Cuando se escribe la historia del crimen organizado en México, hay fechas que marcan un antes y un después. El abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, es una de ellas. Pero para dimensionar correctamente lo ocurrido, es necesario alejarse del triunfalismo fácil y situarlo en su justa perspectiva: la de una guerra larga, compleja y que está lejos de terminar.
Para entender la magnitud del monstruo al que se ha lastimado, conviene recordar un dato que publicó El Universal en 2022 donde reveló que, de los 2 mil 471 municipios que hay en México, en mil 198 se enlista, por lo menos, el nombre de un cártel, banda criminal o célula delictiva. Traducido a territorio, esto significa que en el 75% del suelo mexicano se tenía registrada la presencia de algún grupo delictivo.
De 2022 y hasta este domingo, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) experimentó un crecimiento exponencial, amparado por la estrategia de “abrazos, no balazos”. El cártel no solo consolidó sus bastiones históricos en Jalisco, Colima y Michoacán, sino que tejió una compleja red de alianzas con organizaciones regionales y locales hasta llegar a dominar, o al menos disputar prácticamente todo el territorio nacional.
La caída de “El Mencho” en un operativo que también costó la vida a varios de sus lugartenientes más cercanos, es un golpe de enorme relevancia táctica y simbólica. Sin embargo, para entender su verdadera dimensión, es imprescindible entender las coordenadas políticas que lo hicieron posible.
La llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos es el factor que obligó a la presidenta Claudia Sheinbaum a pasar de la simulación a la acción. A fuerza de amenazas arancelarias, Trump convenció al gobierno mexicano de mover sus fichas: primero con la entrega de reos buscados por aquel país y luego con la detención de personajes de poca monta, como el presidente municipal de Tequila, Jalisco. El operativo contra “El Mencho”, en el que la propia Casa Blanca confirmó haber proporcionado “apoyo de inteligencia”, es la consecuencia más visible de esta presión.
Sin embargo, Trump sigue dudando de la voluntad real de nuestro gobierno. Mientras su vocera, Karoline Leavitt, publicaba en X que el presidente “elogió y agradeció” a los militares mexicanos, y el subsecretario de Estado, Chris Landau, calificaba la acción como “un gran avance”, Trump salió este lunes a pedir a México que “redoble sus esfuerzos contra los cárteles y las drogas”. En la misma línea, el congresista republicano Dan Crenshaw recordó que, aunque es motivo de celebración, “no es victoria”.
Una de las reacciones más inquietantes ha sido la capacidad de respuesta del CJNG. Inmediatamente después de conocerse la muerte de su líder, células del cártel y grupos afiliados desataron una oleada de acciones terroristas como narcobloqueos, quema de vehículos, negocios y ataques contra autoridades en al menos 20 estados de la República.
Esto refleja una penetración territorial que no se desvanece con la muerte de un líder. El CJNG no es una estructura piramidal vertical, sino una franquicia criminal con mandos intermedios, aliados regionales y células autónomas que operan bajo su marca. Esos mandos, que ordenaron los ataques del domingo y los que pudieran venir, existen, operan y son perfectamente conocidos por las agencias de inteligencia mexicanas y estadounidenses. Ahora veremos si el gobierno de Sheinbaum tiene la determinación para ir también por ellos, o si todo queda en un golpe espectacular pero aislado.
La muerte de “El Mencho” abre un nuevo capítulo en la relación México-Estados Unidos, particularmente en materia de seguridad. Ante la evidente y ahora reconocida participación de Washington, deberíamos dejar de invocar la soberanía como un escudo retórico para encubrir la inacción o, peor aún, la complicidad. La soberanía no es un cheque en blanco para que los criminales operen a sus anchas; es la capacidad real de un Estado para imponer el orden en su territorio y proteger a sus ciudadanos.
Un problema de las dimensiones del narcotráfico, requiere forzosamente de la colaboración respetuosa, pero firme y profunda, de todos los países involucrados. Las amenazas de Trump sobre nuevos aranceles no deben traducirse en sumisión o entrega de soberanía, pero la responsabilidad de otorgar seguridad a los mexicanos sí debe traducirse en una acción contundente y coordinada para recuperar el control de un territorio que, es justo decirlo, fue abandonado, cedido y entregado a las organizaciones criminales durante el gobierno de López Obrador.
En este complejo tablero, una mención aparte merece Omar García Harfuch. Hombre formado en un hogar con los valores del México del siglo pasado —nieto del general Marcelino García Barragán, que fuera secretario de la Defensa e hijo del comandante Javier García Paniagua, legendario director de la Dirección Federal de Seguridad—, Harfuch ha demostrado en esta y otras acciones una capacidad operativa y una entrega poco comunes. Pero su verdadera prueba estará en capitalizar este golpe, evitar que la violencia se desborde en la lucha por la sucesión dentro del CJNG y, sobre todo, mantener el impulso para desmantelar lo que queda de la organización.
El abatimiento de “El Mencho” es el golpe más importante al crimen organizado en México desde la captura de Joaquín “El Chapo” Guzmán. Pero mientras el cártel siga operando, mientras sus mandos medios sigan libres y mientras la demanda de drogas en Estados Unidos y la corrupción en México —incluyendo a gobernadores, presidentes municipales y funcionarios ligados al crimen organizado— sigan siendo los motores que alimentan esta guerra, cualquier celebración será prematura. La guerra contra el narco no se gana con una batalla. Se gana en el largo plazo, con inteligencia, coordinación y, sobre todo, con la voluntad política de no volver a soltar el paso.