Durante años, la izquierda mexicana construyó su discurso crítico señalando los vicios del sistema: la sobrerrepresentación, el dispendio en campañas, la falta de legitimidad de las instituciones. Denunciaban, con razón, los abusos del partido hegemónico. Hoy, desde la comodidad del poder, la presidenta Claudia Sheinbaum impulsa una reforma electoral cuyo contenido al momento de escribir estas líneas apenas delineó.
En respuesta a la falacia de que el “pueblo que exige esta reforma”, desde la Agrupación Política Nacional México Nuevo, que también es parte del pueblo mexicano, hemos hecho sugerencias sobre temas urgentes en las leyes electorales. Les comparto nuestras reflexiones:
La excusa de la 4T para justificar su reforma es que las elecciones cuestan demasiado, que el INE es un elefante burocrático que devora el presupuesto. Es una mentira que no resiste el menor escrutinio, porque el costo de la democracia no es un gasto suntuario: es una inversión en certeza, en paz social, en legitimidad.
México está por debajo del promedio latinoamericano en costo por elector. Países con democracias consolidadas como Costa Rica o Uruguay invierten proporcionalmente más en sus sistemas electorales y nadie lo cuestiona como un lujo. Lo que realmente molesta a Sheinbaum no es el gasto, sino tener enfrente a un árbitro independiente. Un árbitro que ha demostrado hasta hace muy poco ser capaz de organizar elecciones complejas, contar voto por voto y, sobre todo, resistir las presiones del poder político.
Si algo resulta escandaloso en los avances de esta reforma es su silencio sobre el problema más grave que enfrenta la democracia mexicana: la infiltración del crimen organizado. En un país donde el narco ha cooptado municipios enteros, asesinado candidatos y definido resultados electorales, la propuesta de Sheinbaum ignora por completo la variable de la seguridad y la ilegalidad en las campañas.
Mientras la obsesión gubernamental se centra en desaparecer a los legisladores plurinominales no hay ni una sola línea sobre cómo evitar que los cárteles impongan candidatos. Nada se dice sobre fortalecer la fiscalización del dinero ilícito que inunda las campañas, especialmente en los municipios y estados donde el crimen organizado opera como un poder fáctico.
La reforma propuesta no protege al votante del narco, solo protege al partido en el poder de tener contralores independientes. Porque un INE débil, sin capacidad de fiscalización en tiempo real, es el mejor aliado para que el dinero sucio fluya sin ser detectado.
El corazón de la reforma, sin embargo, no es el ahorro ni la lucha contra el crimen sino la reingeniería política para garantizar mayorías absolutas. Desaparecer las listas plurinominales y reducir el Senado no busca eficientar el Congreso: busca borrar a la oposición del mapa institucional.
En un sistema presidencialista como el mexicano, el Senado y los diputados plurinominales cumplen una función esencial: son diques de contención que obligan al diálogo y al consenso. Los legisladores de representación proporcional, al no depender de un distrito específico ni de un cacique local, tienen mayor libertad para votar según su conciencia o los intereses nacionales. Son, en muchos sentidos, la garantía de que las minorías tengan voz.
Al reducir el número de representantes y centralizar la elección, se facilita que un partido con una victoria ajustada —o incluso minoritaria en votos, como ya ha ocurrido— obtenga mayorías absolutas en el Congreso. Es la consolidación de la sobrerrepresentación llevada a su máxima expresión. Lo que se vendió al público como una cruzada contra los “diputados fantasmas” termina siendo la fórmula perfecta para que el partido en el poder modifique la Constitución a su antojo, sin necesidad de negociar con nadie.
No se puede tener elecciones limpias sin personal capacitado. Adelgazando al INE y quitándole presupuesto se busca que el árbitro llegue débil, tarde y con pocas herramientas. Que no pueda investigar, que no pueda sancionar, que no pueda organizar con certeza. Porque una elección con dudas sobre su organización es una elección que puede ser impugnada, y una elección impugnada es una elección que puede ser controlada desde el poder. La historia reciente de América Latina está llena de ejemplos de cómo los gobiernos autoritarios comienzan por desmantelar la institucionalidad electoral. Venezuela, Nicaragua, Bolivia: en todos los casos, el primer paso fue controlar al árbitro.
El aspecto más triste de esta reforma es la hipocresía política que representa. Hoy, quienes gobiernan reproducen con creces los vicios que combatieron durante décadas. Denunciaban la sobrerrepresentación del PRI y hoy buscan mecanismos para sobrerrepresentarse aún más. Criticaban el dispendio electoral y hoy utilizan la austeridad para intentar desmantelar la institucionalidad. Señalaban las campañas anticipadas y llegan a la presidencia después de una campaña anticipada durante cinco años, utilizando recursos públicos, programas sociales y conferencias matutinas como plataforma electoral.
La reforma de Sheinbaum no busca elecciones más baratas, sino más dóciles. No busca un Congreso más representativo, sino más sumiso. No busca combatir al narco, sino debilitar a quienes podrían investigar su infiltración. Busca que el único poder que cuente sea el Ejecutivo, que las mayorías sean automáticas y que los contrapesos desaparezcan.
Es vital recordar que la democracia no es un lujo que podamos adelgazar para ahorrar unos pesos. Es el único dique contra la autocracia, la única garantía de que nuestra voz valga algo más que el dedazo de un gobernante.
Lo que está en juego con esta reforma es si México seguirá siendo una democracia o si aceptaremos, con la excusa del ahorro, que el poder se concentre sin control. La historia nos juzgará por lo que hagamos hoy, no por lo que prometieron ayer.