyecto de la 4T y confirmando los peores temores sobre la penetración de la delincuencia.

El 31 de enero, la violencia irrumpió en Colima. Familiares cercanos a Mario Delgado, Secretario de Educación Pública y uno de los operadores políticos de Morena —responsable de campañas clave y señalado en investigaciones periodísticas por manejar financiamiento vinculado al huachicol— fueron asesinados. Este evento es un mensaje. En el lenguaje del crimen organizado, los ataques a familiares son una táctica de presión, intimidación o ajuste de cuentas que sugiere una relación previa, ya sea de confrontación o de complicidad fracturada.

Apenas veinticuatro horas después, el 1 de febrero, la crisis escalaba. Adán Augusto López, senador, exsecretario de Gobernación y “casi hermano” de López Obrador, presentó su renuncia a la coordinación de la bancada de Morena en el Senado. Su salida se produce después de meses de señalamientos y reportes de inteligencia sobre su cercanía con grupos criminales. La gota que derramó el vaso fue la acusación formal contra uno de sus colaboradores más cercanos durante su gubernatura, señalado como presunto líder de “La Barredora”. La renuncia, presentada como una oportunidad para trabajar desde tierra para 2027, no logra disipar la nube de sospecha que se extiende sobre su persona y sobre el núcleo duro del lopezobradorismo.

Estos episodios son síntomas de un patrón estructural. Forman parte de señalamientos que vinculan a una alarmante cantidad de morenistas con el crimen organizado, como en los siguientes ejemplos:

En Sinaloa, Rubén Rocha Moya ha enfrentado cuestionamientos por el homicidio de Héctor Melesio Cuén, por su enfoque ante la violencia y por omisiones en el combate a los cárteles, además de las acusaciones directas de funcionarios de su propio partido.

Indira Vizcaíno Silva, de Colima, gobierna una entidad que se ha convertido en epicentro de la violencia, con cuestionamientos constantes sobre la infiltración del crimen en las instituciones locales, contexto que hace aún más grave el asesinato de los familiares de Delgado.

Marina del Pilar Ávila, de Baja California, también ha sido objeto de reportes que sugieren la interferencia de grupos delictivos en la política de su estado. No es gratuito que los Estados unidos le hayan retirado la visa.

Cuando la sombra de la delincuencia organizada se proyecta sobre gobiernos estatales, alcaldías y sobre el círculo íntimo morenista, se refuerza la credibilidad de Donald Trump, quien ha calificado repetidamente a México como un país donde el crimen organizado ejerce el control político.

Frente a esta crisis de legitimidad, el gobierno federal se encuentra atrapado en una contradicción. Sheinbaum pregona una férrea “soberanía” frente a la injerencia extranjera, pero su profunda dependencia económica y comercial con Estados Unidos la obliga a una sumisión práctica. Para aligerar las presiones de Trump, que prioriza el discurso de la “ley y el orden”, el gobierno mexicano realiza malabares: envía a decenas de reos sin el debido proceso de extradición y ofrece capturas espectaculares, pero efímeras, como un teatro para mostrar “avances” en una guerra que, por los indicadores, se está perdiendo.

Esta doble moral es desnudada por analistas como Federico Berrueto, quien afirma que la soberanía mexicana se ha reducido a “la soberana decisión de obedecer”. Dos ejemplos: el envío de petróleo a Cuba que ha suspendido la presidenta Sheinbaum, tras décadas de una política exterior que protegía a Cuba del bloqueo y la entrega de más de un centenar de presuntos criminales a Estados Unidos, con lo que la “cooperación” se ha transformado en complacencia.

El corazón del problema radica en la estrategia de poder de Morena. En su ambición desmedida, ha adoptado un pragmatismo corruptor. Se ha aliado, tácita o explícitamente, con poderes fácticos, muchos de ellos vinculados al crimen organizado, para asegurar victorias electorales. Su puerta está abierta a cualquiera, sin importar su historial de corrupción o ambición desmedida, con tal de sumar bajo su sigla. Esta “coalición de intereses” lo ha convertido en un vehículo sin rumbo ideológico, más allá del mantenimiento del poder y la lealtad al expresidente y a su sucesora.

Frente a este panorama desolador, la oposición —representada por el PAN, el PRI, algunas organizaciones nacionales y partidos locales— enfrenta un desafío histórico y una responsabilidad patriótica. Está llamada a trascender sus diferencias mezquinas y unirse en torno a un proyecto de rescate nacional democrático. El objetivo es claro: ganar la mayoría en la Cámara de Diputados en 2027 y la Presidencia en 2030.

Para lograrlo, no basta con denunciar los fracasos de Morena. Se debe articular una alternativa creíble que priorice el Estado de Derecho, seguridad, crecimiento económico inclusivo y la reconstrucción de las instituciones autónomas; denunciar con pruebas y sin ambages la colusión entre el crimen y el poder político, apoyando a periodistas y organizaciones que investigan estos nexos y fortalecer una agenda común que ponga por delante los intereses de México sobre los de partido.

Si la oposición no se pone a trabajar de manera seria, coordinada y estratégica, no podrá detener la máquina de demagogia, populismo y destrucción institucional que Morena ha perfeccionado. Un gobierno que ha desmantelado los contrapesos, domesticado al INE y dominando al Poder Judicial, tiene todas las herramientas para manipular las elecciones de 2027, ignorando la verdadera voluntad ciudadana. Ese fin de semana desastroso es una advertencia urgente. El tiempo para organizar la defensa de la democracia mexicana, antes de que sea irreconocible, se agota rápidamente. El llamado es a la acción, a la unidad y a la reconstrucción de un país que no puede permitirse sucumbir a la sombra del crimen y la complicidad.